“Firmamos una resolución hace pocos días [para] que se cumpla efectivamente parte de los artículos que están en la ley de acceso a los archivos. [La resolución] habilita a la Institución Nacional de Derechos Humanos [INDDHH] a ingresar a cualquier unidad militar –y así se lo transmitimos a los comandantes– donde entiendan que hay archivos [para] acceder a ellos”, anunció días atrás la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, en una rueda de prensa.

El anuncio se produjo luego de una consulta sobre posibles avances en el histórico reclamo de la asociación Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos para que el presidente de la República, Yamandú Orsi, ordene a las Fuerzas Armadas entregar información sobre las desapariciones forzadas por parte de los militares en la última dictadura cívico-militar. Lazo dijo que esto “está más bien en la órbita de Presidencia”, y afirmó que, en cualquier caso, el mandatario va a encontrarla “siempre a su lado peleando por lo que hay que pelear”, con respecto al ministerio que dirige.

El pasado 4 de diciembre, la ministra firmó una resolución que efectiviza el cumplimiento de la Ley 19.822, que le comete la búsqueda de personas detenidas desaparecidas a la INDDHH. El documento firmado por Lazo encomienda al Comando General del Ejército, al Comando General de la Armada, al Comando General de la Fuerza Aérea, a la Dirección de Inteligencia Estratégica y a las demás dependencias y reparticiones del Ministerio de Defensa Nacional (MDN) “asegurar al personal designado por la INDDHH el acceso irrestricto a los archivos de los servicios de inteligencia y demás archivos que obren en el ámbito del Ministerio de Defensa Nacional, que pudieran ser relevantes a juicio de la INDDHH para la búsqueda de la verdad de lo sucedido con las víctimas de las desapariciones forzadas ocurridas en el marco de la actuación ilegítima del Estado”, entre 1968 y 1985.

Los artículos sexto y séptimo de la Ley 19.822 establecen que la INDDHH “tendrá acceso irrestricto a los archivos de los servicios de inteligencia y demás archivos de instituciones públicas o privadas que pudieren ser relevantes para la búsqueda”, y dispone que, para que se dé cumplimiento a este cometido, la INDDHH podrá “exigir” dicho acceso a “todos los lugares y establecimientos que se consideren relevantes”. La negativa a cumplir con lo requerido por la INDDHH supondrá el delito previsto por el artículo 173 del Código Penal, que es desacato.

“Nosotros habilitamos que ellos ingresen. A mí me dicen: ‘No, acá no hay nada, nosotros no vimos nada’, pero en algún lado hay, porque los cuerpos siguen apareciendo y la verdad no puede demorar mucho. Yo espero que podamos avanzar en la verdad. La unidad nacional se va dar cuando cierren las heridas, que hoy no están cerradas”, manifestó Lazo.

La resolución aún no está operativa

A pesar de que la Ley 19.822 fue aprobada en 2019, el acceso a la información en lo que respecta al MDN no ha sido sencillo, según señaló a la diaria la actual presidenta de la INDDHH, Mariana Mota. La exjueza señaló que con la Intendencia de Montevideo, por ejemplo, el acceso a los archivos de necrópolis ante la posibilidad de que hubiera enterramientos NN en algunos cementerios “era un diálogo mano a mano”.

Fue al comienzo de la administración de Luis Lacalle Pou cuando empezó a funcionar la ley, que había sido sancionada un año antes. Mota relató que en ese momento “era pedir información por oficio” y se abrían dos posibilidades: que se la dieran o que les transmitieran que la información no estaba.

Sobre la última resolución firmada por el actual MDN, que procura que se cumpla con el “acceso irrestricto” a los archivos, Mota señaló que “la idea es no seguir pidiendo la información”; de hecho, “a veces” desconocen qué tipo de archivos son, así como su relevancia. “A poder mirarla, poder verla, acceder a ella, la ley nos faculta”, apuntó, y resaltó que, si bien en su momento los investigadores de la INDDHH pudieron ingresar a la Dirección General de Información e Inteligencia (DGIIP) del Ministerio del Interior a mirar el archivo, no podían llevarse una copia. “Ellos [la DGIIP] iban y buscaban, y te traían lo que a ellos les parecía. Era todo muy indirecto”, señaló.

En ese marco de dificultades, cuando Mota asumió nuevamente como directora de la INDDHH, en agosto de este año, se continuó “con lo que se venía haciendo en la búsqueda” en cuanto a proponer “la suscripción de convenios con diferentes organismos del Estado que tienen archivos que son de relevancia para la búsqueda, para poder acceder a conocer esos archivos”.

