“Este Tribunal ordena al Estado que, en el plazo de un año, integre a la currícula de formación o planes de estudios de integrantes de las Fuerzas Armadas, con la respectiva asignación presupuestaria, cursos de capacitación en relación con derechos humanos, que incluyan, sin perjuicio de otros aspectos relevantes, contenido relativo a las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura, a su incompatibilidad con el derecho internacional y a la necesidad e importancia de evitar su repetición”. La cita forma parte de una orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos al Estado uruguayo, en el marco de la sentencia por los asesinatos de Diana Maidanik, Silvia Reyes y Laura Raggio –causa conocida como “Las muchachas de abril”– y las desapariciones forzadas de Óscar Tassino y Luis Eduardo González.
El mandato, que fue dictado en noviembre de 2021, no había sido acatado hasta ahora. Con ese propósito, este jueves se instaló un grupo de trabajo para “formular recomendaciones al Ministerio de Defensa Nacional [MDN] para la modificación de los planes de estudio de la formación militar, dentro del marco legal vigente y por las vías que éste prevé”, se señala en el acta de instalación del grupo, a la que accedió la diaria.
Del ámbito participaron, por el MDN, la ministra, Sandra Lazo, y el director de Formación Militar, Diego D’Elía; por la Secretaría de Derechos Humanos, su titular, Iliana Da Silva, y la coordinadora de Pasado Reciente, Mariana Risso; por el Instituto de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, Marcelo Vigo; y familiares de las víctimas y sus representantes legales.
“Esto, en realidad, se tendría que haber cumplido en la administración pasada y eso no sucedió”, dijo a la diaria Da Silva, quien remarcó que las observaciones de la Corte “son obligatorias”. “En este gobierno existe la voluntad política para hacer efectiva esta observación”, afirmó.
A fines de setiembre, una delegación de la Corte presente en Uruguay celebró dos audiencias privadas para supervisar el cumplimiento de las acciones encomendadas al Estado uruguayo en los casos Gelman y Maidanik, y otros. Da Silva señaló que, en esas audiencias, además de reiterar la solicitud de cumplimiento, la Corte sugirió la integración de los familiares de las víctimas “para la construcción de un programa de formación en derechos humanos para las fuerzas militares”.
A partir de este jueves, el grupo tiene un plazo de 180 días para elevar un informe al MDN, que “recibirá el informe y lo canalizará internamente para su aprobación formal”, se señala el acta. La próxima reunión será el 28 de octubre a las 10.30 en el Palacio Estévez. El 30 de octubre, en tanto, la Corte realizará un control sobre este punto y el gobierno deberá explicar los avances que ha tenido.
“Las nuevas generaciones tienen que saber lo que sucedió”
“Más allá de la formación integral en derechos humanos, que hoy existe en la currícula formal de los militares, es importante avanzar, y para eso es importante que se acuerde con todos los componentes”, expresó Lazo en rueda de prensa. La ministra explicó que la currícula incluye “el tema de derechos humanos en su más amplio concepto, no solamente abocados al tema pasado reciente”; en ese sentido, la sentencia “habla de que este tema sea incorporado”.
“La intención de este grupo es revisar esa currícula y hacer aportes en mejorar lo que hoy están recibiendo como formación las nuevas generaciones, e incorporar bibliografía vinculada a pasado reciente”, señaló Da Silva. En línea con lo que establece la orden, en el acta del grupo se sostiene que la medida deberá “materializarse mediante programas de carácter permanente, con la correspondiente asignación presupuestaria”.
En diálogo con la diaria, Karina Tassino, hija de Óscar, consideró en primer lugar que se trata de “un buen reconocimiento de parte del Estado de que no cumplió ese punto y de que, de aquí en más, quiere hacerlo”. En segundo lugar, afirmó que para las víctimas “es fundamental el tema de los plazos”, en tanto “sea algo que no quede en palabras, como hemos visto en varios otros puntos de la sentencia”. “El hecho de que esté la voluntad política, que esté la iniciativa de hacerlo para nosotros, es bienvenido. Tendría que haberse hecho hace cinco años, pero se está haciendo ahora. Ahora se tiene que cumplir, no puede quedar ni en planes, ni en proyección”, afirmó.
Con respecto a la orden, Tassino dijo que se trata de “un punto fundamental” para la democracia. “Vos no podés seguir formando personas sin hablar de lo que fue el pasado reciente o justificando lo que se hizo en el pasado reciente, la violación de todos los derechos humanos”, afirmó; y remarcó que “las nuevas generaciones tienen que saber lo que sucedió para que no se repita nunca más”. Asimismo, sostuvo que, una vez que se empiece a aplicar, “hay que hacerle un seguimiento para que se cumpla”.
Consultada sobre eventuales resistencias de los mandos militares a los cambios en la formación, Lazo dijo que “en un país cuya Constitución dice que el mando civil es el que comanda a las fuerzas militares, y donde el presidente de la República es el comandante en jefe, y la ministra lleva adelante la conducción civil de la defensa, no caben otras reflexiones que, una vez que se defina, se va a canalizar a través de quien tengamos que canalizarlo; lo dice la Constitución, no lo dice la ministra”.