Arim aseguró que el acuerdo alcanzado con el Congreso de Intendentes supone “la mayor transferencia histórica de recursos”

Por unanimidad, el Congreso de Intendentes refrendó este miércoles el acuerdo alcanzado en las últimas horas con el Poder Ejecutivo en relación con las transferencias económicas que el gobierno nacional otorgará a las 19 intendencias del país durante los próximos cinco años. Según el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Rodrigo Arim, se trata de “la mayor transferencia histórica de recursos hacia los gobiernos departamentales”. Esto, sostuvo, “muestra el compromiso” del actual gobierno “con la descentralización y el desarrollo en todo el territorio nacional”. Además del incremento presupuestal, el acuerdo alcanzado conlleva varios cambios en la distribución de los recursos asignados a las intendencias.

El papel de Orsi en la negociación

El abrazo que se dieron el presidente de la República, Yamandú Orsi, y el intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, hace tan sólo un par de semanas, sobre la alfombra roja del Auditorio del Sodre, delante de todas las cámaras de televisión, no pasó inadvertido. Era el lanzamiento del diálogo sobre protección y seguridad social y, a excepción de Cabildo Abierto, no había ningún representante de la oposición.

A contramano de su partido, el nacionalista dijo que asistió al evento porque lo habían invitado en calidad de jefe departamental y, en tal sentido, aseguró que las intendencias tienen “mucho para aportar” en el diálogo social. Un día después, Olivera fue designado presidente del Congreso de Intendentes y asumió la responsabilidad de acordar el presupuesto con la OPP.

Antes de este miércoles hubo por lo menos tres reuniones presenciales, con más y menos avances. En última instancia, los intendentes apelaron al presidente y exintendente de Canelones, quien cerró el acuerdo tras “un regateo final”, según señalaron a la diaria fuentes de la negociación.

Orsi, “el intendente 20”, en palabras de Olivera, reconoció este miércoles en el Congreso de Intendentes que la discusión “fue dura” debido a “algunas cosas que acá se resolvieron y que se siguen cumpliendo”, esto es, la unanimidad. “Acá no se avanza si no hay acuerdo, y cuántas veces estuvimos tentados en levantar la mano y el que gana gana, y el que pierde pierde”, comentó. “Acá se hace política por lo altísimo, no por lo alto”, resaltó el presidente.

A su turno, Olivera sostuvo que el Congreso de Intendentes defendió durante la negociación a “los 19 gobiernos departamentales”, y no sólo a los del interior. Si bien puntualizó que “todo arranque puede tener ciertas complejidades”, en referencia al inicio del gobierno nacional, señaló que “después, durante los cinco años, nosotros somos los que estamos en nuestros territorios dando respuestas a aquellas cosas que son nuestra competencia y también a aquellas cosas que no son nuestra competencia”.

Olivera afirmó que “muchas” de las políticas públicas del gobierno nacional “son muy difíciles de aterrizar si no se aterrizan a través de los gobiernos departamentales”. “Creo que se llega a un acuerdo que contempla a todas las partes, que es justo y que es posible”, expresó el presidente del Congreso de Intendentes.

¿Qué dice el acuerdo alcanzado entre el gobierno y las intendencias?

En el acuerdo aprobado por el Congreso de Intendentes, al que tuvo acceso la diaria, la principal novedad es la creación del Fondo de Inversiones Estratégicas, que contará con 80 millones de dólares para realizar obras públicas aprobadas por la Comisión Sectorial de Descentralización, ámbito integrado por representantes de los gobiernos departamentales y el Poder Ejecutivo. Unos 45 millones de este fondo, a implementarse entre 2027 y 2029, serán asignados a las intendencias de Montevideo y Canelones; los restantes 35 millones se repartirán entre las otras 17 intendencias.

Asimismo, el acuerdo alcanzado implica una mayor participación de los gobiernos departamentales en la administración del Fondo de Desarrollo del Interior (FDI). A partir de 2026, las intendencias del interior –todas, excepto la de Montevideo– ejecutarán 45% del presupuesto asignado a este fondo; en el período pasado los gobiernos departamentales tenían asignado sólo 40% de este fondo.

En diálogo con la diaria, José Manuel Arenas, coordinador del área de Descentralización de la OPP, explicó que, “en líneas generales, los gobiernos departamentales van a recibir exactamente lo mismo que estaban recibiendo del gobierno anterior”, pero “con un incremento muy sustantivo en dos aspectos”: el Fondo de Inversiones Estratégicas y el FDI.

Arenas indicó que el Fondo de Inversiones Estratégicas de alguna manera reemplaza al Fondo de Asimetrías –que había sido creado en el período pasado, aunque “es mucho más grande”, dado que el Fondo de Asimetrías “era de 250 millones de pesos por año”– y a su vez, “viene a incorporar un fondo espejo para beneficiar a Montevideo y Canelones”, en vista de la eliminación del Fondo Metropolitano durante la anterior administración. El FDI, en tanto, tendrá “un crecimiento de 50 millones de dólares en el quinquenio” a partir de la mayor participación de los gobiernos departamentales.

Por otra parte, ambas partes resolvieron destinar 1.700 millones de pesos a la caminería rural y 400 millones de pesos al alumbrado público. También se definieron nuevos criterios para la distribución del Fondo de Incentivo para la Gestión de los Municipios.

En lo que no hubo novedades fue en la distribución de los recursos transferidos desde el gobierno nacional a las intendencias sobre la base del monto total del presupuesto quinquenal. Según informó Olivera, el Poder Ejecutivo seguirá volcando a las intendencias 3,33% del presupuesto, según las alícuotas acordadas en el segundo gobierno de Tabaré Vázquez.

En una rueda de prensa, Arim indicó que, en total, “estamos hablando de un acuerdo que involucra cerca de 800 millones de dólares anuales de transferencias a los gobiernos departamentales”.

Con respecto al mantenimiento de los criterios de reparto del 3,33%, el director de la OPP dijo que “la forma en que se distribuyen esos recursos está establecida a partir de acuerdos históricos que están vigentes” y que “se van a respetar las alícuotas que estaban establecidas”.

Arim destacó “la calidad institucional” en torno al acuerdo alcanzado. “En un mundo en donde la calidad de los arreglos institucionales está en cuestión en muchos países, el hecho de que Uruguay siga pudiendo alcanzar un acuerdo entre el gobierno nacional y los gobiernos departamentales, que provienen de distintos sectores políticos, es algo a señalar y remarcar”, afirmó.