El secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, contó este lunes en entrevista con la diaria Radio que tenía una idea personal que iba a “pelear” y a discutir en la interna: “Agarrar a las empresas públicas uruguayas y abrir paquetes de acciones para que los uruguayos puedan poner su dinero”.

El planteo retoma una propuesta que realizó en 2006 el expresidente José Mujica, cuando era ministro de Ganadería. “Yo creo que el Estado debería vender acciones de las empresas públicas para darle un refugio a la clase media uruguaya, que no sabe dónde invertir”, consideró en aquel momento Mujica, según recogió El Espectador. Y recordó que la Constitución de la República prevé la posibilidad de que los privados participen en el capital y la administración de los entes autónomos y servicios descentralizados.

A nivel del Frente Amplio no se ha discutido la propuesta, y algunos legisladores son cautelosos al opinar hasta que no se conozcan más detalles. El senador comunista Óscar Andrade dijo a la diaria que el jueves tendrá una reunión con Sánchez y que este tema estará sobre la mesa, entre otros, y prefirió no opinar hasta no conocer la propuesta.

El senador socialista Gustavo González dijo a este medio que escuchó la iniciativa “por la prensa”. “A mí me parece que (Sánchez) debe de tener alguna propuesta escrita. A nosotros como senadores no nos llegó esa propuesta. No sé si sería un proyecto de ley”, indicó. “Es una apuesta muy fuerte la que aparentemente plantea, pero imagino que estará absolutamente documentado para plantearlo”, añadió.

Por otra parte, González consideró que “todo lo que tenga que ver con las empresas públicas y sus perspectivas hay que hablarlo con los involucrados directos y, en particular, con los trabajadores de los organismos públicos”, que tienen “una idoneidad extraordinaria”. “Hay que hablar con ellos antes de tirar esto. Y por otra parte, es algo que no está en el programa del Frente Amplio. No quita que se pueda discutir, pero no sé si es la urgencia hoy”, sentenció.

Oposición celebró la discusión

Algunos actores de la oposición destacaron la iniciativa del secretario de Presidencia. El diputado cabildante Álvaro Perrone escribió en X: “Interesante propuesta; de paso, analizar terminar con monopolios como el de seguro de accidentes de trabajo, que termina siendo un impuesto a la generación de empleo, perdemos competencia a nivel internacional”.

Otro de los que saludaron la propuesta en sus redes sociales fue el diputado del Partido Colorado y expresidente de Antel Gabriel Gurméndez. En diálogo con la diaria, Gurméndez valoró la “disposición” de Sánchez a dar “un debate profundo que en el país se viene eludiendo desde hace mucho tiempo respecto a las empresas públicas”. “Nosotros, más que de la propiedad de las empresas, somos fanáticos impulsores del mayor grado de competencia posible, porque el mayor grado de competencia supone el mejor beneficio para el consumidor y la mayor eficiencia económica”, señaló.

Con relación a la propiedad de las empresas públicas, se trata de “un tema que había quedado como blindado e indiscutible desde el plebiscito del año 92” y “creo que vale la pena un debate”, consideró el legislador colorado. De todos modos, acotó que le gustaría ver la propuesta “en detalle, porque hay que ver qué grado de participación se da, cuánto se abre el capital, a qué tipo de inversores”.

Gurméndez indicó que la ex primera ministra de Reino Unido Margaret Thatcher impulsó la apertura de las acciones de las empresas estatales al público. “Fue una propuesta que ella impulsó, lo que se dio en llamar el capitalismo popular. No creo que sea la propuesta de Sánchez”, añadió.

Valoró, de todos modos, que “no deja de ser interesante” lo que plantea el secretario de Presidencia, porque supondría “un instrumento de control adicional del público y de los inversionistas sobre la gestión de las empresas públicas, que es otro beneficio adicional que puede traer el hecho de involucrar capital de ciudadanos en forma privada, que van a tener un sentido de pertenencia mayor y, por lo tanto, también poderes como accionistas que pueden limitar la acción del Estado y eventualmente la discrecionalidad”.

Sindicato de Antel está en contra y pedirá ser recibido por Sánchez

Por su parte, el presidente del Sindicato Único de Telecomunicaciones (Sutel), Gabriel Molina, dijo a la diaria que “hay cosas que se tienen que manejar con mucho cuidado y, en todo caso, antes de tirarlo en la opinión pública a través de la prensa, sentarnos a conversar, porque son temas muy delicados”.

Molina aseguró que esta propuesta genera “preocupación” en los trabajadores, “porque, en definitiva, es parte de lo que de alguna forma gobiernos neoliberales han intentado llevar adelante sin el respaldo que necesitaban desde el punto de vista político y social”, consideró. Además, también cuestionó las “formas y maneras de tirar algunas ideas”, que generan “malestar entre los trabajadores”.

Se refirió en particular al caso de Antel, una empresa en competencia a la que el gobierno anterior “intentó liquidar del todo y no pudo porque la resistencia desde el sindicato fue importante”. Dijo que, por más que la iniciativa parta del actual gobierno, “que tiene su cabeza en un lado”, se “deja la cancha abierta para que un gobierno que piensa distinto termine liquidando en forma definitiva nuestra empresa pública”. Remarcó que la iniciativa, así como se formuló, no tiene “nada que ver” con la decisión de UTE de abrir sociedades anónimas para inversión en energía eólica, y que le da la “sensación” de que se está impulsando una forma de privatización de las empresas públicas. “¿De qué forma se va a hacer? ¿Van a cambiar la carta orgánica?”, inquirió.

Molina aseguró que pedirán ser recibidos por el gobierno para hablar de este tema. “Desde nuestro lado, tenemos una opinión contraria, pero estamos dispuestos a discutir en un ámbito que el gobierno establezca”, indicó.

Por otra parte, según supo la diaria, algunos jerarcas actuales de empresas públicas –que prefirieron no hacer declaraciones porque están inhibidos de realizar cualquier “acto público o privado de carácter político, salvo el voto”, según la Constitución– están de acuerdo con la propuesta, en el entendido de que podría ayudar a las empresas a financiar proyectos y canalizar el ahorro nacional, al tiempo que reforzar el “control ciudadano” sobre las empresas públicas.