El velatorio de José Mujica en el Palacio Legislativo suspendió totalmente el régimen de trabajo de la comisión especial de la Cámara de Diputados que tiene a estudio la reforma de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (CJPPU). La comisión tenía previsto recibir esta semana por segunda vez al directorio de la caja y a una delegación del Poder Ejecutivo, para posteriormente someter a votación el proyecto de ley elaborado por el gobierno en el ámbito de la comisión.
Previo al fallecimiento de Mujica, la bancada del Frente Amplio (FA) pretendía tratar el proyecto con celeridad para que este pase a la Cámara de Senadores y se transforme en ley antes de fin de mes. De hecho, ya está fijada una sesión extraordinaria de la Cámara de Diputados para el próximo jueves 22 de mayo. Sin embargo, el diputado del Partido Nacional (PN) Pablo Abdala, miembro de la comisión, dijo a la diaria que, a su parecer, seguramente “no nos den los tiempos para ya estar prontos el jueves”.
En su última sesión, la comisión recibió a una delegación de la Asociación de Afiliados a la Caja de Profesionales, que propuso varios cambios al proyecto presentado por el Poder Ejecutivo. En un documento que fue entregado a los legisladores, al que tuvo acceso la diaria, la Asociación de Afiliados propone redirigir el impuesto de asistencia a la seguridad social (IASS) que actualmente pagan los pasivos profesionales desde el Banco de Previsión Social (BPS) hacia la CJPPU, “por lo menos, mientras sea deficitaria, como se fundamentó en la ley al ser creada y por ello destinó sus fondos al BPS”.
Asimismo, la Asociación de Afiliados propone que los timbres profesionales se ajusten por el índice de salarios y no mediante una semisuma entre el índice de salarios y el índice de precios del consumo, “y si hubiera voluntad política, algunos puntos más para abatir el enorme desajuste creado desde 2005”.
La Asociación de Afiliados también señala en el documento que con la reforma propuesta “el principal aporte provendrá de los activos y los pasivos”. Señala que, “si la ley comenzara a aplicarse en julio de este año, en el segundo semestre los pasivos aportarían alrededor de 959 millones de pesos, los activos 1.428 y el gobierno 660”.
La oposición propondrá cambios al proyecto
Abdala recalcó que, “así como está”, el PN no acompañará la iniciativa. “Particularmente nos parece de una gran inequidad el segundo impuesto que se pretende instaurar para jubilados y pensionistas, y [además] nos parece de dudosa eficacia el aumento de la aportación de los afiliados activos”, afirmó.
La reforma propuesta por el Poder Ejecutivo establece, entre otras cosas, un nuevo gravamen que deberán pagar los pasivos, que oscilará entre 2% y 12% en función del nivel de ingreso, y un incremento de 18,5% a 22,5% de la tasa de aportación de los activos.
Sobre esto último, Abdala apuntó que “puede llegar a ser regresivo agregar cuatro puntos más a los dos puntos que ya se agregaron extraordinariamente el año pasado”, en referencia a un eventual aumento de las declaraciones de no ejercicio.
En tal sentido, el Poder Ejecutivo argumentó en la comisión que el proyecto incluye la posibilidad de cambiarse a una menor categoría de aportación, de forma tal que “el profesional pueda seguir aportando la misma plata que hasta ahora sin que signifique tener que poner más dinero”.
Fuentes del Partido Colorado (PC) dijeron a la diaria que “ya ha pasado” que ante un aumento de la tasa de aportación haya un incremento de las declaraciones de no ejercicio. “Lo dijo la propia caja: 2024 fue el primer año en la historia de la caja en la que hubo una menor cantidad de altas de activos con respecto a las altas de pasivos, y eso fue fruto de que se subió la tasa de aportes en 2%”, apuntó la fuente del PC.
Los diputados de la oposición que integran la comisión tendrán una reunión este viernes para “ver cuáles son las ideas que generan consenso”, sobre la base de “tratar de aminorar la sobrecarga a los pasivos y analizar el tema de los activos”, señalaron fuentes del PC. El FA tiene los votos suficientes para aprobar el proyecto por sí solo en la comisión, pero en el plenario de la Cámara de Diputados la situación cambia, ya que le faltan dos votos de la oposición para aprobar el proyecto.
A título personal, Abdala sostuvo que “no va a haber solución posible que sustituya el sacrificio que se propone para activos y para pasivos si el Poder Ejecutivo, de una forma u otra, no compromete una asistencia financiera mayor; eso está claro que va a tener que ocurrir”. “Nosotros lo vamos a plantear; veremos en qué montos, veremos de qué forma, pero parece claro que eso va a resultar necesario”, subrayó.
Según la presentación que hizo el Poder Ejecutivo en la comisión, el proyecto prevé un primer aporte desde Rentas Generales equivalente a 110 millones de pesos por mes desde la entrada en vigencia de la ley hasta fin de año; a partir de 2026, la contribución estatal corresponderá a dos tercios de la recaudación que tenga el nuevo gravamen sobre los pasivos, que se estima en 1.250 millones de pesos por año.