En una sesión que duró más de lo que algunos esperaban, este lunes la Comisión de Ambiente de la cámara baja recibió al presidente de OSE, Pablo Ferreri, y al titular del Ministerio de Ambiente, Edgardo Ortuño, durante casi ocho horas. El motivo de su comparecencia fue la decisión del gobierno de descartar el proyecto Neptuno.

En mitad de la sesión, en un cuarto intermedio, Ortuño dijo en rueda de prensa que brindaron “toda la información documental y la exposición de los técnicos especialistas, que fundamentan la decisión de política pública que adoptó el gobierno”: “Cumplir con el objetivo que ha planteado el presidente de la República [Yamandú Orsi] de asegurar el abastecimiento de agua potable en el área metropolitana”, indicó. Explicó que, para eso, tomaron dos decisiones fundamentales: construir la represa de Casupá y un “conjunto de obras que fortalezca el sistema de abastecimiento”.

Ortuño sostuvo que el plan es que al final del período de gobierno “estén todas las obras construidas, incluida la represa de Casupá, que luego deberá llenarse de acuerdo al régimen de lluvia que haya”. Consultado sobre cuánto implica la inversión, dijo que en conjunto son 350 millones de dólares, que suponen “no sólo el cumplimiento del objetivo de la realización de estas obras, que aseguran el abastecimiento”, sino también “un ahorro significativo con relación a lo que estaba planteado con el proyecto Arazatí”.

Por su parte, Ferreri destacó que el proyecto Neptuno “implicaba la construcción de una planta de agua potable de 200.000 metros cúbicos en la zona de Arazatí”, y esa obra tenía “un costo de 294 millones de dólares”, porque implicaba “la planta, la toma y 80 kilómetros de tuberías”; pero, para poder volcar esa cantidad de agua al sistema metropolitano, requería “obras adicionales por unos 70 millones de dólares”. Subrayó que la construcción de Casupá “baja sensiblemente los costos de la planta”, porque, al estar en el entorno de Aguas Corrientes, “la infraestructura necesaria es mucho menor”.

Ferreri subrayó que hubo “un conjunto de decisiones, que tienen aspectos económicos, técnicos y jurídicos”. Sobre esto último, explicó que, como estaba previsto en el proyecto Neptuno, con una “operación por parte del privado en una parte del proceso”, chocaba con el artículo 47 de la Constitución. Por último, dijo que estas decisiones tienen en cuenta “la escasa capacidad financiera de OSE”, con una solución que permite, “por un monto similar al del proyecto Neptuno, poder realizar este conjunto de obras para asegurar el abastecimiento de agua potable de aquí a 2045 en la zona metropolitana”.

La oposición: “Más dudas que certezas” y pedido de interpelación

Por otro lado, el diputado blanco Sergio Valverde, presidente de la comisión, luego de la exposición de los jerarcas señaló en conferencia de prensa que se quedaron “con más dudas que certezas”. En tanto, el diputado colorado Walter Cervini señaló que la presentación les dejó “bien claro” que la suspensión de una toma alternativa del Río de la Plata “fue una decisión política del gobierno”. “No aportaron ni un solo elemento técnico nuevo que nos haga reflexionar sobre la decisión que tomaron”, agregó.

Además, sostuvo que el gobierno hizo referencia a un informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), encargado en el período anterior, “como para justificar la suspensión de Arazatí”, pero aseguró que el informe “no fue hecho por personal del BID”, sino “financiado” por esa institución. Además, lo realizó “una consultora”, y a la página del Ministerio de Ambiente se subió un resumen “que es muy tendencioso”.

Además, Cervini dijo que quedó claro que el Frente Amplio, “estando en la oposición, nunca reconoció que se precisaba una nueva planta potabilizadora de 200.000 metros cúbicos”, pero este lunes las autoridades dejaron “bien claro que la planta es necesaria y que la van a realizar”.

El diputado colorado también señaló que “son más las dudas que las certezas” tras la comparecencia, e insistió con que fue “una decisión política”, porque “no hay ningún informe técnico nuevo que aporte a la decisión”. “Lo que a nosotros nos preocupa es que, si se nos da un episodio de sequía, la que más lo va a sufrir es la gente de la zona metropolitana que menos tiene y no puede comprar el bidón de agua”, sostuvo.

A su vez, la diputada colorada Elianne Castro, que también integra la comisión, aclaró que el proyecto Neptuno y Casupá “no eran excluyentes”, sino “complementarios”. “Esto es importante, porque también hay que recalcar que el proyecto Neptuno estaba pensado como una forma de diversificar, tanto la toma de agua como la planta potabilizadora”, agregó.

Además, sostuvo que las críticas sobre la toma de agua en el Río de la Plata, relacionadas a la salinidad del agua, están basadas “en un informe que tiene datos reales, tomados por una sonda y de imágenes satelitales”, que “jamás demostraron que hubiera salinidad en el Río de la Plata”. “En base a modelos y análisis estadísticos, se llega a la conclusión de que podría llegar a haber 90 días de salinidad en el Río de la Plata, pero son modelos, no es una realidad”, aseguró.

Luego de las 18.00, cuando culminó la sesión y los jerarcas terminaron de contestar las preguntas, el diputado blanco Juan Martín Rodríguez, integrante de la comisión, señaló a la diaria que a partir de las respuestas de Ortuño y de Ferreri “hay unas cuantas” dudas que todavía les quedan, y ratificó “la convicción de que fue una decisión política, más allá de apelar a determinados informes técnicos”.

Además, sostuvo que “hasta el 31 de agosto, en principio, no va a haber nada, es todo una expresión de deseo lo que se ha manifestado en la conferencia de prensa”, porque “no hay nada firmado”, y no se pudo dar respuesta “a cuántas hectáreas se van a inundar para la represa de Casupá y cuántas hectáreas de monte nativo se va a tener que cortar”.

Consultado sobre cómo piensa seguir el tema la oposición, Rodríguez dijo que no descartan nada; de hecho, probablemente este martes tengan una instancia entre los diputados de la coalición que participan en la comisión “para afinar criterios”, pero están “evaluando muy seriamente la opción de sugerir” a sus partidos que se llame a Ortuño “a sala en carácter de interpelación”.