El senador oficialista Sebastián Sabini solicitó a la presidencia de su cámara que se conformara una preinvestigadora por el conflicto entre el Estado y el astillero Cardama, aunque finalmente el oficialismo y la oposición acordaron la formación de una comisión bicameral vinculada a la Asamblea General, que investigará desde 2010 a la fecha con representación de todos los partidos.
Este lunes, el legislador visitó la diaria Radio y dijo que el proceso hasta alcanzar la iniciativa que se votará este lunes fue “complejo”: “Nos parecía que podía ser importante generar una instancia con esas características porque, en definitiva, cuando uno analiza todo el proceso y lee las actas de la interpelación no hay una sola respuesta a todos los cuestionamientos que hicimos”, acotó.
Sabini dijo que no hubo respuesta sobre “por qué se aceptó la primera garantía ‘trucha’ de fiel cumplimiento” —emitida por la británica EuroCommerce Bank, aunque el titular de la empresa, Mario Cardama, dijo que habían presentado otras dos— ni por qué se aceptó una garantía de reembolso que, “cuando nuestro gobierno va a intentar ejecutarla, resulta que lo que estaba en el Ministerio de Defensa Nacional (MDN) era el contrato de términos y condiciones del seguro, no el seguro en sí”. “En ningún momento Cardama constituye las garantías. Ni la primera ni la segunda; ni antes de la firma del contrato, ni durante ni después. Esto es muy importante porque sin esas garantías no se podría haber comenzado a ejecutar el contrato y, por lo tanto, los pagos”, dijo.
Sobre la investigadora que fue planteada por la oposición para la Cámara de Diputados, aseveró que estaba centrada “solo en la rescisión” y no en el proceso, con lo que “se intenta poner el foco en cuestiones que no son las trascendentes”. A su vez, evaluó que “era muy difícil de explicar que tuviéramos dos comisiones investigadoras” y, de ocurrir, hubiera sido “absolutamente bochornoso” reflejar que “el sistema político no se puede poner de acuerdo para investigar algo que todos entendemos que hay que investigar”. Así, sostuvo que la bicameral aparece como “una señal de racionalidad” y un inédito “punto de acuerdo” que, por carecer de antecedentes, “marca la importancia del tema”.
¿Qué y a quiénes se va a investigar?
Presidida por la oposición, la investigadora tendrá 17 integrantes; nueve del FA y ocho pertenecientes a los partidos opositores. Dijo que la solución es “buena” porque “da un marco institucional para llevar adelante la investigación” a la luz de que las instancias bicamerales “no son muchas”. Explicó que conformar una investigadora “no está previsto en el reglamento de la Asamblea General”, por lo que seguramente el “camino reglamentario” será conformar “una comisión especial con fines de investigación”. A pesar de que la bancada todavía está discutiendo quiénes la integrarán, Sabini se incluyó y dijo que “probablemente” la integren “los que más estuvimos”, como sus homólogos Eduardo Brenta y Nicolás Viera.
Este lunes por la tarde se votará su conformación y está por verse “cuál es el tono”. Además, Sabini espera “tener un trabajo acorde”, con un plan en el que, a entender del FA, aparecen “algunos actores de la Armada que tienen que ir a la comisión” y “evidentemente“ requerirá un funcionamiento “relativamente periódico” para cumplir con un plazo que se estableció en seis meses. Indicó que la bancada frenteamplista cuenta con “una serie de nombres”, entre los que se encuentran el excomandante en jefe de la Armada Jorge Wilson, el contralmirante Gustavo Musso y el abogado José Miguel Delpiazzo. También cree que “seguramente surjan otros” y que “quienes cumplieron roles clave en determinados momentos deberían participar”.
Asimismo, Sabini hizo referencia a los recientes “comentarios lapidarios” que trascendieron por parte del estudio jurídico. “Durante todo el proceso, el Banco República le planteó al MDN que contratara una asesoría jurídica y un asesor contable. Hasta donde sabemos esto es parte de lo que hay que profundizar; a la parte contable no se le prestó atención y en la parte jurídica se contrató a Delpiazzo. Creo que queda muy de manifiesta la postura que tiene Delpiazzo, según esos audios, que entiende que las garantías eran reales, pero que el proceso era desprolijo”, condensó.
