Los ministros de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, y de Salud Pública, Cristina Lustemberg, comparecieron este miércoles ante la Comisión Permanente del Parlamento para explicar las modificaciones introducidas antes de fin de año en la devolución del Fondo Nacional de Salud (Fonasa).
El miembro convocante, el diputado del Partido Nacional (PN) Sebastián Andújar, dijo que el motivo del llamado a sala, “además de recibir explicaciones políticas, es expresar nuestra profunda preocupación y nuestro rechazo al aumento del tributo vinculado con el Fondo Nacional de Salud”.
Las modificaciones, establecidas por medio de un decreto, refieren al cálculo del costo promedio equivalente (CPE) para el Seguro Nacional de Salud (SNS), que forma parte del criterio de devolución de los aportes al Fonasa. A partir de ellas, el valor del CPE –que refleja el costo que significa para el SNS la atención de los usuarios– aumentó de 4.828 pesos a 6.693 pesos. El equipo económico estima que entre 60.000 y 70.000 trabajadores no recibirán una devolución en 2027, cuando comenzarán a aplicarse los cambios; esto permitirá una recaudación de entre 70 y 80 millones de dólares.
Andújar cuestionó la forma en que se anunció la medida, durante una conversación informal entre el presidente Yamandú Orsi y periodistas en la Torre Ejecutiva. También criticó el momento, “cuando hacía pocas semanas que se había terminado de aprobar el presupuesto”, instancia en la que nunca se informó “que esto iba a suceder”.
El diputado del PN sostuvo que el “debate de fondo” es que el gobierno ha “naturalizado la mentira electoral”, en referencia a la promesa de Orsi de no aumentar impuestos. “Cuando se incrementa un tributo obligatorio que recae sobre el salario, se está aumentando impuestos”, afirmó, y señaló que en este caso “no sólo se afecta el bolsillo de los trabajadores, sino que afecta la credibilidad del sistema político, y eso nos incluye a todos”.
Oddone: es “una definición política” basada en “un fundamento técnico”
A su turno, Oddone afirmó que la medida es “una definición política” basada en “un fundamento técnico que nos hace estar convencidos de que la decisión que estamos tomando es una decisión correcta”, porque es “equitativa”, “legítima” y “oportuna”.
El ministro de Economía rechazó que detrás de los cambios haya una “motivación de naturaleza fiscal”. No obstante, reconoció que “los recursos que están disponibles son muy útiles para una situación fiscal comprometida como la que tenemos que enfrentar”. Asimismo, reiteró que los errores en la estimación del CPE habían sido planteados por los servicios técnicos del Ministerio de Economía y Finanzas en 2019.
Con respecto de la acusación de incumplir una promesa electoral, Oddone señaló que, personalmente, en la campaña electoral manifestó “que no podía haber un compromiso de no modificaciones tributarias”, entre otras razones, porque “cuando se enfrentan situaciones inesperadas, uno tiene que recurrir a modificaciones tributarias”.
Por su parte, Lustemberg indicó que actualmente el Fonasa “cubre a 2.653.873 personas, el 74,2% de la población, con 1.860.000 aportantes activos”. De ese universo, solamente el 8% –alrededor de 155.000 personas– reciben una devolución del Fonasa. “La situación para el restante 92% de los trabajadores y pasivos se mantiene incambiada, y además este 8% se ubica en los tramos más altos de la distribución de ingresos”, remarcó.
El cambio metodológico introducido, afirmó la ministra de Salud Pública, “no altera los objetivos del Sistema Nacional Integrado de Salud; por el contrario, se inscribe en el esfuerzo por alinear las herramientas de financiamiento con la lógica solidaria del modelo, [y] también con la realidad demográfica y epidemiológica del país”. Lustemberg afirmó que “no alcanza con financiar más”, sino que “hay que financiar mejor”.
Bordaberry: fue “una puñalada a la confianza reiterada que mostramos desde este Parlamento”
El senador del Partido Colorado (PC) Pedro Bordaberry insistió en la ausencia del tema durante el tratamiento del presupuesto: “No se nos dijo que necesitaban más recursos ni que se buscaría, por la vía de eliminar la devolución de lo aportado en demasía, abatir el déficit fiscal”.
