Este miércoles la Cámara de Senadores dio sanción definitiva al proyecto de ley que introduce modificaciones a la Ley Integral contra el Lavado de Activos (19.574), enviado por el Poder Ejecutivo en junio y al que dio media sanción en octubre. El proyecto había sido aprobado en general en la cámara baja en diciembre y, en febrero, se aprobó el articulado, al que se introdujeron modificaciones, por lo que debió someterse a la tercera cámara.

El senador frenteamplista Eduardo Brenta fue el primero en intervenir y destacó que el texto llegó a su redacción actual “luego de una larga discusión en ambas cámaras”. El legislador afirmó que “en un contexto mundial de crecimiento del crimen organizado, esta iniciativa resulta especialmente relevante, ya que actualiza y modifica diversos aspectos destinados a fortalecer los controles y los mecanismos de fiscalización”. Asimismo, apuntó que se trató de “un proceso de construcción colectiva que involucró a múltiples partidos y a distintos gobiernos”.

“Si bien no pensamos que la aprobación de esta ley elimine el lavado de activos, sí entendemos que adecuar esta normativa a los cambios que se han producido en el mundo del delito, particularmente en esta materia, es una necesidad evidente”, continuó Brenta, y advirtió que “en la sociedad uruguaya existe una baja percepción del riesgo y de la gravedad que implica el lavado de activos como delito”, porque “cuando se habla del narcotráfico, en general, surgen en el imaginario colectivo otras imágenes, pero rara vez se piensa en quienes mediante complejos esquemas financieros logran introducir en el sistema financiero o en la economía formal dinero proveniente de algunos de los delitos más graves, entre ellos, y muy especialmente, el narcotráfico”.

En línea con lo que apuntaron académicos y expertos durante el tratamiento del proyecto en las distintas cámaras, Brenta señaló que “hay una relación directa entre el lavado de activos y la criminalidad: a mayor circulación de dinero ilícito, mayor cantidad de delitos y mayores niveles de violencia”. También indicó que sigue siendo necesario revisar y actualizar la ley de financiamiento de los partidos políticos “a la luz de lo que está ocurriendo en la región y en el continente, donde el ingreso de dinero ilícito al sistema político constituye un peligro latente”.

Brenta marcó la diferencia del oficialismo con la decisión, impulsada por la oposición en la cámara baja, de mantener la fiscalía especializada en lavado, que en la versión original del proyecto se pretendía eliminar, pero adelantó que el FA la iba a “aceptar” para poder sancionar el proyecto.

Por otra parte, el legislador resaltó que “este proyecto de ley incorpora nuevos sujetos obligados, lo que permite cerrar frentes de riesgo y reducir vulnerabilidades, y, al mismo tiempo, agrega operaciones hechas total o parcialmente con activos digitales”. Además, celebró que se modifiquen los topes para las operaciones hechas en efectivo –se redujo el tope para los pagos en efectivo de 1.000.000 a 200.000 unidades indexadas–. “Consideramos que estos cambios son un avance importante para la lucha contra el narcotráfico”, sentenció.

Botana: “Ustedes están facilitando el lavado”

El primero en tomar la palabra por la oposición fue el nacionalista Sergio Botana, quien saludó que “la cámara baja mejoró bastante el proyecto de ley”, pero remarcó que “el más grande de los errores de este proyecto de ley es esa imposibilidad de hacer transacciones no bancarias de cifras que superen los 32.000, 35.000 dólares”, dependiendo del tipo de cambio que se tome. “Decimos esto porque el país no tiene servicios bancarios en todos los rincones de la República. En muchos días los servicios bancarios se limitan a dos o tres días por semana. 32.000 dólares es un camión de novillos, un poquito más”, cuestionó Botana. El senador fundamentó que cuando la ley de urgente consideración (LUC) modificó esta norma –ampliando los topes– “lo que quiso fue que más o menos el valor de una casa humilde pudiera ser lo que se transara sin tener la obligación de pasar por un banco”.

“Es cierto que la unidad de expresión hizo crecer el valor a una cifra de 160.000 dólares, que, de verdad, a todos nos parecía que podía ser excesiva. Por eso se propuso en la discusión parlamentaria bajarla a un monto razonable, del orden de los 100.000 dólares, pero esta exageración de bajar a la quinta parte… Este abuso de bancarización, que no es lo mismo que abuso de control…”, argumentó Botana. En definitiva, para el legislador blanco, con esta ley “controlamos a los buenos y después no tenemos recursos para controlar a los que de verdad lavan”.

Luego, Botana acusó: “Esta ley está induciendo a meter la plata en el mundo del secreto [bancario]. Ustedes están facilitando el lavado, eso es lo que va a suceder con esta ley”. En la misma línea, el senador Sebastián da Silva complementó las críticas planteando que el Senado desconoce la “realidad de los lavadores profesionales de dinero”, y puso como ejemplo que no están en la ley “los autos de alta gama” ni “los honorarios de los abogados penalistas, que, obviamente, de dónde van a sacar la plata si no de un malandra; tampoco son sujetos obligados”.

El senador frenteamplista Óscar Andrade salió al cruce de los senadores opositores, y en una breve intervención lamentó las acusaciones: “La peor forma de dar el debate es adjudicar la intención de que el que promueve determinada iniciativa lo que está queriendo hacer es favorecer una actividad delictiva que cuesta vidas. Nos lastimamos innecesariamente”, afirmó.

