El diputado del Partido Colorado (PC) Felipe Schipani puso sobre la mesa varias “propuestas para enfrentar el crimen organizado”, en un documento al que accedió la diaria. “El delito cambió, y cuando el delito cambia, el Estado también tiene que cambiar la forma de combatirlo”, señala el diputado, y sostiene que “la presencia del crimen organizado ha transformado completamente el mapa de la inseguridad en el país”. “Ya no enfrentamos solamente delincuentes aislados, sino organizaciones con enormes recursos económicos, logística, armamento y una violencia cada vez más extrema. Estos grupos han distorsionado totalmente la vida en los barrios”, expresa Schipani.

En el documento, Schipani subraya que “antes, incluso dentro de la ilegalidad, existía una lógica distinta”, porque “muchos delincuentes respetaban a los vecinos, había ciertos códigos”, pero “eso hoy se perdió por completo”. “Ahora se asesina sin límites, se mata por territorio, se balean casas y se imponen reglas mafiosas. Se amenaza, se ajusticia y se importaron prácticas propias del crimen organizado internacional”, agrega.

El diputado subraya que en determinados barrios se vive una verdadera guerra entre bandas y, en esa guerra, “los ciudadanos honestos son las verdaderas víctimas”. “Hace pocos días, una niña de cinco años fue alcanzada por una bala perdida en medio de un enfrentamiento criminal. Esa imagen resume el fracaso del Estado para garantizar lo más básico: la vida y la tranquilidad de los inocentes”, señala, y agrega que “hoy los únicos que están realmente presos son los ciudadanos honestos”.

Fuerzas Armadas en “zonas críticas” y la “penalización agravada del vandalismo”

Así las cosas, la primera medida propuesta por Schipani es la “presencia militar permanente en zonas críticas”, que implica –según describió en el documento– la “instalación de campamentos militares en los barrios con mayores niveles de delitos violentos”. “Las Fuerzas Armadas, con capacitación previa en seguridad pública, realizarán patrullaje preventivo, control de documentación y podrán demorar personas sospechosas hasta la intervención policial correspondiente. El objetivo es recuperar el control territorial y respaldar a la Policía”, sostiene.

Hace dos años y medio, en agosto de 2023, durante el gobierno del presidente Luis Lacalle Pou, los entonces diputados Gustavo Zubía (PC) y Eduardo Lust (excabildante) presentaron una medida similar, con la propuesta de que haya presencia de los militares en las calles para “reforzar la seguridad”. En aquella oportunidad, Zubía dijo que quienes estén en contra “porque hace 50 años hubo problemas” deben ir “al psicólogo”.

Schipani también propone la “aplicación efectiva de la Ley 10.071”, conocida coloquialmente como “de vagancia”, que fue aprobada en 1941. Schipani sostiene que se deben utilizar “las herramientas legales vigentes para detener a personas que en determinadas circunstancias alteren el orden público”. El primer artículo de esa ley establece que “podrán ser declarados en estado peligroso las personas de ambos sexos, mayores de 21 años, comprendidas en las categorías que enuncia el artículo” segundo, cuando “su conducta y su estado psicológico y moral, anteriores y actuales, evidencie que representan un peligro social”.

En el segundo artículo se establece que entre los que pueden ser sometidos a esa ley están “los vagos, considerándose tales los que no teniendo medios lícitos de subsistencia, no ejerzan profesión u oficio y, siendo aptos para el trabajo, se entreguen a la ociosidad”.

Schipani también propone la “aplicación estricta de la ley de faltas”, es decir, el “cumplimiento riguroso de la normativa que impide la ocupación irregular y el acampe en la vía pública, acompañando estas acciones con alternativas sociales reales”. También plantea un “programa de reinserción habitacional para liberados”, para el “alojamiento transitorio y acompañamiento para personas que recuperan la libertad y no cuentan con vivienda, para evitar que vuelvan a la calle a delinquir”. Por último, el diputado colorado propone la “penalización agravada del vandalismo”, que implica “elevar a delito la vandalización de espacios públicos y privados”. “Defender el espacio público es defender a la sociedad”, finaliza.