Uno de esos organismos era el MDN; por ese motivo, Mota se reunió con Lazo el 18 de agosto y le planteó la necesidad de “acceder a los archivos, conocerlos directamente y no estar pidiendo información” sobre la cual la INDDHH desconoce la ubicación o carece de una “descripción concreta”.

“Acceder a los archivos es una facultad que nos da la ley, independientemente de los convenios. La ley nos dice [que] nosotros podemos acceder a todos los archivos que existan en organismos públicos o privados. Tenemos derecho a pedir una copia de esos archivos y nos la tienen que dar en el plazo establecido. De por sí tenemos la facultad, pero lo que queremos hacer es coordinar con los organismos [a través de un convenio] para poder tener ese acceso en forma coordinada”, expresó.

Por otro lado, Mota señaló que conocer las circunstancias de la desaparición desde la detención “también es una función de la institución”, algo que “para poder desarrollarlo tenés que acceder a información de esos organismos”.

“Es saber qué fue lo que pasó con la persona desde su detención o secuestro hasta su desaparición, y eso es como un capítulo en blanco que no se sabe. En algunos casos tenés una información más detallada y en otros no, porque no fueron detenciones legales o detenciones informadas, o porque no hubo un aporte del Estado sobre qué fue lo que pasó con los detenidos desaparecidos, qué organismo lo detuvo, por qué circunstancias, en qué parte estuvo detenido [cada uno de ellos]”, apuntó.

En ese sentido, Mota resaltó que, como el MDN “ha sido históricamente reticente al acceso a los archivos”, espera que con la nueva resolución haya “no solamente esta apertura de poder acceder”, sino también de “asegurar que esos archivos van a permanecer ahí, que no han sido modificados desde que se informó este acceso”.

Con todo, lo dispuesto por la resolución aún no está operativo. En uno de los puntos de la resolución se le solicita a la INDDHH “la remisión del listado de los funcionarios responsables del relevamiento de los referidos archivos”. A su vez, se encomienda a la Dirección General de Secretaría del ministerio “la redacción del acuerdo o compromiso de confidencialidad a ser suscrito por los funcionarios designados por la INDDHH para el relevamiento de los archivos” en cuestión. Mota indicó que esta etapa “todavía no está cerrada”, ya que, si bien la INDDHH ya envió el listado para que el acuerdo se concrete, todavía resta que la Dirección General de Secretaría del MDN lo efectivice.

Ignacio Errandonea: “Si se implementa bien, es un avance”

Acerca del significado de la resolución firmada por Lazo, Mota consideró que “debería ser un antes y un después”, siempre y cuando “esos archivos sigan estando en forma completa, que se preserve la intangibilidad de los archivos, que esta información de que la institución va a acceder no altere esa intangibilidad, que los archivos estén donde estén y que no se empiecen a cambiar de lugar o a modificar su contenido”. “Eso es una cosa que nosotros, mientras no accedemos, no lo podemos saber. A partir de que accedés, conocés qué es lo que tiene y sabés si mañana le falta un pedazo”, señaló.

En diálogo con la diaria, Ignacio Errandonea, referente de Madres y Familiares, dijo que se enteraron por la INDDHH de que iba a salir una nueva resolución y prefirió no “opinar mucho” sobre el contenido, dado que aún no conoce con certeza “cómo se va a implementar”, en el sentido de si, por ejemplo, “se les va a exigir a las Fuerzas Armadas [hacer un] inventario de todos los archivos”.

Por esa razón, Errandonea sostuvo que la efectividad de la medida dependerá de cómo se implemente. “Es muy diferente a que exista la orden de entregar todos los archivos y ordenarles que busquen todo y lo entreguen sin que la institución sepa en qué consisten esos archivos, a autorizar a la institución a entrar a donde saben que hay archivos”, mencionó.

En ese marco, el referente de Madres y Familiares consideró que, “si se implementa bien, es un avance”, aunque “no llega a ser la orden” que la organización ha reclamado históricamente al presidente de la República. “Nosotros decimos que se dé la orden de proporcionar toda la información que poseen, que es muy diferente”, afirmó.

Consultado sobre si tienen pensado solicitar una reunión con Lazo para que les proporcione más información, Errandonea dijo que, en realidad, “hace varios meses” le pidieron una reunión a Orsi por la que todavía están esperando una respuesta, así como también sobre “si se va a dar la orden o no”.