El prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, concurrió este martes a la Comisión Especial de seguimiento contra el lavado de activos, lucha contra el crimen organizado y transparencia de la Asamblea General para informar sobre el Sistema Integrado de Lucha contra el Crimen Organizado y el Narcotráfico, ante los cuestionamientos de la oposición que indican que esa creación es inconstitucional.

En la reunión, que duró más de cuatro horas, Díaz explicó el alcance del nuevo sistema y contestó las dudas expresadas por la oposición, específicamente por el Partido Colorado (PC) y el Partido Nacional (PN). Estos partidos reiteraron sus cuestionamientos a la iniciativa, ya que consideran que no debió generarse a través de un decreto, sino que debió haber sido impulsada en un proyecto de ley.

También cuestionan el rol de Presidencia en esta nueva estructura, que asumirá la coordinación del sistema que incluye a varios ministerios (Interior, Economía y Educación), además de la Dirección General Impositiva y la Dirección Nacional de Aduanas. Para la oposición, esto va en contra de la Constitución, en tanto por tratarse de una coordinación en el seno de Presidencia se omite el “control parlamentario”.

Acompañado por la directora de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft), Sandra Libonatti, y por Ricardo Gil Iribarne, asesor de Presidencia en estos temas, Díaz expuso en conferencia de prensa y reiteró que, como prosecretario de Presidencia, no está obligado a asistir al Parlamento. “Sin perjuicio de lo cual, es una política de este gobierno actuar con la más absoluta transparencia y cristalinidad”, dijo el jerarca, y aseguró que concurrirá “las siguientes veces” que lo convoquen, porque “no nos vamos a escudar en cuestiones constitucionales”. Asimismo, señaló que hay tres ministros que se pueden convocar.

Díaz aseguró que durante el encuentro se “dialogó con mucha franqueza” sobre dos puntos: el funcionamiento del sistema y el proyecto de ley que el Poder Ejecutivo envió al Parlamento y que está a estudio de la Comisión de Hacienda del Senado sobre el lavado de activos.

“Es necesario retomar esa percepción del riesgo”

Sobre el primer asunto, el jerarca comentó que hizo una descripción general del “estado de situación” en el que se encontró el sistema. En ese marco, señaló que la anterior administración había aprobado la “evaluación de riesgos”, pero no se llegó a aprobar la estrategia nacional, el “plan de acción” contra el lavado. Añadió que ese fue uno de los primeros objetivos asumidos al llegar al gobierno, con la intención de “afianzar y mejorar” el sistema y las capacidades de sus integrantes.

La estrategia finalmente fue aprobada mediante un decreto firmado el 24 de julio, pero fue declarada reservada por Presidencia. El prosecretario dijo que todas las estrategias en esta dirección son reservadas, porque, básicamente, se trata de un “plan de acción contra el lavado de activos y el narcotráfico”. “Lo que no queremos es decirles a los delincuentes cuál es nuestro plan de acción”, dijo, pero aseguró que se dará a conocer un “extracto” el 7 de agosto, cuando se presente formalmente.

Sobre el segundo asunto, Díaz defendió la iniciativa del Poder Ejecutivo sobre el proyecto de ley, destacó los cambios normativos que promueve, como la introducción de nuevos sujetos obligados para perseguir los delitos, la eliminación de la fiscalía de lavado y bajar el límite de las transferencias en efectivo.

“Esperamos su próximo tratamiento y aprobación, sin perjuicio de que los avances normativos son importantes, no son suficientes. Es decir, nosotros somos conscientes de que además de las modificaciones normativas que estamos proponiendo, es necesario que el sistema cambie sustantivamente su funcionamiento”, advirtió.

El gobierno tiene la “impresión” y la “percepción” de que en Uruguay hoy existe un descenso de la percepción del riesgo del lavado de activos, recrudecida durante el último quinquenio. “Es necesario retomar esa percepción para que el sistema pueda funcionar de la mejor manera”, evaluó.

“Se está generando un centro de poder en Presidencia”

Para el diputado nacionalista Pablo Abdala, la instancia “cumplió” en tanto lograron un “sinceramiento” de parte del prosecretario sobre la creación del sistema. Para el legislador, el nuevo organismo “va mucho más allá de la mera coordinación y el mero intercambio de información”. “Creemos que persigue objetivos más ambiciosos, y esta instancia dejó demostrado que la creación de un sistema de estas características debió haber sido aprobado por ley”, apuntó.

El diputado reconoció, de todos modos, que, tras el “reclamo”, Díaz “dijo que estaba de acuerdo” y habló de la posibilidad de que el tema se revise durante el diálogo por la seguridad convocado por el Ministerio del Interior. “Eventualmente, si nos ponemos de acuerdo, podamos introducir modificaciones a este sistema y eventualmente trabajar en algún proyecto de ley”, dijo, y felicitó, “sin vanidad y en el buen sentido del término”, a los partidos de la oposición por generar esta instancia.

“Se estaba generando una unidad operativa y un centro de poder en la Presidencia de la República, que a nuestro juicio reviste peligros absolutamente inconstitucionales”, criticó Abdala, y subrayó que esta creación “sustituía” algunas competencias de Interior sobre la persecución a los lavados de activos, el narcotráfico y el uso masivo de armas. “Por supuesto, [Díaz] intentó justificar esta decisión en términos de que la aspiración era otra, que se buscaba mayor articulación. Ahora, el resultado es mucho más ambicioso que la mera articulación”, puntualizó.

El diputado colorado Adrián Juri dijo que en el Ejecutivo se estaba “concentrando el poder” en estos temas, y comparó esta situación con la “concentración de poder” que tuvo la Fiscalía General de la Nación cuando Díaz era el fiscal de Corte. Consultado sobre si “complejiza” la creación que sea Díaz el que dirija la coordinación, Juri comentó: “Yo no le pondría nombre y apellido, pero tal vez sí”.

Díaz dijo sobre estos puntos que la legislación ya “autoriza” a estos organismos a acceder a la información, pero que lo “único” que se hace con este nuevo sistema es “establecer el vehículo o el camino” para que la información fluya, “garantizando que se haga de forma segura” y “que sólo puedan acceder a aquellos organismos que el legislador autorizó y con la finalidad que el legislador autorizó”.

Sobre el control parlamentario, apuntó que el sistema funcionaría en la órbita de Presidencia, pero está integrado por tres ministerios, cuyos titulares pueden ser convocados. “Además, por si eso fuera poco, obviamente quien coordina ese organismo, aun sin tener la obligación de hacerlo, ha concurrido voluntariamente al Parlamento”.

“De todas maneras, en el marco del diálogo por la seguridad, este será uno de los temas que seguramente la oposición planteará y lo discutiremos. El talante del gobierno es un talante de diálogo, es un talante de conversar, es un talante de hablar, es un talante de encontrar soluciones, es un talante de la mano tendida”, aseguró.

Por otra parte, Abdala puntualizó que están de acuerdo con algunos de los puntos establecidos en el proyecto de ley de lavado de activos, como la persecución de los delitos precedentes o la incorporación de nuevos sujetos obligados, pero marcó diferencias con el “cheque en blanco” que se le otorga a la Senaclaft para “inspeccionar firmas, empresas, organizaciones privadas, que pueda retirar o confiscar documentación sin el más mínimo control previo del Poder Judicial”.