“Hace más de un año que lo tenían en mente, hace más de un año que lo planificaban, hace más de un año que sabían que querían aplicar este ajuste y no nos lo dijeron. Ni en la campaña, para no espantar votos, ni durante el presupuesto”, subrayó Bordaberry, quien calificó la actuación del equipo económico de “una puñalada a la confianza reiterada que mostramos desde este Parlamento”.
Asimismo, el senador del PC cuestionó la “justificación” de que los cambios afectan solamente a 155.000 personas. Sostuvo que al 8% que recibe una devolución “le meten la mano en el bolsillo, le hacen aportar de más, le jinetean la plata un año y ahora no se la devuelven”, “como si ganar 130.000 o 140.000 pesos los convirtiera en ciudadanos millonarios”. “Algún día alguien tenía que decir esto, porque parece que da vergüenza defender a esos uruguayos que ganan plata y se esfuerzan; a mí no me da vergüenza”, expresó Bordaberry.
En su última intervención, Oddone sostuvo que el equipo económico no informó sobre estas modificaciones durante la discusión presupuestal “porque no era una resolución del Poder Ejecutivo”. “¿Es verdad que yo tenía estos números en la previsión fiscal de julio? Es verdad, es absolutamente cierto. Ahora, en la medida en que no estaba aprobado, yo no podía informar [en el Parlamento] algo que no estaba aprobado porque, entre otras cosas, no sabía si el Poder Ejecutivo me iba a acompañar”, expresó.
Con relación al fondo del asunto, Oddone manifestó: “Lo que estamos haciendo no es sacar dinero que la gente tenía como un derecho adquirido. Lo que estamos haciendo es una corrección metodológica, porque la forma en la que devolvíamos estaba mal”. En ese sentido, señaló que en el esquema anterior se asumía que todas las personas contribuyen a lo largo de toda su vida, lo cual “es un elemento incorrecto”, porque se “tiende a subestimar los años en que las personas le son al sistema menos caras”, es decir, cuando “se enferman menos, porque son más jóvenes y porque tienen más salud”. Apuntó, además, que se asumía, de manera incorrecta, “una esperanza de vida uniforme para todas las personas”.
La opinión del Cuesta Duarte
En diálogo con la diaria, Pablo da Rocha, integrante del Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT, consideró que el cambio metodológico introducido por el Poder Ejecutivo “es positivo” y “saludable”, ya que permite “tener una foto mucho más fiel” del “verdadero costo que implica brindar la atención sanitaria correspondiente”. “En la medida en que se corrijan estas subestimaciones y el dato sea más preciso, esto le da más eficiencia al sistema, reduce el déficit y libera un poco a los contribuyentes de tener que financiar esas ineficiencias”, afirmó.
No obstante, el economista señaló que “hubiera sido interesante tener mayor participación e intercambio” antes de que se decidiera tomar esta medida, “para ver si habría que, incluso, incorporar nuevas consideraciones”. “Posiblemente ahí [es] donde tengamos algún matiz con el Poder Ejecutivo, en torno a lo que podría ser el timing. Nosotros hubiésemos querido que se hiciera en el marco de una más amplia participación”, resaltó.
Da Rocha dijo que desde el Cuesta Duarte no comparten la visión de que “la medida tenga exclusivamente fines recaudatorios”, si bien va a permitir mayores ingresos. “La teoría dice que lo que se queda el Estado se supone que va a ir a cada una de las cápitas, que estiman ahora de manera más fidedigna el costo promedio, lo que necesitan las instituciones para su funcionamiento”, explicó.
Por otro lado, Da Rocha señaló que la modificación del CPE no es “excluyente” de la propuesta del PIT-CNT de gravar al 1% más rico de la sociedad para mitigar la pobreza infantil. En ese sentido, identificó un “pequeño fallo en el discurso de las autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas”, que “niegan gravar al 1% más rico” porque no se necesitan más recursos, pero posteriormente reconocen que en el Sistema Nacional Integrado de Salud “hay un déficit” y, por ende, “hay necesidad de financiamiento”.
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