Desde el mediodía del martes hasta casi las 20.00 la Comisión Permanente del Parlamento recibió al titular del Ministerio de Ambiente, Edgardo Ortuño, y el presidente de OSE, Pablo Ferreri, para informar sobre el contrato del proyecto que sustituye a Neptuno y el aumento de la tarifa de agua potable. En el marco del llamado, impulsado por el diputado blanco Juan Martín Rodríguez, fueron presentadas 32 preguntas.
Luego de las exposiciones y antes del tramo final de la convocatoria, Rodríguez detalló en rueda de prensa sus conclusiones sobre la instancia. Marcó diferencias entre lo expresado por Ortuño en la interpelación de agosto de 2025 y en esta nueva oportunidad. Una de ellas tiene que ver con que las obras que se desarrollarán en la zona del arroyo Solís Chico dejaron de estar incluidas en el paquete de obras que formaban parte de la renegociación con el consorcio Aguas de Montevideo. Según el representante, esto implica “45 millones de dólares que se suman” a lo que se había informado en agosto.
Rodríguez también se detuvo en el anuncio de las autoridades de que se construirá una séptima línea de bombeo en Aguas Corrientes. Esa acción, para el diputado, también es “un reconocimiento” de los cuestionamientos que tiempo atrás había hecho la oposición sobre que era imposible la convivencia de obras en la cuarta y quinta línea de bombeo, porque eso “iba a significar que muchos barrios de Montevideo se quedaran sin suministro de agua potable”.
Ortuño se apoyó en el hecho de que “todas las obras” anunciadas “se van a realizar”, con la única diferencia de que ahora se agrega la séptima línea de bombeo en Aguas Corrientes. “Nos va a permitir mejorar la calidad del servicio en zonas fundamentales, no sólo de Montevideo, sino de Canelones”, explicó el jerarca en relación con esa nueva acción.
Ortuño puntualizó que se trata de “una inversión histórica de OSE, la más importante desde su fundación”, y valoró que con lo planificado se consolida un ahorro de 150 millones de dólares en comparación con lo que era el contrato que estaba vigente para la construcción del proyecto Arazatí.
“No resolvía ni aseguraba el abastecimiento de agua potable tal como fue concebido en su contrato original, y así lo demostró la crisis hídrica de 2023, porque nos quedamos sin agua potable en los hogares y aquel proyecto sólo tenía capacidad de abastecer una tercera parte de la demanda”, volvió a señalar el ministro sobre Arazatí.
“El ahorro es de más de 150 millones de dólares”
Sobre el acuerdo de renegociación con el consorcio Aguas de Montevideo y las obras “que aseguran el abastecimiento de agua potable del área metropolitana y la Costa de Oro”, se subrayó que permite concretar “obras fundamentales”, como la “planta potabilizadora Aguas Corrientes 2”, la “toma de agua en el río Santa Lucía”, la “subestación eléctrica de 150 kva (alimentación de ambas plantas)”, “la planta de tratamiento de lodos (monorrelleno)”, la séptima línea de bombeo, la “mejora de la cuarta línea de bombeo (recalque), de servicios a zonas altas de la ciudad y refuerzo del abastecimiento de las zonas este y noreste del sistema”. En la presentación se aclaró que las obras del arroyo Solís Chico (represa y planta potabilizadora) “se realizarán mediante procedimiento licitatorio independiente”.
Se sostuvo que este conjunto de obras a realizar asegura “abastecimiento de agua potable al área metropolitana y la Costa de Oro”, dado que la nueva planta potabilizadora de Aguas Corrientes sumará 200.000 m³ de agua por día, mientras que la nueva planta potabilizadora de Solís Chico sumará 24.000. En total, contando la actual planta de Aguas Corrientes, da 924.000 m³ de agua por día.
En la sesión, Ortuño subrayó que la séptima línea de bombeo “explica la diferencia de montos” con relación a lo que se refirió hace algunos meses, porque “tiene un costo aproximado de 50 millones de dólares”. Sobre las características de esta séptima línea de bombeo, en la presentación consignó que comenzará en la nueva planta de tratamiento de agua potable y finalizará en la conexión al troncal existente en la ruta 8.
“Esta línea aumentará la capacidad de suministro y permitirá mejoras operativas del sistema metropolitano, particularmente en la zona este. Su principal función es aliviar la carga operativa de la actual quinta línea de bombeo, que se encuentra al límite de su capacidad en épocas estivales y abastece la zona de mayor crecimiento de demanda”. Además, “también mejorará la presión en las zonas elevadas, tradicionalmente afectadas por la baja presión de la quinta línea de bombeo”, y contará “con capacidad de expansión futura hacia Ciudad de la Costa”.
En la presentación se subrayó que el nuevo proyecto implica un ahorro de recursos y mejora de la situación económico-financiera de OSE. El ahorro es de más de 150 millones de dólares, porque el costo del contrato pasó de 364 a 213 millones de dólares, mientras que la reducción de la inversión necesaria en obras de abastecimiento de agua potable del área metropolitana pasó de 539 a 388 millones de dólares.
Una de las preguntas de Rodríguez fue si el documento que incluye las antes referidas modificaciones contractuales fue sometido al control previo del Tribunal de Cuentas. Ortuño señaló que el resultado del acuerdo fue enviado a ese organismo en diciembre de 2025, por tanto, aún está a consideración.
