“Lo que se plantea no es ni la congelación ni la liquidación del acuerdo que se firmó el día sábado”, afirmó el canciller Mario Lubetkin en rueda de prensa, convocada al mediodía de este miércoles, tras conocerse la decisión del Parlamento Europeo de remitir el acuerdo con el Mercosur al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

Con 334 votos a favor, 324 en contra y 11 abstenciones, los legisladores de la Eurocámara se pronunciaron a favor de solicitar al tribunal que dictamine si el acuerdo entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur respeta los tratados del bloque europeo. Las bases jurídicas, tanto del acuerdo de asociación como del acuerdo comercial interino (ITA, por las siglas en inglés) –que estaba previsto que se pusiera a consideración del Parlamento Europeo para su ratificación–, serán ahora “objeto de evaluación por la Corte”, explicó el cuerpo legislativo. “El Parlamento Europeo continuará examinando los textos, a la espera del dictamen del TJUE. Después, deberá decidir si da su aprobación o no al acuerdo”, agregó.

Lubetkin afirmó que “no es un congelamiento”, sino, en todo caso, una “postergación de los tiempos de ratificación del Parlamento Europeo para que entre en funciones”. No obstante, señaló que, para tener claro “qué es lo que va a pasar ahora”, “tenemos que hablar con las autoridades europeas, que, sin duda, quienes estaban y lucharon a favor de concretar esto también deben estar afectados, como estamos afectados todos nosotros”.

Hasta el momento de la rueda, la cancillería no había dialogado ni con sus pares del Mercosur ni con las autoridades de la UE. Estos últimos, explicó Lubetkin, están concentrados en la cumbre de Davos.

El canciller subrayó la escasa diferencia de votos en la aprobación de la solicitud: “Apenas diez votos en un Parlamento de más de 700 integrantes, y con una votación interesante, transversal. Todos los partidos políticos votaron para un lado o para el otro, tanto de izquierda como de derecha”. Para Lubetkin, es un ejemplo de “cuán compleja está la sociedad europea en el tratamiento de estos temas”.

“Nosotros teníamos la información hace algunos días de que la tendencia iba mal, pero teníamos la confianza de que se iba a ir recuperando; efectivamente, la diferencia fue de diez votos en 700 y tanto, por lo tanto, la información no estaba mal”, dijo el canciller, y reconoció que “hay diferentes movimientos” de actores que están en contra del acuerdo y “no hay sorpresa”, ya que “este acuerdo no se hizo con la unanimidad de Europa”.

“Tenemos pocas dudas de que finalmente el Tribunal de Justicia ratifique lo que se firmó”

El proceso que se suponía que atravesaría el acuerdo una vez ingresara al Parlamento era su discusión en las comisiones de Comercio Exterior y de Asuntos Exteriores y, una vez aprobado por ambas, su pasaje al plenario. La proyección que hacía la Cancillería uruguaya era que las comisiones finalizarían el tratamiento en el primer semestre y que, en el segundo semestre, comenzaría a discutirse en el plenario.

Con base en los antecedentes, el canciller sostuvo que el TJUE “se toma entre 18 y 24 meses para dar su parecer”. Recordó que hubo dos casos “muy parecidos temáticamente”, los acuerdos de la UE con Canadá y Singapur, respecto de los cuales “el Tribunal de Justicia falló absolutamente a favor”. Por lo tanto, aseguró: “Nosotros tenemos pocas dudas de que finalmente el Tribunal de Justicia ratifique lo que se firmó el sábado”.

Una fuente de la UE consultada por la diaria señaló que el dictamen del TJUE va a llevar varios meses, durante los cuales “el Parlamento no va a poder votar sobre el tema”. Explicó que el tribunal “lidia con todos los problemas jurídicos de la UE”, con lo cual, “no van a estar mirando esto mañana”. “Es una maniobra política que lo que está haciendo es dilatar los tiempos”, afirmó.

No obstante, en Europa hay llamamientos a que se aplique provisionalmente sin esperar el dictamen ni la aprobación del Parlamento. El canciller alemán, Friedrich Merz, en X, sostuvo que “el acuerdo debe aplicarse ahora de forma provisional”, y consideró “lamentable” la decisión del Parlamento, que “no interpreta correctamente la situación geopolítica”. La vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea, Teresa Ribera, en declaraciones consignadas por El País de España, recordó que la decisión no impide que se analicen “en paralelo” posibles vías para “trabajar por la aplicación provisional de un tratado importante que, políticamente, no podemos retrasar por mucho tiempo”.

En diálogo con la diaria, el doctor en Relaciones Internacionales Ignacio Bartesaghi señaló que la Comisión Europea, “desde el punto de vista jurídico, está buscando la forma” de aplicar provisionalmente el acuerdo, aunque “es una decisión política de riesgo”. “Hay que ver si la Comisión Europea, en un contexto tan complicado de Europa, se anima a dar ese paso y no esperar el dictamen”, puntualizó.

“Un proceso judicial con una mirada de reojo a los debates políticos”

Lubetkin calificó como un “tropezón” la resolución del Parlamento Europeo. “Tropezones que nos tienen que dar más fuerza para que este sea el primer país que ratifique el acuerdo”, afirmó. Además de dialogar con las autoridades europeas, el canciller puntualizó que “lo primero es seguir adelante y, con mucha fuerza, con la ratificación del acuerdo”.

