Este martes, desde las 13.00, comparecen ante la Comisión Permanente del Parlamento el titular del Ministerio de Ambiente, Edgardo Ortuño, y el presidente de OSE, Pablo Ferreri, para informar sobre el contrato del proyecto que sustituye a Neptuno y el aumento de la tarifa de agua potable.
El llamado fue impulsado por el diputado blanco Juan Martín Rodríguez, que presentó 32 preguntas. “Nosotros, desde la oposición, seguimos pensando en el grave error que se ha cometido por parte del gobierno, en cuanto a depender pura y exclusivamente, para el abastecimiento del agua potable del área metropolitana de Montevideo, de una única fuente de agua natural como es el río Santa Lucía. Esa discusión va a estar siempre sobrevolando en esta comparecencia, pero no es el objeto”, aclaró Rodríguez.
En el documento con las preguntas, el diputado blanco señaló que en la interpelación realizada a Ortuño el 19 de agosto de 2025, el ministro reiteradamente se refirió a un “paquete o conjunto de obras que son fundamentales, prioritarias y necesarias”, para asegurar el abastecimiento de agua potable a más de 1.800.000 personas que viven en el área metropolitana y en la Ciudad de la Costa. Señaló que, para hacer frente a dichas obras, “la decisión que tomó el actual gobierno fue la de renegociar el contrato con Aguas de Montevideo, para la construcción del proyecto Neptuno” que había suscrito el expresidente Luis Lacalle Pou, ascendiendo la inversión a 215 millones de dólares, “según palabras del ministro”.
“Sin embargo, los anuncios realizados en la conferencia de prensa brindada por el ministro de Ambiente y el presidente de OSE el 18 de diciembre, no se ajustaban estrictamente a lo afirmado en la instancia parlamentaria”, sostuvo Rodríguez. En la sesión, el diputado subrayó que en diciembre se manejó una cifra de la inversión superior a la informada en agosto, de “al menos 50 o 60 millones de dólares” más. “Mi preocupación es la misma que tiene el actual secretario de Presidencia [Alejandro Sánchez]: que esto no se termine transformando en un nuevo Antel Arena. Porque si en cuatro meses el incremento fue de 50, 60 millones de dólares, ni le digo cuando esto empiece a desarrollarse”, dijo.
Rodríguez sostuvo que la construcción de la represa de Casupá es un proyecto “de alto impacto ambiental, que tendrá consecuencias para nada menores”, como “lo vinculado al bosque nativo”, y “el ministro sabe que si él autoriza este proyecto y algo sale mal, se va a tener que hacer cargo de esa decisión, porque va a ser su firma la que va a estar”. “Y a un ministro que tanto ha defendido lo ambiental, que el día de mañana ocurran cosas de grave afectación en esta materia yo sé que le va a pesar”, señaló.
Entre las preguntas y pedidos que realizó Rodríguez por este tema, incluyó: “¿Entre agosto y diciembre existieron nuevas prórrogas del plazo de negociación? En caso afirmativo, señalar las razones que motivaron dichas prórrogas. ¿Al día de la fecha, se ha suscrito el documento que modifica el contrato firmado oportunamente por OSE y el consorcio Infraestructura Arazatí SA? Aportar a la Comisión Permanente la versión final del documento que modifica el contrato oportunamente suscrito, acordado con el consorcio”.
Rodríguez también pidió “enumerar todas las obras que se construirán a partir de la suscripción del nuevo documento que incluye las modificaciones del contrato oportunamente firmado”. Además, hizo consultas sobre cuestiones ambientales, como si se ha cumplido con los plazos señalados y si se comenzó con la evaluación de la viabilidad ambiental de localización y la clasificación del proyecto. También preguntó en qué etapa se encuentra la actualización del estudio de impacto ambiental solicitada a OSE el año pasado.
La represa de Casupá “cubre el crecimiento de la demanda a 2045”
“Lo primero que corresponde dejar en claro es que todas las obras anunciadas oportunamente por el gobierno, y en particular por nosotros en la interpelación del año pasado, se van a realizar”, empezó subrayando Ortuño en la sesión, y resaltó que eso “es una muy buena noticia para el país, porque concretará el objetivo de asegurar el abastecimiento de agua potable de la población del área metropolitana”. Además, resaltó que agregaron otra obra “fundamental, que se va a construir en este período, que es la séptima línea de bombeo”.
Luego, Ortuño pasó a mostrar una serie de diapositivas centradas en la renegociación del contrato Arazatí. Al principio consignó que “aproximadamente el 60% del agua potable del país la consumen Montevideo y el área metropolitana (571.000 metros cúbicos por día, de los 973.000 metros cúbicos de consumo diario en promedio de todo Uruguay en 2024)”. Esto abarca a una población de 1.862.966 habitantes, con 509.478 conexiones activas de agua potable y 5.424,911 kilómetros de tuberías. Señaló que la planta de Aguas Corrientes es la “única con capacidad para abastecer la demanda actual”, con un promedio anual de 600.000 metros cúbicos por día y un máximo de 700.000.
