Mientras espera que el Ministerio de Defensa Nacional (MDN) envíe al Parlamento la documentación correspondiente a la reciente rescisión del contrato con el astillero español Cardama Shipyard, la comisión especial creada para analizar el proceso de compra de las patrullas oceánicas para la Armada Nacional continúa profundizando en el primer período de tiempo definido para la investigación: desde 2010 hasta 2019, un plazo que abarca a los gobiernos frenteamplistas de José Mujica (2010-2015) y Tabaré Vázquez (2015-2020).

El presidente de la comisión, el diputado nacionalista Pablo Abdala, dijo este lunes que la información que remita el MDN resulta “indispensable” para estudiar “las decisiones más recientes, particularmente las vinculadas con el último proceso competitivo, con el contrato firmado con la empresa Cardama y su posterior rescisión”, según consta en la versión taquigráfica de la última sesión, a la que tuvo acceso la diaria.

De este modo, todavía a la espera, el lunes fue el turno del actual presidente de OSE, Pablo Ferreri, quien en el último gobierno del Frente Amplio (FA) se desempeñó como subsecretario de Economía y Finanzas, entre 2015 y 2020. A Ferreri el diputado colorado Sebastián Sanguinetti le preguntó si durante ese período el equipo económico hizo “alguna previsión para financiar la adquisición de futuras OPV [por offshore patrol vessel] para la Armada”.

La respuesta de Ferreri fue categórica: “Los créditos presupuestales se discuten y se tratan en las instancias presupuestales correspondientes. [...] En esas instancias presupuestales, finalmente, no quedó ningún crédito presupuestado, según recuerdo yo, para la compra de este material”, expresó.

En la misma línea que el exministro de Defensa Nacional José Bayardi, el titular de OSE dijo no entender “muy bien por qué” fue convocado a la comisión, si bien remarcó su disposición a “contestar todas las preguntas” de los legisladores.

“De Cardama no tengo conocimiento de nada”

Luego de Ferreri ingresó a la comisión el almirante retirado Carlos Abilleira, quien fue comandante en jefe de la Armada desde febrero de 2018 hasta marzo de 2020. En ese sentido, el diputado frenteamplista Carlos Rodríguez le consultó si en la etapa de transición entre el gobierno de Vázquez y el de Luis Lacalle Pou “se manejó la posibilidad de que el astillero Cardama fuera una opción que estuviera en el horizonte posible de compra de patrulleras oceánicas por parte del nuevo gobierno que asumía”.

“Cardama no estuvo en el horizonte antes de 2020”, contestó el último comandante en jefe de la Armada durante el tercer gobierno del FA. “De Cardama no tengo conocimiento de nada; no fue ningún astillero que se hubiera presentado”, agregó.

Durante su comparecencia, Abilleira hizo un resumen del trabajo de calificación que la Armada hizo entre 2012 y 2013 –en esos años él era el director general de personal naval– sobre las patrullas oceánicas que en ese momento tenían “las principales marinas”, así como de los que “estaban en funcionamiento”.

En aquel entonces, señaló, “se hizo una grilla de fabricantes, de performance y de condicionamiento para el patrullero”. Pero “primero había que definir qué tipo de patrullero” era adecuado para los intereses de la Armada uruguaya, apuntó.

Abilleira puntualizó que las aguas del Atlántico Sur constituyen “un escenario particular”. “Realmente, los períodos de mal tiempo y las condiciones de mar llevan un determinado desplazamiento, o sea, tamaño de buque, y también dimensiones que lo hagan marineramente navegable. Y no lo digo por confort; lo digo porque si va a albergar un helicóptero, las operaciones aéreas requieren una plataforma estabilizada”, resaltó.

Como otro elemento a tener en cuenta mencionó el lanzamiento de las lanchas rápidas “para poder interceptar buques en infracción”. Señaló que, “por un tema de derecho internacional”, una patrulla oceánica no puede actuar con “un poder exagerado, o sea, que no sea conmensurado con la amenaza”. “La detención hay que hacerla sin agresión, pero el buque que está en infracción no se detiene. Entonces, ahí hay que utilizar un helicóptero o una lancha con personal realmente adiestrado para que lanchas rápidas que se puedan lanzar con el barco en navegación puedan abordar y detener el buque. Ese es el OPV”, explicó.

Con estos requisitos previamente definidos, la Armada Nacional hizo “un llamado a astilleros para que fabricantes de OPV presentaran sus propuestas”, retomó Abilleira. En ese marco fueron evaluados modelos de patrullas oceánicas del astillero español Navantia, del francés DNC (actualmente Naval Group) y de los alemanes Fassmer y Lürssen, entre otros.

Según el repaso que hizo el excomandante en jefe de la Armada, Lürssen quedó en el primer puesto de la calificación, “pero muy cerca lo seguían L’Adroit –francesa–, Fassmer –el otro astillero alemán– y los portugueses; o sea que estaban ahí los primeros cuatro lugares”.

Abilleira señaló que este proceso se truncó cuando, en el presupuesto quinquenal del segundo mandato de Vázquez, no se encontraron “recursos para asignarle al proyecto”. “Con este panorama, entonces, Cardama no estuvo en el horizonte, a Lürssen no se lo llamó ni tampoco vinieron a golpear la puerta”, añadió.

El representante de Cabildo Abierto en la comisión, el diputado Álvaro Perrone, le preguntó a Abilleira si, a su entender, Cardama tiene la capacidad para construir las dos patrullas oceánicas que el anterior gobierno acordó por un total de 82 millones de euros. En este caso, Abilleira eludió la pregunta: “No voy a opinar porque soy un oficial retirado”.

La forma de “recuperar” la capacidad de construcción en Uruguay

El tercer y último invitado de la comisión fue el almirante retirado Alberto Caramés, quien fue comandante en jefe de la Armada en los primeros años del gobierno de Mujica, entre setiembre de 2010 y mayo de 2012.

Una de las consultas que recibió Caramés provino del diputado de Identidad Soberana Gustavo Salle. “¿Qué posibilidades tendría hoy este gobierno de incentivar una política de construcción nacional de este tipo de embarcaciones?”, preguntó Salle.

Según Caramés, “una forma de hacerlo” es mediante los contratos offset, que utilizan “todos los países de América” para sus compras de defensa, excepto Uruguay y Argentina. “El contrato offset es un contrato por el cual, en forma paralela a lo que se pueda pagar por el costo de uno o dos OPV, se tiene que hacer una retribución al país en elementos que permitan el desarrollo de la industria naval, sin variar el costo total del proyecto. Eso hizo Chile y eso hizo Colombia con otros proyectos”, indicó.

Bajo esta modalidad, acotó, Colombia y Chile han llegado a incorporar equipamientos que son “muy onerosos” y “muy costosos”, además de operarios, esto es, “mano de obra especializada como para, por un tiempo, transferir la tecnología”.

Caramés sostuvo que “no se puede perder estas oportunidades”. “Si se va a gastar 100 millones o 200 millones de dólares, no hay que conformarse con recibir el buque llave en mano”, manifestó. A su criterio, la capacidad de construcción en Uruguay “se puede recuperar, pero hay que hacerlo de esa manera”.