Una vez que, a principios de marzo, se levante el receso legislativo, el oficialismo tiene previsto empezar a tratar en el Parlamento el proyecto de ley que propone transformar al Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) -actualmente bajo la órbita del Ministerio del Interior- en un servicio descentralizado.

La iniciativa ya está redactada y fue presentada este lunes por el ministro del Interior, Carlos Negro, a los legisladores del Frente Amplio. En el proyecto, al que tuvo acceso la diaria, se plantea la creación del Instituto Nacional de Reinserción como un servicio descentralizado, cuyo cometido central será “el diseño, implementación y control de las políticas y programas de reinserción social” de las personas privadas de libertad, así como “la organización y gestión del sistema penitenciario”.

Por la forma, y también por algunos aspectos del contenido del proyecto, la noticia no cayó bien en la Organización de Funcionarios Civiles Penitenciarios (Ofucipe). Su presidente, Jonatan Perdomo, dijo a la diaria que el sindicato no participó en la elaboración del proyecto. “No estamos de acuerdo. Primero que nada, porque no se negoció con el sindicato y se incumplió la ley de negociación colectiva. Partimos de la base de que el Ministerio [del Interior], así como pasó en el presupuesto quinquenal, otra vez no negoció con los trabajadores”, expresó.

De todos modos, a partir de un acceso “extraoficial” al documento, Perdomo dijo que en el proyecto del Poder Ejecutivo se incluyen “diferencias entre los escalafones”, dado que “se habla de que el operador penitenciario, el escalafón S, no puede pasar a pase en comisión, pero sí el escalafón L”, que corresponde al personal policial.

En efecto, el artículo noveno del proyecto establece que el personal penitenciario (escalafón S) queda excluido del régimen de pases en comisión, “cualquiera sea su naturaleza, con excepción de los vigentes a la fecha de promulgación de la presente ley”. Por el contrario, en el artículo décimo se dispone que el Ministerio del Interior “asegurará la provisión” del personal policial (escalafón L) “necesario para el cumplimiento de los cometidos de la presente ley mediante pases en comisión al servicio descentralizado”.

“Somos el único escalafón de la administración central que no puede estar en pase en comisión, [algo] que no entendemos por qué y que no se planteó tampoco con los trabajadores”, resaltó Perdomo. El presidente de Ofucipe cuestionó que “en una ley de descentralización del INR haya cosas que afecten a los trabajadores y a las trabajadoras del sistema”, y señaló que en este escenario el sindicato saldrá “nuevamente de atrás a hablar con los parlamentarios” para modificar la iniciativa.

En el proyecto se establece, como “principio de no afectación”, que la reforma del INR no “podrá significar disminución o afectación de las retribuciones o compensaciones complementarias que por todo concepto perciben los actuales titulares de las mismas, así como tampoco de los derechos adquiridos en la carrera administrativa”.

Perdomo apuntó, además, que desde el gobierno no se les consultó a los trabajadores “si se quería un director o un directorio de seis, cinco o cuatro directores, como hay en otros lados”. “Nosotros sí hemos planteado a la dirección del INR, a Ana Juanche, que queríamos un representante de los trabajadores dentro del directorio, [pero] tampoco se tomó en cuenta”, expresó.

Al margen de esto, consultado sobre la cuestión de fondo, que es dotar de mayor autonomía al INR, el dirigente sindical manifestó: “Nosotros estamos de acuerdo con la descentralización del INR, porque es fundamental tener nuestro propio presupuesto. Y además esto implica darles una nueva estructura a las cárceles”.

Perdomo señaló que actualmente hay “más de 16.000 personas privadas de libertad”, y otras 10.000 que cumplen sus condenas con medidas alternativas. “El sistema está colapsado y nosotros hemos dicho en varias oportunidades que estamos en una emergencia en materia de cárceles. Así que el descentralizar el INR, para nosotros, es muy beneficioso”, resaltó.

Abdala propuso las primeras modificaciones al proyecto

Este martes también se pronunciaron algunos dirigentes de la oposición política. El senador del Partido Colorado (PC) Pedro Bordaberry escribió en X que las actuales autoridades del Ministerio del Interior no tienen “sentido de la urgencia del problema de la seguridad”. “Hace ya un año que presentamos al Ministerio del Interior y al Parlamento el proyecto de creación del INR; hoy anuncian que tienen un borrador!”, exclamó.

Por su parte, el diputado del Partido Nacional (PN) Pablo Abdala recordó en rueda de prensa que la oposición había solicitado el envío de la iniciativa “el mes de julio del año pasado”; de todos modos, consideró “auspiciosa” la posibilidad de que “esto pueda llegar a concretarse” en los próximos meses.

Los programas de gobierno que presentaron el PN y el PC en las últimas elecciones nacionales incluían reformas similares vinculadas al INR. Los blancos habían propuesto convertirlo en un servicio descentralizado en vista del “relativo consenso en que las 'cárceles' deben salir de la órbita del Ministerio del Interior, cuyo foco principal suele instalarse en la función preventiva y eventualmente represiva”. En la misma línea, los colorados habían planteado llevar a cabo “una profunda reforma institucional del sistema penitenciario, removiendo al INR del Ministerio del Interior y transformándolo en un servicio descentralizado enfocado exclusivamente en la materia”.

Si bien puntualizó que el PN aún no ha definido una posición sobre el proyecto del Poder Ejecutivo, a título personal, Abdala sugirió algunos cambios a la iniciativa. El diputado nacionalista mencionó, por ejemplo, “la posibilidad de que el organismo esté a cargo de un directorio”, lo que permitiría “un mejor control interno” y “al mismo tiempo facilitaría lo que todos sabemos que debe facilitarse, que es la definición de una política de consenso”.

El proyecto del Ministerio del Interior establece que el nuevo Instituto Nacional de Reinserción será dirigido por un único director general, que “será secundado por un secretario general, de particular confianza”.

Asimismo, Abdala planteó evaluar la posibilidad de “crear un ente autónomo para que ese organismo efectivamente fuera lo más independiente posible, de acuerdo con las posibilidades que admite la Constitución”. “Si fuera solo un servicio descentralizado también tendría autonomía, pero el Poder Ejecutivo seguiría ejerciendo una suerte de tutela administrativa”, añadió. En la iniciativa que Negro presentó este lunes a la bancada del oficialismo se señala que el nuevo instituto se vinculará formalmente con el Poder Ejecutivo a través del Ministerio del Interior.

“Si el gobierno nos propusiera, por ejemplo, simplemente cambiar la naturaleza jurídica de lo que ya tenemos hoy, que vayamos a un servicio descentralizado donde la directora Juanche siga siendo la directora general del nuevo organismo y que la vinculación siga siendo con el Ministerio del Interior, eso es más o menos lo que hay hoy. Es dar un paso tímido. Yo creo que tenemos que dar un paso bastante más ambicioso”, concluyó el diputado del PN.