La empresa canadiense ATCO, segundo accionista de Montecon, alcanzó un acuerdo con el Estado uruguayo y renunció de manera irrevocable a todos sus reclamos, según informó Presidencia este viernes. La empresa había iniciado un litigio en 2024 por entender que se había violado el tratado de inversión entre Canadá y Uruguay, en el marco del acuerdo con Katoen Natie, y exigía una indemnización por 240 millones de dólares.
El acuerdo alcanzado permitió poner fin al arbitraje ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), sin que Uruguay deba pagar indemnización alguna ni asumir obligaciones económicas frente al grupo canadiense. Asimismo, se estableció que ninguna de las partes reconoce responsabilidad en relación con el arbitraje ni deberá compensar económicamente a la otra. Desde Presidencia también se señaló que Uruguay no otorgó beneficios ni contraprestaciones a ATCO ni a Montecon.
El cierre de este litigio se suma al del arbitraje internacional promovido por Neltume contra Uruguay. Presidencia destacó que ambos resultados “ponen de relieve la importancia de una estrategia jurídica orientada a la protección de los intereses del Estado y de los recursos públicos, así como a la búsqueda de soluciones que permitan resolver controversias internacionales sin comprometer económicamente al país”.
Jorge Díaz: “Día a día vamos logrando disminuir el número de contiendas internacionales, con un saldo netamente favorable a Uruguay”
En una rueda de prensa con motivo del anuncio, el prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, celebró que ATCO desistiera del reclamo, hecho que se consumó de forma definitiva el miércoles, y comentó que se trata de “una amenaza menos” para el Estado uruguayo.
El prosecretario de Presidencia enfatizó que la resolución “no está sometida a ninguna condición”, por lo que el país “no asume” ninguna obligación. A eso le sumó que es “sin cargo”, lo que significa que la empresa canadiense “renuncia a acciones judiciales posteriores”, elementos que también formaban parte de la conclusión del arbitraje promovido por Neltume.
Según explicó el jerarca, uno de los aspectos que distinguen a ambos procesos es que el Estado uruguayo “no había hecho aportes al Ciadi”, ya que mientras que en el otro proceso “se había constituido un tribunal arbitral”, ese no fue el caso para el que impulsó ATCO. En ese sentido, dijo que los únicos gastos que se deberá asumir corresponden a la contratación de los abogados defensores. Recordó, de todas formas, que “el Estado uruguayo no va a reclamar indemnización” alguna.
Además de las condiciones del acuerdo, destacó el trabajo que lleva adelante el equipo jurídico de Presidencia, que lidera la oficina que preside, pero que también integra la Secretaría de la Presidencia y trabaja en conjunto con estudios en el exterior. “Hay un trabajo permanente, y yo creo que día a día vamos logrando disminuir el número de contiendas internacionales, y hasta ahora con un saldo netamente favorable a Uruguay”, valoró.
Tras adelantar que “se está trabajando” en torno a “otro arbitraje”, se le consultó cuáles eran los procesos vigentes contra el Estado uruguayo y Díaz enumeró tres. El primero es impulsado por la empresa logística Lobraus y, según informó El Observador esta semana, la demanda ronda los 100 millones de dólares y se debe a la rescisión por parte de la Administración Nacional de Puertos del contrato que le permitía operar en el puerto de Montevideo. Los demandantes alegan que esa medida infringe el tratado de inversiones que Uruguay mantiene con Estados Unidos, donde está asentada la empresa.
También se refirió a un diferendo con la empresa Veridos, que “tiene que ver con el control fronterizo”, y por el que “se está avanzando en una solución”. En tercer lugar mencionó un arbitraje que lidera la empresa española Asesores Financieros Andalucía Occidental-Sociedad Gestora de Patrimonio por la rescisión de una concesión al Consorcio Ruta 1 –del que era accionista– para la construcción de un tramo de la ruta 1, durante el gobierno de Tabaré Vázquez.
Respecto del proceso que inició Lobraus, Díaz informó que el gobierno recibió una notificación el jueves, “más allá de lo que se había adelantado a través de la prensa”, y que recién se están interiorizando al respecto. “Hemos empezado a trabajar, una parte del equipo, porque el grueso del equipo está trabajando con el estudio Arnold & Porter de Inglaterra en la preparación de otro arbitraje”, explicó sobre ese caso.