En cuanto a los aspectos ambientales, en particular, si “se comenzó con la evaluación de la viabilidad ambiental de localización y la clasificación del proyecto”, el ministro dijo que la respuesta “es que sí, que fue clasificado como B” y ahora se está a la espera de la realización y presentación del estudio de impacto ambiental por parte de OSE; “y se procederá, luego de ello, a la evaluación correspondiente, al estudio de impacto y, si correspondiera, a firmar la autorización ambiental”. Por último, el ministro informó que se espera el inicio de las obras de la planta de Aguas Corrientes para la segunda mitad de 2026 y el final de la construcción para 2028.
La represa de Casupá “cubre el crecimiento de la demanda a 2045”
Ortuño explicó que la demanda máxima proyectada para 2045 es de 850.000 m³ por día, subrayó la “dificultad de abastecimiento de la demanda ante mayor ocurrencia de sequías”, así como la “necesidad de mayor reserva de agua bruta que asegure producción continua de la planta de Aguas Corrientes”. Consignó que la reserva actual para el abastecimiento del área metropolitana es de 85 millones de m³ de agua bruta dulce (67 millones de la represa Paso Severino más 18 millones de Canelón Grande), y con la construcción de la represa de Casupá se sumarían 118 millones, lo que daría un total de 203 millones de m³ de agua bruta dulce.
“El déficit hídrico y la sequía de 2023 comprobó la necesidad de mayor reserva de agua bruta (Casupá)”, se leía en una de las diapositivas, y se subrayó que hubo agua “no potable” (“salada”) en los hogares por 73 días. “La represa de Casupá es necesaria para asegurar el abastecimiento de agua potable y, por tanto, la prioridad. Cubre el crecimiento de la demanda a 2045 y asegura el abastecimiento ante sequías severas”, se insistió en el documento presentado.
En lo presentado hoy “lo que hay es una expresión de deseo”
“Nosotros nos quedamos con que hoy lo que hay es una expresión de deseo”, concluyó Rodríguez al ser consultado sobre si entiende que las obras anunciadas solucionan la situación del país. “La realidad es que a comienzos del año pasado se suscribió un contrato que tenía evaluación de impacto ambiental, tenía todos los análisis, las autorizaciones realizadas y que estaba en condiciones de comenzar la obra de inmediato”, recordó con relación a Arazatí. En ese sentido, apuntó que con estas obras las “respuestas” podrían estar para 2027 o 2028.
“Estas obras, en caso de poder realizarse en tiempo y de acuerdo a los planes, están previstas recién para 2030”, recordó el legislador. “Los conocedores del clima dicen que se vienen años donde todavía el déficit hídrico no se va a paliar”, agregó Rodríguez, poniendo énfasis en la diferencia de plazos. “Estamos encomendándonos a que los tiempos, los costos y el clima acompañen para que logre coincidir el deseo con la realidad”, remarcó.
Por último, se detuvo en que desde el gobierno se ha planteado que “están en proceso las autorizaciones de impacto ambiental”, aunque, “en paralelo, se va a empezar con las expropiaciones” en Casupá. “Se va a actuar como si estuviera todo bien; si surge algún problema, ¿cómo se va a enmendar esa situación?”, se preguntó el diputado blanco.
El ministro de Ambiente reconoció que aún “se están realizando las actualizaciones de los estudios para la evaluación del impacto ambiental”. Sin embargo, aclaró que “las expropiaciones no han comenzado” y que hay “tiempo para atender una a una todas las situaciones” de “los productores y los habitantes de la zona de Casupá”.
La respuesta al ajuste: “OSE tiene un problema estructural”
Otro tema que se discutió en la sesión fue el aumento de tarifas de OSE, que este mes fue de 8,5%. “Hay un reconocimiento por parte del presidente de OSE de una visión economicista del manejo de las empresas públicas”, analizó Rodríguez, y consideró que señalar que la acción tiene que ver con “equilibrar las cuentas de OSE”, como afirmó Ferreri, está “contradiciendo” los dichos del presidente Yamandú Orsi vinculados a que esto estaba asociado a las nuevas obras.
Ferreri dejó en claro durante la convocatoria que “OSE tiene un problema estructural en cuanto a la composición de sus ingresos y sus gastos, y eso viene desde hace décadas”. Explicó que, dadas las características del servicio, “no sólo hay un aumento de las redes, sino que, además, cada vez se llevan los servicios a lugares más alejados y menos densamente poblados”, lo que hace que el “costo de previsión de los servicios” aumente.
Para dar cuenta de la situación estructural, el presidente de OSE detalló que desde 2010 a 2024 “los ingresos siempre han estado por debajo de los costos del organismo”. En ese escenario, Ferreri planteó que se entendió necesario “tomar decisiones” que, a su vez, se veían complicadas por la “evolución de la deuda” en OSE. Con relación a esto último, se apunta contra una serie de acciones de la administración anterior que apeló a la “autorización a endeudarse para afrontar operaciones diarias”. Se detalló que en marzo de 2024 se solicitó endeudamiento por diez millones de dólares, y en mayo del mismo año se realizó una solicitud por 20 millones de dólares, mientras que en diciembre se pidió un endeudamiento por 17 millones de dólares. Por último, ya en febrero de 2025, la cifra de pedido de endeudamiento ascendió a 55 millones de dólares.
“El problema del flujo es estructural, por lo tanto, estamos recomponiendo estructuralmente los ingresos de OSE”, finalizó Ferreri. También mencionó que la administración anterior dejó un proyecto de saneamiento de unos 400 millones de dólares que tiene financiamiento por 300 millones. Asimismo, recordó que se había dejado el proyecto Arazatí con “un pago por disponibilidad durante 17 años y medio de aproximadamente unos 50 millones de dólares anuales”.
En su exposición final, al cierre de la sesión, Ortuño se refirió a la “situación financiera crítica” que tenía OSE y destacó que este gobierno realizará una “inversión histórica” en el organismo.