Este último movimiento de Europa no impide que los cuerpos legislativos del bloque sudamericano continúen el proceso de ratificación del acuerdo. El diputado nacionalista Juan Martín Rodríguez, quien preside la Comisión de Asuntos Internacionales de la cámara baja, dijo a la diaria que el revés al acuerdo en Europa “no cambia un ápice” los “pasos a seguir que pretendemos dar en el Mercosur y, particularmente, en Uruguay”.

El canciller consideró que los países del Mercosur deberán jugar “más activamente” para “convencer a esos parlamentarios europeos, en la medida de nuestras posibilidades”. En ese sentido, con el acuerdo ratificado, “vamos a tener otra fuerza completamente diferente”, dijo.

En el Parlamento uruguayo, Lubetkin resaltó la “convicción total de las grandes fuerzas políticas” con el acuerdo, transmitida en la última comparecencia de Cancillería ante la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda. “Yo creo que cuando se dan este tipo de tropezones tenemos que ser más fuertes y estar más unidos que nunca sobre este tema”, reiteró.

Rodríguez señaló que la postergación de Europa, “en todo caso, nos motiva aún más para poner el pie en el acelerador y darle fiel cumplimiento a lo que nos comprometimos, es decir, a aprobar en cada uno de los Parlamentos el acuerdo”. El diputado sostuvo, además, que, “más allá de que la noticia no es la que hubiésemos querido, somos optimistas en cuanto a que los pasos que se den en los próximos meses en Europa determinen que la firma se hizo al amparo de la normativa comunitaria y que se tiene que seguir adelante con las próximas instancias”.

El senador del Partido Colorado Pedro Bordaberry señaló en X que “Uruguay debe ratificar rápido el acuerdo”, y analizó que “nos conviene siempre que Brasil esté atado a compromisos jurídicos más importantes y donde él sea el pequeño”. Además, afirmó que “existe importante jurisprudencia europea” sobre “las competencias exclusivas y excluyentes” de la UE.

Nicolás Albertoni, vicecanciller entre 2022 y 2025 –a quien el senador colorado Robert Silva le cederá su banca durante el tratamiento del acuerdo– dijo a la diaria que “no es menor” que el proceso judicial que se inicia tenga, “en el corto plazo, a los cuatro países del Mercosur con el acuerdo ratificado, de forma eficiente y rápida, con debates fluidos”. Analizó que, dado que “el origen de todo esto tiene una base política fuerte”, “va a ser un proceso judicial con una mirada de reojo a los debates políticos que se estén generando” en ambas regiones.

Albertoni señaló que, si bien los factores políticos “no van a determinar la resolución final, que en el caso de Singapur y Canadá fueron positivas”, sí pueden influir en la dilación del proceso. Mencionó las elecciones presidenciales de Brasil y la ratificación en los Parlamentos del Mercosur como factores “que pueden hacer que este proceso judicial, o dure meses o dure años”.

Los antecedentes con Singapur y Canadá

En el caso del tratado de libre comercio entre la UE y Singapur, fue la Comisión Europea la que solicitó en 2015 la opinión del TJUE sobre el reparto de competencias entre la UE y sus Estados miembros en relación con la celebración del acuerdo. El dictamen llegó el 16 de mayo de 2017 y concluyó que el tratado, en su forma original, abarcaba competencias compartidas, por lo que debía celebrarse como un “acuerdo mixto”, requiriendo la ratificación tanto del Parlamento Europeo como de los parlamentos nacionales y regionales de los Estados miembros. A raíz del dictamen del tribunal, la Comisión decidió separar en un acuerdo lo referido al libre comercio –competencia exclusiva de la UE– y en otro acuerdo lo relativo a la protección de las inversiones, que requería la ratificación de los parlamentos nacionales.

En el acuerdo entre el Mercosur y la UE, el pilar comercial ya fue separado de los pilares político y de cooperación del Acuerdo de Asociación, a través del ITA. En ese sentido, uno de los puntos de la resolución del Parlamento Europeo que solicitó el dictamen del TJUE sostiene que la división del acuerdo en dos textos jurídicos “elude el derecho de los parlamentos nacionales a ratificar el Acuerdo Comercial Interino”. Además, entiende que podría “comprometer la aplicación del principio de precaución”, contemplado en el Tratado de Funcionamiento de la UE, según el cual, cuando una política o acción pueda causar daños a las personas o al ambiente y no exista consenso científico sobre el riesgo, debería ser abandonada o limitada por prevención.

El acuerdo entre la UE y Canadá también generó debate sobre las competencias del bloque, por lo que su contenido fue dividido para una aplicación provisional, que requirió la aprobación del Parlamento Europeo. La solicitud al TJUE, a pedido de Bélgica, se presentó en setiembre de 2017, después de la aprobación de la Eurocámara, por lo que no afectó la entrada en vigor provisional, prevista para finales de ese mes. La revisión se centró en el mecanismo de solución de controversias entre inversores y Estados previsto en el acuerdo, y el fallo, emitido en abril de 2019, fue favorable.

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