El pasado martes, la Comisión de Constitución y Legislación de la Cámara de Senadores volvió a dar tratamiento al planteo realizado por el convencional del Partido Colorado (PC) por Florida, Juan Esequiel Ibarra, sobre una presunta inconstitucionalidad cometida por el senador Andrés Ojeda en su actuación como abogado defensor. La gravedad del asunto recae en que la violación del artículo 124 de la que se lo acusa podría concluir –según algunas interpretaciones– en “la pérdida inmediata del cargo legislativo”.

El tema tuvo origen en la fiscal Sylvia Lovesio, quien citó el artículo 124 de la Constitución de la República durante una causa donde Ojeda desarrollaba su rol profesional. Tomado el caso por Ibarra, y ya en órbita legislativa, aparecieron diversas interpretaciones jurídicas. Finalmente, las últimas derivaciones se dieron en la reciente sesión de comisión, donde el Frente Amplio (FA) decidió solicitar la comparecencia al ámbito de los constitucionalistas Martín Risso, José Korzeniak y Daniel Ochs, así como también acceder al “archivo de actuaciones” de la fiscal Lovesio.

Más allá de estas actuaciones, aprobadas solo con los votos oficialistas, durante la sesión se vivió un clima de tensión, con cuestionamientos de ambas partes. Según consta en la versión taquigráfica, luego de conocidas las intenciones del FA, el senador colorado Pedro Bordaberry recordó que, de acuerdo a lo informado por los servicios jurídicos del Palacio Legislativo, la comisión de Constitución y Legislación es “absolutamente incompetente para entender” el caso.

El legislador opositor puntualizó que el denunciante, el convencional Ibarra, “no tiene legitimación activa”, según consta en uno de los informes. En ese sentido, Bordaberry indicó que para avanzar contra Ojeda “es necesario que exista una actuación de la Cámara de Representantes mediante un juicio político”. Con ese punto de partida, el líder de Vamos Uruguay cuestionó que se quiera “crear una suerte de comisión investigadora” por parte del FA, pasando “por arriba a las normas, los reglamentos y las leyes” y no yendo al archivo del caso, como fue recomendado por los servicios jurídicos del Parlamento.

A partir de ese planteo inicial, el frenteamplista Daniel Caggiani explicó que la postura del FA se basa en el hecho de que el informe de los servicios jurídicos de la Cámara de Senadores plantea que, para que la denuncia de Ibarra avance, “un senador o la cámara como cuerpo debería hacer suya la denuncia”, y en ese sentido, la comisión pasa a ser competente para “investigar y dictaminar [asesorar], pero incompetente para resolver por sí misma la pérdida del cargo”. En ese sentido, Caggiani puntualizó que, si bien Ibarra no tiene “legitimación activa” para obligar al Senado a iniciar un proceso de destitución, se puede tomar la denuncia como “notitia criminis [noticia de irregularidad] e informar al plenario”.

“Nosotros, antes de archivar, estamos solicitando información; no estamos entrando en el fondo del asunto, porque creemos que no existe información relevante para hacerlo”, analizó Caggiani luego de citar al informe. “Las alternativas son claras: o el archivo que recomienda el informe jurídico, o que algún senador haga suyo esto y lo lleve al pleno. Hay un total de 11 informes jurídicos: ocho particulares y tres del Poder Legislativo”, dejó plasmado, por su parte, Ojeda, buscando no dilatar el tema en la órbita de la comisión.

Los cuestionamientos a la actitud del FA

“Todos sabemos lo que hay detrás; lo que hay detrás es la proscripción o la censura de un dirigente político, secretario general del Partido Colorado, y que es, además, senador de la república”, planteó el senador nacionalista Javier García. Para el legislador, como los informes de los servicios parlamentarios “no conformaron” ni habilitaron una “censura” para Ojeda, el oficialismo decidió “pedir otros”.

“Hay que sincerar la discusión porque, si no, es una pérdida de tiempo, y hacerlo significa que quieren buscar medidas para echar al senador Ojeda del Parlamento; esa es la realidad”, reafirmó García. “Desde el punto de vista de la democracia, esto es gravísimo”, agregó en la misma línea el legislador. “Estamos jugando a la juridicidad de una decisión que es política, totalmente antijurídica, peligrosa para la democracia”, concluyó en su análisis.

“Eduardo Lust no había sido candidato a presidente, no era secretario general de un partido y no encabezaba, quizás, las acciones más opositoras dentro de este Parlamento”, enumeró Ojeda recordando actuaciones como abogado del entonces diputado cabildante en el período legislativo pasado, que poseían similares características, y que no tuvieron igual repercusión.

“Yo aguanto la decisión que ustedes quieran tomar, no le tengo miedo a lo que viene”, profundizó Ojeda. “Les digo retruco, señores: hagan el juicio político. Lo que sí sé, y es un dato de la realidad, es que acá el Frente Amplio no va a echar a nadie porque no tiene los votos”, alegó también el senador colorado.

“A mí no me corren, no me achican, no me amedrentan; hoy nos sentamos a anunciar la continuidad de Mónica Ferrero y mañana será otra cosa. Cuantos más palos reciba, más voy a redoblar porque para eso estoy”, remarcó. “Si quieren hacer la inquisición, la hacen, hacemos el show, vamos al Senado, dicen todo lo que tengan que decir, votamos y seguimos de largo”, agregó.

“Han entrado en un desbarranco que yo, que hace un tiempo que estoy acá, nunca había encontrado, incluso en momentos muy difíciles de la vida del país”, complementó García sobre los legisladores del FA. En esos términos, al promediar la sesión, el propio senador blanco pidió un cuarto intermedio dejando constancia de su preocupación por el “nivel de agravio, de enfrentamiento y de patoterismo político” del oficialismo.

La respuesta oficialista

“Poner en riesgo la democracia porque estemos planteando una situación sobre una inconstitucionalidad o no no me parece algo real”, planteó el frenteamplista Nicolás Viera.

Asimismo, recordó que “han existido hechos más graves”, y citó como ejemplo reciente acusaciones a su partido de “generar políticas para favorecer el narcotráfico”, en ese caso en referencia a dichos del senador nacionalista Sergio Botana a Canal 5.

“Si quieren ocultar o no decirle la verdad a la gente, ese es otro problema que el Frente Amplio no va a poder resolver”, profundizó Viera, volviendo al tema y defendiendo la posición del oficialismo de seguir tratando el tema en comisión. Además, rechazó que García haya tildado a los frenteamplistas de “patoteros” cuando “fue el senador Bordaberry quien se paró a pelear y a los gritos” minutos antes en la misma sesión.

“Nos vienen a dar cátedra de democracia los que argumentaron que el gobierno envió espías al exterior”, planteó también Viera, en referencia a dichos del propio senador García sobre los oficiales enviados por el gobierno al astillero Cardama.

“El Frente Amplio nunca echó a ningún legislador; nunca. Es más, a quien le echaron a un legislador fue al Frente Amplio, así que creo que para blandir banderas hay que tener antecedentes”, comentó el senador frenteamplista Sebastián Sabini en referencia a José Germán Araújo. “De hecho, tengo una simpatía –digamos– por el senador Ojeda, y la verdad es que no querría tener que llegar al punto de tener que plantear un juicio político, sinceramente no”, profundizó.

Sin embargo, Sabini dejó claro que hay “una denuncia que es grave”, y agregó, teniendo en cuenta el origen del caso, que se confía “plenamente en la fiscalía”. “A mi entender, archivar sin hacer absolutamente nada sería irresponsable”, concluyó.