En tanto, el colorado Pedro Bordaberry se desmarcó de sus pares nacionalistas y defendió los cambios en los controles que impone este proyecto recurriendo a una comparación con los que existen en aeropuertos: “Por culpa de los narcos que lavan, los ciudadanos de bien tenemos que enfrentar mayores controles. Me gustaría vivir en un mundo en el cual los ciudadanos de bien no tuviéramos controles, me gustaría vivir en un mundo en el cual nos pudiéramos subir a un avión sin el miedo de que lo secuestren y por eso tener que pasar por esos controles”.

Bordaberry celebró también que en el proyecto agrega entre los sujetos obligados a los sindicatos y a las organizaciones empresariales. “Quedó para atrás lo de la fiscalía, y ese es un tema a discutir realmente”, planteó, en línea con lo argumentado por el oficialismo. Por otra parte, cuestionó el planteo de Da Silva de incluir entre los sujetos obligados a los abogados penalistas, porque iría contra “el legítimo derecho de defensa aun de los delincuentes, algo que nunca tenemos que perder”.

Ojeda: el proyecto “no va a aumentar significativamente las condenas de lavado”

El senador colorado Andrés Ojeda respondió a la mención de Da Silva sobre los honorarios de los abogados penalistas. “Con toda la estima y el aprecio y la amistad al senador Da Silva, creo que a veces también falta profundidad en la discusión y queda un poco panfletaria”, dijo Ojeda. Sostuvo que “si partimos de la base de que la sola acusación de haber cometido un delito convierte el pago del honorario en ilícito y eso no debería ser permitido, solamente quedan para defender los defensores públicos que no cobran honorarios de parte de particulares”.

“A usted lo acusan de haber cometido un delito de corte económico que puede estar entre los precedentes de lavado, razón por la cual partimos de presumir que el honorario que se paga se paga en virtud del delito que ya presumimos que usted cometió sin haber sido juzgado. Y entonces decimos que usted no le puede pagar a su abogado, razón por la cual se queda sin opciones, yendo a la defensa pública”, agregó el senador, quien llamó a ser “cuidadoso no solamente con el derecho de trabajo de los abogados, sino con el derecho de defensa constitucional”.

En una segunda intervención, Ojeda afirmó que tiene “pocas o nulas esperanzas” de que su aprobación “cambie sustantivamente nuestra persecución vinculada al lavado”. Consideró que se le está “poniendo expectativas a un texto legal que el texto legal no puede cumplir” y vaticinó que la iniciativa “no va a aumentar significativamente las condenas de lavado”. De hecho, señaló que en el combate al lavado de activos “van a ser más importantes las reformas que le votemos al Código del Proceso Penal”, las cuales serán presentadas al presidente de la República el próximo lunes, según adelantó el prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, este martes en una entrevista con la diaria.

Las modificaciones al Código del Proceso Penal, agregó, “son imperantes y mucho más urgentes que esta ley”, al igual que, “eventualmente, las reformas que podamos votar del Código Penal”. “Un trabajo profundo en la reforma de un Código Penal de 1934 nos permitiría armonizar cosas de fondo y no sobredimensionar la discusión de una ley de actualización de lavado”, sostuvo.

Por otro lado, Ojeda se refirió a las facultades que el proyecto otorga a la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft) y apuntó que “no puede terminar convirtiéndose en una Gestapo de escribanos”. “No puede ser inquisidora de profesionales que laburan todo el día por montos a veces menores, cuando pasan los elefantes y nadie los ve. Ningún caso grande de lavado en Uruguay, que haya sonado públicamente, fue detectado originalmente por la Senaclaft”, dijo.

En referencia a la reducción del tope para los pagos en efectivo, el senador sostuvo que “los bancos no son inspectores de lavado” y que “igualar la función del banco a control de lavado es muy injusto con los bancos”. “Decir que si no pasa por un banco no tiene ningún control, al menos, no es cierto”, dijo Ojeda, y puntualizó que la modificación que introdujo la LUC con respecto a los mínimos no estaba vinculada al lavado, sino a la bancarización obligatoria.

El senador nacionalista Carlos Camy valoró dos modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados al proyecto que se votó en primera instancia en el Senado. Dado que, en la votación de tercera cámara, se votó en general el articulado sin desglosarlo, Camy –si bien votó en contra, al igual que el resto de su bancada– reconoció que la supresión de la eliminación de la fiscalía especializada, como pretendía el Poder Ejecutivo, y otros cambios a las potestades de la Senaclaft “mejoran el proyecto de ley” original.

El proyecto se aprobó con 19 votos a favor en 28 presentes; lo acompañaron los senadores del Frente Amplio y de Vamos Uruguay del Partido Colorado. Al fundamentar su voto afirmativo, la senadora frenteamplista Liliam Kechichian sostuvo que el Parlamento dio “una respuesta que la sociedad estaba esperando de nosotros” y defendió que “evitar las transacciones en efectivo es una medida clave para controlar el lavado”.

Por su parte, Bordaberry afirmó que la reducción del tope para pagos en efectivo aprobada es “mucho más cercana a lo que dice la LUC [originalmente] que a lo que terminó siendo, porque la LUC decía 100.000 dólares y terminamos en 160.000, y acá estamos poniendo 75.000”.