El gobierno confirmó este viernes la suspensión por 60 días del régimen de certificaciones médicas en el sector público aprobado por la anterior administración. Según informó la diaria, la suspensión fue acordada días atrás entre autoridades del Poder Ejecutivo y la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE) en el marco de la reunión anual de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en Suiza.

Al término de una reunión con dirigentes de COFE, que tuvo lugar en la Torre Ejecutiva, el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, reconoció en una rueda de prensa que, ante la posibilidad de que el PIT-CNT denunciara al Estado uruguayo ante la OIT, el gobierno resolvió suspender el régimen y establecer “una mesa de negociación” para evaluar “posibles modificaciones a la aplicación de lo que establece la ley”.

El régimen, que fue aprobado a mediados de 2022 –a través de la Rendición de Cuentas, sólo con los votos del entonces oficialismo–, establece un máximo de nueve días al año de licencia médica por cada trabajador. A partir del décimo día, el funcionario público accede a un “subsidio por enfermedad” que equivale al 75% de su salario. La norma incluye algunas excepciones; por ejemplo, ante casos de accidentes laborales o enfermedades profesionales, el subsidio cubre el 100% del sueldo.

Sánchez indicó que el espacio de negociación culminará el 30 de agosto y señaló que la discusión estará “dentro del marco presupuestal, porque esto tiene que ver con aspectos presupuestales”, en referencia al proyecto de ley de presupuesto quinquenal que el Poder Ejecutivo remitirá en las próximas semanas al Parlamento.

“Lo que nosotros creemos es que ningún trabajador o trabajadora tiene que trabajar enfermo”, afirmó el secretario de Presidencia, si bien puntualizó que “también hay que intentar evitar que haya abusos con respecto a esto”.

“Necesitamos tener un marco jurídico que, primero, proteja a los trabajadores, para que no tengan que ser obligados a trabajar enfermos, [porque] nadie debería ser obligado a trabajar bajo enfermedad; el otro mecanismo es evitar a los vivos, que muchas veces mal utilizan las licencias por enfermedad”, manifestó Sánchez.

El secretario de Presidencia señaló que, desde el punto de vista del gobierno, “hay que modificar el decreto” que reglamentó la ley y no la normativa en sí misma. El descuento a partir del décimo día está incluido en la ley. “Veremos, en el marco de la negociación, hasta dónde llegamos”, agregó Sánchez.

COFE pretende la derogación de la ley

Por su parte, el secretario general de COFE, José Lorenzo López, remarcó en una rueda de prensa que el gremio pretende la derogación de la ley y “que se vuelva al régimen anterior”.

COFE ha sostenido que este régimen es inconstitucional, además de injusto, y que obedece a un afán recaudatorio. El régimen no comprende a los funcionarios diplomáticos en el extranjero ni a los jueces, los fiscales y los defensores públicos.

Con todo, López valoró de manera positiva tanto la suspensión del régimen por 60 días como el espacio de negociación que se abrió con el gobierno: “Para nosotros es un paso fundamental lo que acabamos de acordar con el Poder Ejecutivo, que es justamente negociar en igualdad de condiciones”, expresó.

Sobre el fondo del asunto, el secretario general de COFE aseguró que en el sector público “no hay un problema de ausentismo que genere una situación de alarma”. Según el último informe de la Oficina Nacional de Servicio Civil, que se publicó junto con el proyecto de Rendición de Cuentas 2024 actualmente en discusión en el Parlamento, el porcentaje de empleados estatales que se ausentó de su lugar de trabajo por enfermedad al menos un día durante el año pasado fue 53,7%.

De todos modos, López señaló que, “en función de cruzar datos entre los trabajadores que tienen un doble trabajo en la actividad pública y en la actividad privada”, se han detectado “licencias médicas que no correspondían”, ya que “en el BPS [Banco de Previsión Social] aparecía que estaban de licencia médica en la actividad pública y trabajando en la actividad privada”.

López sostuvo que estas situaciones suponen “una estafa al propio compañero de trabajo que tiene que hacer una doble tarea”, y aseguró que COFE está dispuesto a discutir “todo lo que sea para corregir esas situaciones”. También señaló que “todas las licencias –las que corresponden y las que son irregulares– siempre tienen la firma de un profesional”, lo cual “también tiene que estar dentro de lo que se tiene que controlar por parte del Poder Ejecutivo”.