En el marco del caso del astillero español Cardama Shipyard, la senadora del Partido Nacional (PN) Graciela Bianchi cursó un pedido de informes a la Presidencia de la República para conocer detalles sobre las reuniones que tuvieron lugar en la Torre Ejecutiva entre jerarcas del gobierno y el abogado y exsecretario de Presidencia (2005-2008), Gonzalo Fernández. Desde la oposición se ha venido insistiendo con este tema.

Por ejemplo, en febrero, el nacionalista Armando Castaingdebat, quien fue ministro de Defensa Nacional durante el último año del gobierno de Luis Lacalle Pou -luego de la salida de Javier García para dedicarse a la campaña electoral-, había asegurado que Fernández era el abogado de Cardama y que en esas reuniones planteó “no menos de tres alternativas para sustituir la garantía” de fiel cumplimiento de Eurocommerce, la que el actual gobierno ha calificado de estafa. De hecho, Eurocommerce fue disuelta por el organismo regulador de sociedades anónimas de Reino Unido.

La respuesta al pedido de Bianchi, a la que accedió la diaria, está firmada por el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez. En relación a la consulta de Bianchi sobre “cuántas reuniones existieron, equipos participantes y si el presidente [Yamandú] Orsi, como se informa públicamente, lo hizo en alguna de ellas”, desde el gobierno se informó que “se realizaron dos reuniones con el señor Gonzalo Fernández”. Se agregó que en la primera reunión participaron Orsi y Fernández; en la segunda reunión estuvieron presentes el prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, el subsecretario de la cartera, Joel Rodríguez, Sergio Pérez, Álvaro Colotta, Cristina Vázquez y el propio Fernández.

Ante una segunda consulta que hizo Bianchi, si Fernández “trasladó alguna propuesta” en dichas instancias, en la respuesta del gobierno se indicó que “ambas reuniones fueron de buenos oficios, por lo que formalmente no se trasladó ninguna propuesta”.

Por último, con relación a la pregunta de la senadora del PN sobre “qué respuesta dio el Poder Ejecutivo a la empresa a través de su representante”, desde Presidencia señalaron que, “en tanto no se trasladó formalmente propuesta alguna, no se brindó ninguna respuesta”.

La respuesta desde la Torre Ejecutiva no fue vista con buenos ojos por Bianchi. Consultada por la diaria, la senadora nacionalista dijo que al leer la respuesta le dio la sensación de que hay “una gran inoperancia de las autoridades de Presidencia, fundamentalmente de Díaz, que es el que tiene el tema en sus manos, porque reconocen que hablaron con Fernández más de una vez”. “Cuando los abogados negociamos, es un ida y vuelta permanente. Vos no te sentás a esperar a ver qué va a hacer el otro, y Fernández es frenteamplista. Es una prueba más de la falta de sentido de la responsabilidad de Díaz”, afirmó.

Por otro lado, el senador del Frente Amplio Eduardo Brenta, integrante de la comisión que investiga el proceso de compra de las dos patrullas oceánicas al astillero español, dijo a la diaria que Orsi recibió a Fernández a partir de una solicitud de entrevista de este último, “cosa que habitualmente el presidente concede, y particularmente a alguien que fue secretario de la Presidencia del gobierno de Tabaré Vázquez”. “En realidad, Fernández mostró su disposición a colaborar en este tema, pero sin realizar ninguna propuesta concreta; simplemente fue como ponerse al servicio del gobierno en la búsqueda de una alternativa, pero eso no vino de la mano de ninguna clase de propuesta que tratara de transformar la situación en algo viable”, aseguró.

Además, el senador frenteamplista sostuvo que, luego de las declaraciones que hizo en el marco de la investigación administrativa el contralmirante Gustavo Musso, exjefe del Estado Mayor de la Armada, sobre los plazos y los precios “absolutamente incumplibles” que propuso Cardama, “es imposible intentar pasarle una factura al gobierno”. Por lo tanto, para Brenta, las declaraciones de Bianchi en realidad buscan “cambiar el foco de una situación que cada vez es más grave y que obviamente va a tener consecuencias penales”.