Explicó que la demanda máxima proyectada para 2045 es de 850.000 metros cúbicos por día, subrayó la “dificultad de abastecimiento de la demanda ante mayor ocurrencia de sequías”, así como la “necesidad de mayor reserva de agua bruta que asegure producción continua de la planta de Aguas Corrientes”. Consignó que la reserva actual para el abastecimiento del área metropolitana es de 85 millones de metros cúbicos de agua bruta dulce (67 millones de la represa Paso Severino más 18 millones de Canelón Grande), y con la construcción de la represa de Casupá se sumarían 118 millones, lo que daría un total de 203 millones de metros cúbicos de agua bruta dulce.
“El déficit hídrico y la sequía de 2023 comprobó la necesidad de mayor reserva de agua bruta (Casupá)”, se leía en una de las diapositivas, y se subrayó que hubo agua “no potable” (“salada”) en los hogares por 73 días. “La represa de Casupá es necesaria para asegurar el abastecimiento de agua potable y, por tanto, la prioridad. Cubre el crecimiento de la demanda a 2045 y asegura el abastecimiento ante sequías severas”, se insistió en el documento presentado.
“El ahorro es de más de 150 millones de dólares”
Sobre el acuerdo de renegociación con el consorcio Aguas de Montevideo y las obras “que aseguran el abastecimiento de agua potable del área metropolitana y la Costa de Oro”, se subrayó que permite concretar “obras fundamentales”, como la “planta potabilizadora Aguas Corrientes 2”, la “toma de agua en el río Santa Lucía”, la “subestación eléctrica de 150 KVA (alimentación de ambas plantas)”, “la planta de tratamiento de lodos (monorrelleno)”, la séptima línea de bombeo, la “mejora de la cuarta línea de bombeo (recalque), de servicios a zonas altas de la ciudad y refuerzo del abastecimiento de las zonas este y noreste del sistema”. En la presentación se aclaró que las obras del arroyo Solís Chico (represa y planta potabilizadora) “se realizarán mediante procedimiento licitatorio independiente”.
Se sostuvo que este conjunto de obras a realizar asegura “abastecimiento de agua potable al área metropolitana y Costa de Oro”, dado que la nueva planta potabilizadora de Aguas Corrientes sumará 200.000 metros cúbicos de agua por día, mientras que la nueva planta potabilizadora de Solís Chico sumará 24.000. En total, contando la actual planta de Aguas Corrientes, da 924.000 metros cúbicos de agua por día.
En la sesión, Ortuño subrayó que la séptima línea de bombeo “explica la diferencia de montos” en relación con lo que se refirió hace algunos meses, porque “tiene un costo aproximado de 50 millones de dólares”. Sobre la características de esta séptima línea de bombeo, en la presentación consignó que comenzará en la nueva planta de tratamiento de agua potable y finalizará en la conexión al troncal existente en la ruta 8.
“Esta línea aumentará la capacidad de suministro y permitirá mejoras operativas del sistema metropolitano, particularmente en la zona este. Su principal función es aliviar la carga operativa de la actual quinta línea de bombeo, que se encuentra al límite de su capacidad en épocas estivales y abastece la zona de mayor crecimiento de demanda”, se pudo leer en la diapositiva. Además, “también mejorará la presión en las zonas elevadas, tradicionalmente afectadas por la baja presión de la quinta línea de bombeo”, y contará “con capacidad de expansión futura hacia Ciudad de la Costa”.
En la presentación se subrayó que el nuevo proyecto implica un ahorro de recursos y mejora de la situación económico-financiera de OSE. El ahorro es de más de 150 millones de dólares, porque el costo del contrato pasó de 364 a 213 millones de dólares, mientras que la reducción de la inversión necesaria en obras de abastecimiento de agua potable del área metropolitana pasó de 539 a 388 millones de dólares.
Una de las preguntas de Rodríguez fue si el documento que incluye las antes referidas modificaciones contractuales fue sometido al control previo del Tribunal de Cuentas. Ortuño señaló que el resultado del acuerdo fue enviado a ese organismo en diciembre de 2025, por tanto, aún está a consideración.
En cuanto a los aspectos ambientales, en particular, si “se comenzó con la evaluación de la viabilidad ambiental de localización y la clasificación del proyecto”, el ministro dijo que la respuesta “es que sí, que fue clasificado como B” y ahora se está a la espera de la realización y presentación del estudio de impacto ambiental por parte de OSE; “y se procederá, luego de ello, a la evaluación correspondiente, al estudio de impacto y, si correspondiera, a firmar la autorización ambiental”. Por último, el ministro informó que se espera el inicio de las obras de la planta de Aguas Corrientes para la segunda mitad de 2026 y el final de la construcción para 2028.