La Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda y Cuentas de la Junta Departamental de Montevideo, que se conformó a mediados de enero para analizar el presupuesto quinquenal, el miércoles tuvo su último día de trabajo. Allí, el proyecto elaborado por la Intendencia de Montevideo (IM) fue aprobado únicamente con los votos de los ediles del Frente Amplio (FA), quienes, a su vez, rechazaron un total de 83 artículos aditivos y sustitutivos que presentó la bancada de la Coalición Republicana, integrada por ediles del Partido Nacional y el Partido Colorado.

Sin embargo, el rechazo no es definitivo. El oficialismo recibió los artículos de la oposición el martes, por lo que no tuvo tiempo suficiente para estudiar las propuestas, que abarcan múltiples aspectos de la comuna capitalina. Está previsto que el presupuesto se ponga a votación en el plenario de la Junta Departamental el miércoles 18 de marzo. La aprobación se da por descontada, dada la mayoría que tiene el FA (17 en 31). En esa instancia, además, podrían prosperar algunos de los cambios que propone la oposición.

El diputado frenteamplista Gonzalo Zuvela dijo a la diaria que el oficialismo evaluará las propuestas en coordinación con el ejecutivo departamental, porque en Montevideo “gobierna una fuerza política única, independientemente de que tenga una versión en el Ejecutivo y otra en el Legislativo”. De todos modos, expresó: “Lo que nosotros podemos hacer en la Junta es proponerle al Ejecutivo redistribuciones, [pero] no podemos cambiar un peso. No es potestad de la Junta cambiar plata”.

Por su parte, el edil nacionalista Juan Ignacio Abdala dijo a la diaria que “por lo que uno habla, tras bambalinas, nos dieron a entender que hay muchas cosas que salen, que se pueden llegar a acordar”.

Estacionamiento tarifado, multas y comisiones

El presupuesto remitido por la comuna capitalina tiene 51 artículos. La Coalición Republicana presentó 83, a los que tuvo acceso la diaria. Uno de ellos propone regular la jornada semanal de los funcionarios municipales que ingresen a la IM a partir del 1º de julio de 2026. Para ellos, el régimen de trabajo será de cinco días por semana, “pudiendo comprender sábados y domingos”, pero “sin que ello genere derecho a compensación especial de especie alguna”.

La oposición también plantea reducir las comisiones que perciben los inspectores de tránsito por las multas asociadas al pago de la patente de rodados. Actualmente, el Texto Ordenado de Beneficios Funcionales dispone que el personal de inspección de la Dirección de Tránsito Público tendrá un “porcentaje de participación” en “las multas resultantes del contralor del tributo de patente de rodados”, que varía entre 15% y 35% de lo efectivamente cobrado. La propuesta es fijar estos valores en un mínimo de 10% y un máximo de 25%, y establecer, al mismo tiempo, que “en ningún caso el monto total, entre sueldo base y participación, podrá superar el 85% del sueldo base del director o directora de la División Tránsito”.

Asimismo, en otro artículo se propone excluir de estas comisiones a aquellos trabajadores que “registren sanciones disciplinarias firmes que dispongan una suspensión superior a 20 días”. Una vez “cumplida la sanción, se restablecerá el derecho a la percepción del beneficio a partir del mes siguiente”.

También en el terreno de las multas, la oposición plantea que no se pueda “exigir ni condicionar el pago de multas de tránsito adeudadas, en forma previa o simultánea, al pago de la tasa correspondiente al trámite de otorgamiento, renovación, duplicado o recategorización de la libreta de conducir” ante la IM.

Se propone, además, la creación de un “fondo departamental de obras y seguridad vial” destinado al financiamiento de “políticas públicas vinculadas a la mejora de la infraestructura vial y la seguridad en el tránsito”. Dicho fondo se nutrirá de “los recursos provenientes del cobro de multas de tránsito y multas por la circulación con pago vencido de patente de rodados”, excluyendo las comisiones previstas para los inspectores de tránsito.

Abdala, impulsor de la iniciativa, señaló que el propósito de este fondo es reforzar, “con toda la plata que no se llevan los funcionarios, o sea, con el otro 60% de las multas”, tanto las obras como la educación vial, “porque como la multa es una herramienta para que se cumpla la normativa y se prevengan los accidentes, sería bueno crear un fondo para hacer otras cosas más que el punitivismo”.

También se plantea modificar el digesto departamental que regula el estacionamiento tarifado para establecer que la primera media hora del estacionamiento por vehículo y por día, “dentro del horario de vigencia del sistema, se considerará exonerada del pago de la tarifa, debiendo igualmente registrarse por los medios que determine la reglamentación”.

Inmuebles infractores y el riesgo de la “privatización del espacio público”

Por otra parte, la Coalición Republicana presentó un agregado para un artículo, incluido en el proyecto original de la IM, que incorpora a los inmuebles que –sin permiso– “ocupen el espacio público con construcciones, cerramientos, cercos, muros u otros elementos que impidan o restrinjan su acceso” como pasibles del impuesto de edificación inapropiada.

Abdala advirtió que esto, que supone “triplicarle la contribución a los casos en que se ocupa indebidamente el espacio público”, podría provocar colateralmente “una situación de privatización del espacio público”. “Porque si yo soy un McDonald's, una cadena multinacional de comida, y pongo un local en la rambla y tapo la rambla de sillas y de mesas, capaz que prefiero dejar eso así y pagar triple contribución”, señaló.

En ese sentido, la oposición propone sumar a ese artículo que el gravamen de estos inmuebles “no obsta al ejercicio de las potestades de contralor y de policía territorial” que tiene la IM. Se establece a texto expreso que la comuna capitalina “debe intimar el cese de la ocupación indebida y la restitución del espacio público o del área afectada a su estado regular”, y se remarca que “el pago del adicional no genera derecho alguno a mantener la situación irregular ni implica autorización expresa o tácita”.

En materia tributaria, la oposición propone también bajar de 100% a 50% el adicional del impuesto de contribución inmobiliaria que actualmente se aplica sobre las fincas deshabitadas por el lapso de al menos un año en la zona urbana y suburbana. El 100% se mantendría cuando “la condición de finca deshabitada se prolongue por el lapso de dos años civiles”.

También se plantea ampliar el tope previsto para acceder a la exoneración del impuesto de contribución inmobiliaria rural por parte de jubilados y pensionistas. En el proyecto presentado por la IM se establece que “los jubilados y pensionistas que sean sujetos pasivos” de este tributo “respecto de una vivienda que constituya su casa habitación y sea su única propiedad” podrán acceder a “un subsidio en el pago equivalente al 100% del monto del referido impuesto”, siempre y cuando los ingresos mensuales del núcleo familiar no superen las cinco bases de prestaciones y contribuciones (BPC), esto es, 34.320 pesos. La oposición plantea fijar el monto máximo para la exoneración en 9 BPC, es decir, 61.776 pesos.