Las modificaciones en el régimen que habilita el pedido de libertad anticipada por parte de las personas privadas de libertad que incluyó el Poder Ejecutivo en el proyecto de ley de reforma del Código del Proceso Penal fueron blanco de varias críticas desde diversos frentes.
Consultada al respecto este martes en una rueda de prensa, la senadora del Frente Amplio (FA) Bettiana Díaz consideró “una falta de respeto a la inteligencia de la población” que se afirme que “el gobierno libera a personas privadas de libertad”. Agregó que “hay gente que hace más de 30 años que está sentada en cargos públicos, cobrando sueldos, como para no explicar claramente esto”, y subrayó que, en todos los casos, la excarcelación “es una decisión de la Justicia”. Resaltó que decir cuántas personas podrían o no ser liberadas por esa modificación “no corresponde porque, justamente, depende de otro poder del Estado”.
De todas maneras, la senadora del FA adelantó que el artículo cuestionado “sale” del proyecto original, ya que ese fue “el compromiso de la bancada del FA”, luego de las reuniones que el prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, mantuvo este lunes en la Torre Ejecutiva con referentes de la asociación de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos y de la asociación de ex presos políticos Crysol(https://ladiaria.com.uy/politica/articulo/2026/4/el-gobierno-eliminara-de-la-reforma-del-cpp-la-posibilidad-de-que-condenados-por-delitos-de-lesa-humanidad-accedan-a-la-libertad-anticipada/), quienes, a su vez, habían cuestionado la posibilidad de que la libertad anticipada se aplicara a personas condenadas por delitos de lesa humanidad. La legisladora frenteamplista agregó que el compromiso “va en el sentido de no votar” esa modificación en particular, pero “no dejar de discutir las medidas alternativas”.
Unas pocas horas antes, el prosecretario de Presidencia había sido consultado por este mismo tema en una rueda de prensa y había dicho que, como el artículo “ha generado cierta polémica, habrá que retirarlo como tal, en el sentido de evitar malas interpretaciones”. El jerarca insistió con que, si la redacción de dicho artículo “no es la adecuada”, se retira y se discute otra redacción, “porque nadie tiene la verdad en un puño”.
Además, el prosecretario de Presidencia aclaró que ese artículo “no tiene absolutamente nada que ver con el proyecto de libertad condicional preceptiva que establecía el proyecto de 2005”, que se impulsó durante el primer año de la primera administración del FA, cuando el dirigente socialista José Díaz estaba a cargo del Ministerio del Interior.
“La libertad anticipada existió siempre en el país. Hace más de 100 años que existe el instituto, y ha ido teniendo modificaciones a lo largo del tiempo. Hubo un momento, por ejemplo, entre 2005 y 2018, en el que la libertad anticipada era preceptiva a las dos terceras partes de la pena, porque la Suprema Corte de Justicia la tenía que dar, salvo que existieran signos manifiestos de falta de recuperación. Es decir, hemos pasado por diferentes etapas de la regulación del instituto a lo largo de la historia del país, y está bien que se discuta”, finalizó.