La Cámara de Diputados aprobó este miércoles en general la reforma de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (CJPPU) con los votos a favor del Frente Amplio (FA), el Partido Nacional (PN), el Partido Colorado (PC) y el Partido Independiente (PI) y los votos en contra de Cabildo Abierto e Identidad Soberana.
Tal y como estaba previsto el oficialismo no obtuvo los votos suficientes para aprobar los artículos que imponían un incremento de la tasa de aportación -de 18,5% a 22,5%- para los activos y un nuevo impuesto -de entre 2% y 11%- para los pasivos. Ambos temas, que constituyen el “corazón” de la reforma, quedaron pendientes para la Cámara de Senadores, que a partir de este jueves empezará a tratar el proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo.
El diputado del FA Joaquín Garlo fue el encargado de abrir la discusión este miércoles en el plenario de la cámara baja. De entrada, hizo un breve racconto de la historia de la CJPPU y rechazó la idea de que el subsistema previsional haya surgido “como un intento de obtener beneficios de privilegio por parte de los profesionales”.
Luego, Garlo abordó las causas que provocaron la crisis actual que atraviesa la CJPPU, que, sin una reforma, no podría pagar sus obligaciones a partir de julio. El diputado frenteamplista mencionó el efecto de “los cambios demográficos” y “los cambios en el mundo del trabajo”: “El ejercicio profesional cambió sustancialmente en los últimos años, pasando de un ejercicio más típicamente liberal a uno más mediado por la relación de dependencia”.
También señaló que actualmente el cálculo del sueldo básico jubilatorio que realiza la CJPPU tiene en cuenta sólo los tres últimos años de aportes, lo que, “además de insostenible”, aleja a los profesionales “del conjunto de los trabajadores del resto de la sociedad”. Apuntó que el instituto previsional tiene “un desequilibrio entre lo aportado y lo recibido en la etapa de retiro”, con pasivos que reciben “entre dos y tres veces lo que aportaron a lo largo de su vida activa”.
En cuanto a la reforma elaborada por el gobierno, Garlo sostuvo que el aumento de la tasa de aportación “es indispensable para equilibrar la relación actuarial de las prestaciones”. No obstante, indicó que el proyecto incluye la posibilidad de que los activos reduzcan la tasa de aportación “en función de la mejora de los resultados financieros de la caja”.
En la última versión del proyecto del Ejecutivo, a la que tuvo acceso la diaria, se facultaba al Poder Ejecutivo a disminuir la tasa de aportación “hasta dos puntos porcentuales”, siempre y cuando las reservas financieras de la caja “superen el 50% del presupuesto anual estimativo del total de prestaciones, gastos de funcionamiento e inversiones y se proyecte el mantenimiento de dicho nivel de reservas para los siguientes tres años”.
Con relación al nuevo impuesto para los jubilados, Garlo dijo que esta medida “no se basa en un prejuicio, sino en la necesidad de corregir un grave desequilibrio actuarial”, y destacó que en el tratamiento que tuvo la reforma en la comisión especial de Diputados hubo “una reducción de cuatro millones de dólares promedio anual en la recaudación por esta fuente de ingreso”, que “se cubre a través del aporte de Rentas Generales”.
La discusión sobre los activos
Luego de la intervención de Garlo tomó la palabra el diputado del PN Pedro Jisdonian, quien, en primer lugar, cuestionó la postura que tuvo el FA en 2023, cuando, junto con Cabildo Abierto, bloqueó la reforma de la CJPPU que había presentado el gobierno de Luis Lacalle Pou. “Si en ese entonces se hubiera votado ese proyecto, hoy no estaríamos en esta situación de incertidumbre y urgencia”, afirmó.
El diputado del PN aseguró que el aumento de los aportes propuesto por el oficialismo “va a generar que muchos profesionales hagan declaración de no ejercicio o eventualmente se bajen de categoría, lo que va a implicar menores ingresos para la caja”. Con relación a la nueva escala de categorías, que según el oficialismo permite la opción de seguir aportando por el mismo monto, Jisdonian sostuvo que “los que están en la categoría uno y dos, que son el 45% de los profesionales que aportan en la caja, no tienen esa alternativa”.
