La Justicia francesa falló a favor de Uruguay en el arbitraje internacional iniciado en 2017 por integrantes de la familia Agarwal, vinculados al proyecto minero Aratirí, que reclamaban al Estado una indemnización de 3.536 millones de dólares por el fracaso de la iniciativa de explotación de hierro en Valentines, localidad situada entre los departamentos de Treinta y Tres y Florida.
En 2020, la Corte Permanente de Arbitraje había fallado a favor de Uruguay al hacer lugar a las objeciones planteadas por la defensa estatal. Así, desestimó el reclamo y ordenó a los demandantes pagar cuatro millones de dólares al Estado uruguayo.
Según informó Búsqueda, la sentencia se dictó el martes. Los demandantes habían argumentado que el Estado uruguayo incumplió las “obligaciones de trato justo y equitativo de las inversiones protegidas en su territorio”, establecidas en el convenio entre Uruguay y Reino Unido sobre promoción y protección de las inversiones de capital, vigente desde agosto de 1997.
En 2020, tres años después de iniciada la demanda, la Corte Permanente de Arbitraje falló a favor de Uruguay al hacer lugar a las objeciones planteadas por la defensa estatal. El tribunal desestimó el reclamo y ordenó a los demandantes pagar cuatro millones de dólares al Estado uruguayo.
Dos meses después, los demandantes presentaron un recurso de anulación contra el laudo arbitral, al que el Tribunal de Apelación hizo lugar. En 2023, el Estado uruguayo recurrió ante la Corte de Casación de Francia, el máximo tribunal del orden judicial francés, para solicitar que se revocara esa decisión.
Un fallo “muy bueno para el país”, dijo Díaz
El prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, señaló en conferencia de prensa, este jueves, que a partir de la presentación del recurso de casación se “modificó” la estrategia y se contrataron “nuevos expertos” que fueron pertinentes desde el punto de vista de “mejorar y reforzar” la defensa de Uruguay en el arbitraje que finalmente mantuvo el laudo arbitral.
Por otra parte, dijo que este caso concreto “tiene consecuencias económicas” claras que hacen “ejecutable” la condena a los demandantes a pagar los cuatro millones en “costas y costos”, al igual que una sanción de 300.000 euros adicionales que consideró la consecuencia económica “más inmediata”.
Señaló que para el Estado uruguayo este fallo significa la continuidad de una “seriedad” en la “defensa de los intereses de los uruguayos” cada vez que hay una demanda a nivel internacional, y consideró que cada vez que “aparece” un asunto de estas características “lamentablemente” aparecen críticas que cuestionan la capacidad de la defensa estatal; en ese sentido, apuntó que este caso es “una nueva demostración” de la seriedad de un país como Uruguay en tanto da “seguridad jurídica” y “respeta los contratos” de acuerdo con las normas establecidas.
Díaz dijo, además, que esto se suma a “otras negociaciones” que están en curso y que el fallo “es muy bueno para el país”, en tanto el Estado uruguayo se encuentra trabajando y “solucionando” otras demandas, y afirmó que es un motivo de “alegría” y “reafirmación” del compromiso de trabajo.