“Los equilibrios geopolíticos cambiaron, los equilibrios comerciales cambiaron y las élites de los gobiernos de Occidente, europeos y del Mercosur, hemos entendido que es inminente lograr un acuerdo de este tipo”. Así resumió el lunes el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, el contexto del acuerdo Mercosur-Unión Europea (UE), durante la reunión de la comisión especial del Senado que estudió y votó el acuerdo ese mismo día.

Según consta en la versión taquigráfica, Oddone marcó durante el encuentro “qué importante es ser miembro del Mercosur”. “En 20 años hemos asistido a una larga discusión en Uruguay controvirtiendo si nosotros deberíamos habernos apartado, deberíamos haber jugado en solitario, deberíamos haber salido del acuerdo. Varios de nosotros muchas veces hemos argumentado que ese es un planteo no fundado en bases ciertas porque, entre otras cosas, el 20% del empleo industrial de este país depende de productos que se exportan a Argentina y Brasil y que no vendemos a cualquier otro, llámese químicos, productos de laboratorio, plásticos, etcétera”, señaló Oddone. A su vez, pidió a los legisladores que imaginen qué sucedería si “en este mundo sin multilateralismo, con reglas de juego cambiantes y absolutamente jalonado por decisiones unilaterales”, Uruguay no pudiera “tener un ámbito de pertenencia con un tamaño mayor”.

El ministro remarcó durante la sesión que los efectos “positivos netos” del acuerdo Mercosur-UE serán “extraordinarios”: las estimaciones realizadas por la cartera indican que el producto interno bruto (PIB) crecería más de 1,5%, que las exportaciones aumentarían 4%, que el empleo crecería 0,5% y que el salario real se incrementaría 1%. Además, se manejó en comisión que según las conclusiones preliminares del estudio de impacto que está haciendo el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el acuerdo generaría “una caída significativa de la pobreza y una mejora en los índices de desigualdad también significativa”, aseguró el director de Política Comercial del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Juan Labraga.

Sobre eventuales sectores perdedores, Oddone señaló que la clave es “cómo gestionamos equitativamente la transición” y cómo “mitigar” las consecuencias negativas.

Áreas con “desafíos comerciales” a partir del acuerdo

Labraga dijo que habrá sectores “con desafíos comerciales” a partir de la firma del acuerdo, como el sector autopartes y de automóviles, el del vino y los lácteos. Sobre el vino, señaló que “la lucha fuerte” no va a ser entre la UE y Uruguay, sino entre el bloque europeo y Argentina, y sobre el sector automotor estimó que el impacto será “muy marginal” y que “hay tiempo”, porque el cambio comenzará a regir en diez o 15 años.

En cuanto a los lácteos, apuntó que Uruguay tenía claro “que era una sensibilidad” para el país y que “lo máximo que podíamos hacer era otorgar una cuota”. Mencionó en este sentido que la cuota que otorgó todo el Mercosur a la UE es de 10.000 toneladas a los diez años de vigencia del acuerdo, y para contextualizar la cifra señaló que Uruguay le vende a Brasil 60.000 toneladas. En cuanto a los quesos, la cuota es de 30.000 toneladas a los diez años, cuando actualmente la UE exporta al Mercosur algo más de 4.000 toneladas. La cuota que otorgó el Mercosur excluye al queso mozzarella, que representa el 25% de las exportaciones uruguayas a Brasil.

En tanto, los productos que más se verán beneficiados por el acuerdo, como ya se señaló, son la carne bovina, el arroz y la miel.

Por otra parte, Labraga informó que la renuncia fiscal del Estado por concepto de quita de aranceles al bloque europeo será de cinco millones de dólares anuales en los primeros diez años, y de 1,7 millones desde el año diez al 15 de vigencia del acuerdo. “Parece una renuncia que está escalonada, que va a abarcar a varios gobiernos, pero no parece ser muy desafiante” ni “tan significativa”, evaluó.

Concesiones sobre empresas estatales y compras públicas

En materia de compras públicas, Labraga explicó que el acuerdo otorga trato nacional a los proveedores de la otra parte (no pueden establecerse distinciones entre proveedores nacionales y extranjeros). Pero en esta materia, Uruguay exceptuó las compras del Ministerio de Defensa Nacional y del Ministerio del Interior, y además la cláusula de trato nacional solo aplica para las compras públicas que estén por encima de los 770.000 dólares, aproximadamente. En materia de obra pública, para que la cláusula aplique, la contratación tiene que estar por encima de los ocho millones de dólares.

También quedan excluidos del criterio de trato nacional subprogramas de contratación pública y de fomento de la compra nacional que ya existen, como el subprograma para el desarrollo de la industria farmacéutica, el de contratación pública para el desarrollo de la industria textil y la vestimenta, y el subprograma para el desarrollo de la industria del calzado. “Y en términos generales, está excluido todo el programa de compras públicas para el desarrollo que se creó por ley en 2008”, detalló. También se logró incorporar que los servicios de construcción y obra pública “pueden dar un margen de preferencia en el precio por la contratación de nacionales en la ejecución de la obra pública”, informó Labraga.

Por otra parte, el jerarca del MEF recordó que el acuerdo establece que las empresas públicas “se deben comportar con consideraciones comerciales en sus compras y ventas cuando participen en actividades comerciales en el territorio de otra parte”, pero aclaró que esta obligación no aplica al mercado nacional. “El capítulo reconoce que las empresas que desempeñan funciones de interés nacional, tales como políticas de financiamiento de viviendas, apoyo a exportaciones, desarrollo de pymes, seguridad social o planes públicos de jubilación, están exceptuadas de tener comportamientos diferenciados, lógicamente”, indicó Labraga.

En materia de propiedad intelectual, aclaró que no hay extensión de plazo en materia de patentes ni en protección de datos de prueba.

Las indicaciones geográficas y la quesería

Por otra parte, la vicecanciller Valeria Csukasi detalló el impacto de las disposiciones del acuerdo en materia de indicaciones geográficas, que identifican productos por su lugar de producción; por ejemplo, el queso “parmesano”, “gruyer” o “fontina”. La jerarca explicó que hubo una consulta pública a las empresas uruguayas que utilizan estas denominaciones para nombrar a sus quesos, y se incorporó a 38 empresas en un listado que estará exceptuado de cumplir con los requisitos del acuerdo en este punto; es decir, estas empresas podrán seguir utilizando esas denominaciones, que para nuevas empresas quedan prohibidas a partir de la firma del acuerdo.