Las advertencias del abogado llegaron directamente al exdirector de Recursos Financieros del MDN Damián Galo. Consultado sobre si debería concurrir, Sabini reparó en que el proceso de compra “no tiene un expediente”, sino que se constituyeron actos administrativos “a través de correos”: “En la medida en que surjan determinados actores clave -este podría ser uno-, los vamos a invitar a que concurran a ver si pueden explicar algunas cosas”.
“Es uno de los que puede dar explicaciones también”, extendió Sabini sobre el rol del exministro de Defensa nacionalista Armando Castaingdebat. “En agosto de 2024 hizo una declaración en la Comisión de Defensa del Senado donde dice: ‘Bueno, estamos esperando que realicen el pago para aceptar la garantía’. Ese pago, hasta donde yo sé, nunca se produjo”, acotó. Dijo que, junto con García, son “voces calificadas para hablar de esto”, y explicar “por qué se tomaron determinadas decisiones y en qué medida los ministros estaban involucrados”.
Al margen de lo anterior, evaluó que el procedimiento de las garantías estuvo “plagado de irregularidades”. Señaló que “tenían que establecer garantías a los 45 días y lo hicieron a los 11 meses”, que “el contrato decía que las garantías tenían que ser por 42 meses y eran por 12”, que esas garantías eran “absolutamente truchas” y tenían “documentos apócrifos” que estaban “sin traducir, sin apostillar” o eran “copias de otros documentos”. En ese sentido, a la hora de investigar, adelantó que el Parlamento deberá contar con “informes que se realizan algunos desde España” y las investigaciones administrativas de organismos del Estado. Mesuró, sin embargo, al decir que el Parlamento “no es un juzgado” y “en todo caso establecerá a su real saber y entender las responsabilidades políticas”.
Para el senador, se aceptó una cuaderna maestra cuando “no se conocía” y se “ejecutó un pago de casi diez millones”
Mientras la investigadora oficialista en el Senado tenía previsto investigar desde 2014 en adelante y la que planteó la oposición fijó como año de inicio el 2005, la bicameral estableció el comienzo de las investigaciones en 2010. Sabini explicó que originalmente optaron por esa fecha porque el Senado planteó “una suerte de declaración en donde establece la necesidad de contar con patrullas oceánicas” y, además, porque se había dicho “que el FA no quería incluir sus períodos”. Finalmente, explicitó que no tienen inconvenientes en estudiar la rescisión, ya que el gobierno tiene “razones de sobra” y “le asiste la razón y el derecho”.
Sobre los fundamentos de la rescisión, indicó el contrato de suministro que se establece por el Tocaf, que indica “que puede haber rescisión unilateral”; además de que las garantías “son parte constitutiva de ese contrato” y el contrato con Cardama reitera lo anterior. “Si la oposición necesitaba incluir ese período para acompañar la investigadora, a nosotros nos parecía bien. Ahora, entendemos que lo sustantivo es lo otro”, dijo.
En ese campo, se preguntó “por qué un funcionario público político designado por el exministro García decide, el 27 de febrero, aceptar una cuaderna maestra —que es el plan constructivo, la memoria, los planos— cuando esa cuaderna maestra no se conocía”, sino que “es enviada por correo el 5 de marzo”, aunque prefirió omitir el nombre de la persona involucrada y dijo que “formará parte de la investigación”. Sabini explicó que se trata del plano constructivo perteneciente a la primera barcaza y, a su vez, era el segundo hito para establecer el segundo pago. “Alguien le tiene que explicar al Parlamento por qué se aceptó una cuaderna maestra que no vieron, porque llegó después de la aceptación y eso ejecutó un pago de casi diez millones de dólares”, afirmó.
“Se conformó un mecanismo, con esa cuaderna maestra, y esto lo dice Lloyd’s, que suponía una obligación del Estado uruguayo de pagar en la medida que se fueran constituyendo esos hitos”, pero no estaban vinculados a “un avance constructivo”, sino “a los hitos” por sí mismos y “es como si fueras construyendo pedazos pero no el proceso”. Como ejemplo, dijo que Cardama intentó cumplir el hito de la segunda quilla de la segunda OPV “que estaba establecido para abril de este año y lo quiso realizar en enero”, ya que “con los otros hitos de la primera barcaza, que eran los motores o los generadores, no iba a poder cumplir”.