A su turno, el diputado del PC Conrado Rodríguez identificó “algunas contradicciones” entre la solución que presentó el gobierno y el discurso que tuvo el FA en la última campaña electoral. “Nos dijeron que volver a la causal mínima a los 60 años era posible y lo que viene en este proyecto es la suba de la edad jubilatoria mínima a 65 años, con una transición que llega a los 65 años de forma mucho más acelerada que lo que establece la Ley 20.130; para mí es una contradicción”, expresó.
En línea con Jisdonian, Rodríguez advirtió que una nueva suba de la tasa de aportación provocará una mayor cantidad de declaraciones de no ejercicio, sobre todo porque esto se daría “en el contexto que tiene la caja, que es una situación de incertidumbre y falta de confianza”. “Hay que utilizar el ingenio para buscar otras fuentes de financiamiento para que los profesionales que están aportando sigan aportando y para que otros [profesionales] que están afuera del sistema decidan aportar a la caja”, afirmó el diputado del PC.
Contrariamente a lo señalado por los diputados opositores, la diputada frenteamplista Sol Maneiro remarcó que lo que se propone es un “incremento similar” al del proyecto propuesto en 2023 por el gobierno de Luis Lacalle Pou. Según recordó, en aquel momento la propuesta de incremento de los activos llegaba al 19%, pero a su vez preveía que quedara establecida la “autorización” del directorio de la CJPPU para “aumentos posteriores” que -eventualmente- podrían llegar a 22,5%.
“El uso de esta autorización se daba prácticamente por descontado por parte de las autoridades del momento”, enfatizó Maneiro. En esa línea, remarcó que “no se entiende“ cómo “quienes hace dos años veían a esto no sólo como posible, sino esperable”, ahora “reniegan” de “manera enfática” de un aumento del aporte en los mismos términos.
Sobre la posibilidad de que el ajuste pueda llevar al aumento de la declaración de no ejercicio, Maneiro explicó que la propuesta del Ejecutivo prevé una “barrera de contención” que directamente brinda la posibilidad de mantener el “mismo monto de aportación” que se tenía “hasta el momento”. Según explicó la diputada, por el contrario, esta menor aportación se vería contrarrestada por “un cálculo menos favorable” en la jubilación futura.
La discusión sobre los pasivos
El diputado del FA Bruno Giometti sostuvo que, para que sea “lo más justa y lo más equilibrada posible”, la salida a la crisis de la CJPPU “debe incluir aportes más o menos similares” por parte de los activos, los pasivos y el resto de la sociedad que no forma parte del subsistema previsional. Señaló que en el proyecto del oficialismo 42% y 31% de la carga de la reforma recae sobre los activos y los pasivos, respectivamente, y 27% corresponde a Rentas Generales y a ingresos por concepto de timbres. “No creemos que haya una solución que permita evitar cualquier tipo de aporte adicional de los pasivos y de los activos sin que la solución termine recayendo en el conjunto de la sociedad; por eso hablamos de equilibrio”, subrayó Giometti.
Por el contrario, el diputado del PN Pablo Abdala cuestionó la “ilegitimidad mayúscula” de los artículos que marcan un nuevo impuesto a los jubilados. Citando al profesor César Pérez Novaro, experto en derecho tributario, Abdala advirtió sobre la eventual inconstitucionalidad de la medida al gravarse “dos veces la misma cosa, es decir, el mismo hecho generador, la misma base de cálculo”. Asimismo, el diputado del PN señaló que este nuevo impuesto “es más gravoso que el propio IASS [impuesto de asistencia a la seguridad social]”.
En tal sentido, el diputado del PC Adrián Juri resaltó que “los jubilados [de la CJPPU] ya están pagando IASS”. “Eso realmente nos cuesta muchísimo, porque ya tributaron toda su vida, hicieron el aporte toda su vida, y hoy, como una forma de 'contribución solidaria', ¿les vamos a recargar las jubilaciones? La verdad es que no estamos para nada de acuerdo con eso y por eso no lo vamos a votar”, expresó Juri. “Yo confío en que el Senado va a tener una madurez más grande que la que tuvimos nosotros”, añadió el diputado colorado.
La colorada Eliane Castro fue más allá y recordó que el presidente de la República, Yamandú Orsi, prometió en el debate de presidenciables desarrollado en noviembre que no iba a “aumentar los impuestos”. Con base en “estas declaraciones también podría decirles a los profesionales universitarios -activos y pasivos- que se queden tranquilos que de prosperar esta propuesta el presidente, cumpliendo con lo que se comprometió, podrá ejercer su derecho al veto”, marcó la diputada.
