El Colegio de Contadores, Economistas y Administradores del Uruguay (CCEAU) organizó este miércoles el evento “Prevención de lavado: el nuevo proyecto y su impacto en la profesión contable”, para el cual recibió a la secretaria nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft), Sandra Libonatti. El gremio concluyó expresando su “preocupación” sobre las modificaciones que incluye el proyecto de ley que remitió el gobierno a principios de junio para la prevención del lavado de activos.

En su declaración, el CCEAU señaló que “el nuevo proyecto de ley introduce cambios sustantivos que complejizan el cumplimiento de las tareas de los sujetos no financieros, como los contadores, y los responsabilizan aún más”. Esto es en referencia a los artículos 12 y 13 del texto, que incluyen en la obligación de colaborar –“brindar información, asesoramiento y colaboración en los aspectos y de la forma en que lo requieran las fiscalías penales intervinientes en las causas vinculadas a lavado de activos y delitos precedentes”– a los contadores públicos “y otras personas físicas o jurídicas que actúen en calidad de independientes” y que participen en la realización de una serie de operaciones o actividades detalladas en la ley.

La presidenta del CCEAU, Cristina Freire, apuntó que la normativa propuesta amplía las “exigencias” para los contadores, a decir: “El archivo de documentación por diez años respecto a la debida diligencia, se bajan umbrales de efectivo y de defraudación tributaria, y se elimina la presunción de bajo riesgo para operaciones bancarizadas”. Para las transacciones en efectivo, el umbral se pretende bajar a unos 40.000 dólares (hoy es de aproximadamente 150.000).

El gremio entiende que los cambios propuestos generan “un mayor volumen de trabajo, especialmente para los pequeños estudios, lo que lleva también a un mayor costo para el profesional”, así como “más personal capacitado y nuevas herramientas de control”. En ese sentido, Freire criticó que “continúan insistiendo” en que los contadores son “sujetos obligados”, lo que, a su entender, “no sería necesario”. “Nos preocupa la efectividad, que sirva para combatir todo lo que se quiere combatir, cuando parecería que fuera más un aspecto burocrático”, agregó.

Para Freire, “el narcotráfico ya está instalado en el país y esta nueva ley no lo ataca directamente. En cambio, fija más controles a los sujetos no financieros, como los contadores, que no tienen las herramientas del Estado para ejercer ese rol”.