Entre las 63 prioridades que el Poder Ejecutivo definió para este período figuran la construcción de “ejes troncales rápidos de transporte público en la zona metropolitana” y el desarrollo de un “plan de inversiones en materia ferroviaria”. Ambos puntos están contemplados de alguna manera en el proyecto de ley de presupuesto quinquenal que el gobierno remitió este domingo al Parlamento, sobre el límite del plazo constitucional.

Para la movilidad en el área metropolitana, el proyecto dispone la creación de una Agencia del Sistema de Transporte Metropolitano, a constituirse como una persona jurídica de derecho público no estatal, que se vinculará con el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP). Dicha agencia tendrá a su cargo la gestión de proyectos de movilidad metropolitana, “en acuerdo con las intendencias de Canelones, Montevideo y San José”.

La dirección de la agencia será ejercida por un Consejo Directivo Honorario, que estará integrado por representantes del MTOP y el Ministerio de Economía y Finanzas, así como por delegados de los tres gobiernos departamentales de la zona metropolitana.

Asimismo, en el presupuesto el gobierno le asigna una partida anual de tres millones de pesos a la Dirección Nacional de Transporte del MTOP “destinados a apoyar la mejora de la movilidad en el área metropolitana”. Y también una partida anual de 57 millones de pesos “a efectos de contribuir al financiamiento del subsidio para el sector transporte suburbano metropolitano de pasajeros”.

En cuanto al sistema ferroviario, el proyecto incluye una partida anual de 20 millones de pesos “con destino a inversiones para el fortalecimiento y desarrollo de acciones” de la Dirección Nacional de Transporte Ferroviario, que recientemente incorporó a unos 120 trabajadores de la Administración de Ferrocarriles del Estado (AFE).

Por otra parte, también dentro del ámbito del MTOP, el presupuesto incluye un cambio normativo: se autoriza a la Dirección Nacional de Vialidad a “aplicar multas por infracciones de tránsito por cruce de semáforos en forma no autorizada y por realizar adelantamientos en zonas prohibidas”.

En el proyecto se establece que la totalidad de los fondos recaudados por estas multas será volcada al financiamiento de la ejecución de obras de infraestructura vial, en el marco de convenios ya suscritos por el MTOP y la Corporación Nacional para el Desarrollo.

Los lineamientos estratégicos del Plan Quinquenal de Vivienda

En materia de vivienda, el presupuesto elaborado por el Poder Ejecutivo dispone una serie de partidas anuales que serán destinadas específicamente a “la atención de población en situación de extrema vulnerabilidad social”, con un “especial énfasis” en aquellos hogares “con presencia de infancias y adolescencias” mediante “intervenciones orientadas a la mejora de condiciones habitacionales, provisión de soluciones transitorias, relocalizaciones, asistencia técnica y otras acciones que contribuyan a la mejora de situaciones de precariedad habitacional”.

La partida, a otorgarse en 2026, será de 150 millones de pesos, y luego irá aumentando progresivamente: 200 millones de pesos en 2027, 250 millones de pesos en 2028 y 300 millones de pesos en 2029.

Por otra parte, el presupuesto recomienda la aprobación del Plan Quinquenal de Vivienda para el período 2025-2029, que fue adjuntado junto con el proyecto presupuestal. En este documento, que está firmado por la ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Tamara Paseyro, se fijan los lineamientos estratégicos para este período en materia de vivienda.

En tal sentido, el gobierno pretende, entre otras cosas, “priorizar la atención a hogares en situación de vulnerabilidad social y emergencia crítica, con enfoque en la reducción de la desigualdad”, abordar de una manera integral “las estrategias de acceso al suelo” y fortalecer la gestión del sistema público de vivienda, “promoviendo una mayor articulación interinstitucional, eficiencia operativa y capacidades de planificación, seguimiento y evaluación”.

Asimismo, el presupuesto incluye un conjunto de instrumentos para “facilitar el acceso al crédito para aquellas familias que hoy no califican como sujetos de crédito hipotecario, combinando herramientas tales como subsidios con el fondo de garantía de créditos hipotecarios”.