La negativa total
Cabildo Abierto e Identidad Soberana votaron en contra del proyecto en general. En representación del partido liderado por Guido Manini Ríos, habló en sala el representante Álvaro Perrone, quien adelantó que los profesionales quedarán “expuestos” a “una lucha de poder“ entre las cámaras de Diputados y Senadores.
Remarcó que las votaciones negativas -en particular- sólo sobre algunos artículos por parte del PC y PN termina por “exponer” a sus diputados que en la tercera cámara, luego de que se acuerde en el Senado, no “podrán sostener sus posiciones”. “Los senadores llegarán a acuerdos y van a mandar a sus diputados a hacer lo que ellos dicen”, puntualizó.
En referencia al tema de fondo, Perrone habló de “situaciones de injusticia” y se defendió de las acusaciones -fundamentalmente desde el PN y el PC- que responsabilizaban a su partido por no haber votado el proyecto de salvataje promovido en 2023. Por el contrario, el representante cabildante catalogó de “irresponsables” a quienes tuvieron en el pasado directores en la CJPPU (FA, PN y PC).
Además, cuestionó los cambios de posiciones de todos los partidos con respecto a 2023, teniendo en cuenta que la actual iniciativa es “muy similar” a la que fue propuesta en aquel momento. Por último, indicó que desde CA no se acepta que el “pueblo pague dos veces” por medio de, por un lado, lo aportado por Rentas Generales y, por el otro, lo que representa el incremento en los timbres.
Perrone marcó que su fuerza política “adhiere” a la propuesta realizada por un conjunto de asociaciones y gremios de profesionales que habla de disponer un monto equivalente “a la aportación en categoría 1 de la CJPPU” que salga del aporte que “el trabajador profesional dependiente hoy hace al Banco de Previsión Social y este transfiere a las AFAP”. “Eso sería una fuente genuina de financiamiento”, puntualizó el diputado.
Votación en contra del impuesto a jubilados y a favor de modificaciones paramétricas
Al igual que el aumento de los aportes, el impuesto a los jubilados no fue aprobado en la sesión de este miércoles. En cambio, se sancionó un conjunto de modificaciones paramétricas para determinar los montos de las jubilaciones, como por ejemplo, una etapa de convergencia para considerar los últimos 20 años de cotización y no únicamente los últimos tres. También quedó aprobado un cambio de criterio para ajustar el valor de los timbres profesionales: a pedido de la oposición, los timbres variarán en función del índice medio de salarios y no de una semisuma entre los salarios y la inflación, como había propuesto en primera instancia el Poder Ejecutivo. Del mismo modo, se autorizó a la CJPPU a endeudarse por hasta 2.000 millones de unidades indexadas con una garantía soberana del Estado.
Aportes del Estado y fin de la sesión
La cámara votó afirmativamente un sustitutivo presentado por la oposición para aumentar los aportes del Estado. En el proyecto que salió de la comisión estaba previsto que el Estado aportara por mes 125 millones de pesos, mientras que el sustitutivo aprobado sube este aporte a 220 millones de pesos.
Además, en el proyecto salido de la comisión se incluía para el financiamiento de la caja, a partir de 2026, “una suma igual al 80% del promedio mensual de los montos recaudados por la contribución pecuniaria”, pero al no aprobarse este impuesto la oposición presentó un sustitutivo -que fue aprobado- que establece que deberá verterse a la caja el equivalente a lo recaudado por la paraestatal por concepto del IASS, dinero que hoy se destina al Banco de Previsión Social.
Sobre el final de la sesión, al concluir la votación, el diputado frenteamplista Mariano Tucci dijo que el oficialismo no votó “la ley que nosotros hubiéramos querido”, pero destacó que salió “la mejor ley posible”. Valoró la “responsabilidad de los partidos políticos” y también la “capacidad de diálogo del gobierno nacional”, al tiempo que deseó que el proyecto ”se pueda mejorar” en el Senado.
Por su parte, Abdala consideró que la jornada fue “altamente productiva” y que se construyó con “diálogo y negociación” una solución “consistente” para la caja.
Este jueves se instalará una comisión especial del Senado para tratar la iniciativa, y a las 15.00 recibirá a las autoridades del Poder Ejecutivo. Está previsto que el texto tenga modificaciones y sea tratado en el plenario de la cámara la semana próxima.