Tras una maratónica interpelación que superó las diez horas y terminó en la madrugada de hoy, el ministro del Interior, Carlos Negro, visitó la diaria Radio para pasar en limpio lo que dejó su interpelación en la Cámara de Senadores. El jerarca indicó que el senador colorado Pedro Bordaberry le “ganó de mano”, ya que tras su comparecencia ante la Comisión Permanente señalaron que iban a volver en régimen de Comisión General, precisamente, “a exponer sobre el Plan Nacional de Seguridad Pública”.

Sin embargo, al corroborar la agenda temática, dio cuenta de que era “tan vasta que incluye temas que parecen bastante distantes”. Bordaberry lo “sorprendió” al realizar su planteo inicial y desplegar el temario porque el legislador “ocupa 40 minutos aproximadamente, de la hora que le correspondía, en hacer una suerte de investigación histórica sobre los gobiernos pasados del Frente Amplio”, aunque “no pasó por los gobiernos del Partido Colorado”.

“Si vamos a analizar la suba de los delitos en 2005-2006, ¿por qué no analizar la del 2004?”, se preguntó el jerarca. Esa revisión arroja “una suba de los delitos de un 80% de los hurtos y un 30% de las rapiñas”, con lo que “parece que el ascenso de los delitos no solo fue privativo de los gobiernos del FA, sino que es una tendencia histórica que se registra desde que se miden los delitos hasta la fecha”, en “los últimos 30 o 40 años”.

Opinó que la característica “más notoria” de la interpelación fue “que se interpeló a los gobiernos anteriores del FA” y se evitó —“creo que deliberadamente”, señaló Negro— ingresar “a la interpelación de este gobierno del FA y de este ministro” porque, por sus resultados, “no les conviene”. Reiteró que distintos signos políticos “no han logrado revertir la tendencia” ascendente de los delitos, a excepción de “por obra y gracia de la pandemia”, lo que refleja “que el sistema político no ha encontrado hasta ahora la solución de los problemas y que todos han cometido errores”.

También le “llamó poderosamente la atención” el debate en torno a Nayib Bukele, el presidente de El Salvador. En palabras de Negro, su modelo de seguridad pública “es la consecuencia de un régimen político” que “ningún uruguayo desearía para nuestro país” y presentarlo “aislado de la condición de régimen político” está “fuera de lugar”. “En el Parlamento, donde se supone que los análisis tienen que ser un poco más profundos que la media, se ignoró esta circunstancia por parte de la oposición y se ubicó a Bukele como un modelo a seguir”, cuestionó.

Negro defendió cuestionamientos al Plan Nacional de Seguridad Pública y dijo que es “inédito en la historia del país”

Esta mañana, el senador colorado Andrés Ojeda valoró que el Plan Nacional de Seguridad Pública “perjudicó” a Negro durante la interpelación y carece de novedades, fechas, plazos y presupuesto asignado. El ministro, sin embargo, afirmó que cuenta con “una serie de características que lo hacen inédito en la historia del país”.

Destacó que se propone trabajar en “dos velocidades”, siendo una de ellas la inmediata a partir de la asunción y la otra que el trabajo “sistematice” para aspirar “a mediano y largo plazo”. Además, aseguró que cuentan con recursos, celebró la “génesis participativa” y destacó que “todas las agencias internacionales que trabajan en el país, prácticamente, están detrás y encolumnadas”.

Cuestionó, además, que el exministro nacionalista Luis Alberto Heber dijo que tenía un “plan no plan”, pero luego de “transcurridos tres años de gobierno”, además de que, tras su salida, ingresa Nicolás Martinelli y a los “casi cuatro años” se convoca a “una mesa de diálogo” con “divergencias” y medidas “que no eran para atender la urgencia”.

“Superamos todos los guarismos del gobierno anterior y, por lo tanto, en un año, logramos mejores resultados que en cinco años del gobierno anterior”, indicó.

Legisladores opositores “se agraviaron” por cifras que reflejan el descenso de los homicidios

“Algunos legisladores de la oposición se agraviaron porque yo llevaba datos”, aseguró el titular del MI. Durante la interpelación, el jerarca dijo que hubo una caída anual —comparando de marzo de 2025 a febrero de 2026 de esta gestión con el mismo periodo del gobierno pasado— de 6,7% de los homicidios y de 9,2% en el primer trimestre de 2026 y, aunque los guarismos pueden ser “muy fluctuantes e inestables”, existen “tendencias”.

Señaló que el descenso anual en homicidios superior al 6% es “inédito desde la pandemia hasta ahora” y que “el gobierno anterior a lo sumo bajaba un homicidio de un año a otro”. Además, respecto a la comparación entre trimestres, dijo que recibieron la cifra ayer y advirtieron que “el descenso de los homicidios ya no es de 6%”, sino de 9,2%, con lo que “estamos bordeando los dos dígitos”.

Consultado por los motivos del descenso, destacó la conformación del equipo y el “lineamiento político” que significó la reunión con todos los jefes de policía en marzo, el germen para los siete ejes del actual Plan Nacional de Seguridad Pública.

Destacó que decidieron poner el foco “en las cúpulas de las organizaciones criminales”, a las que se dedicaron “inteligencia y análisis policial”. “Ahí está la explicación principal. Esto es dirección política, definición de las prioridades, orden de cumplir con esas prioridades y el despliegue del saber y la expertise en investigación que tienen eminentemente los policías”, listó.

La interpelación también incluyó cuestionamientos opositores a la figura de libertad anticipada que introduce la reforma del Código del Proceso Penal (CPP). Negro dijo que se “anticipó” un debate parlamentario por la reforma procesal que planteó el grupo asesor técnico. Bordaberry “mezcla la discusión del grupo técnico asesor del CPP y la libertad anticipada con la suspensión condicional del proceso a prueba”, advirtió.

Sobre la llamada probation, aclaró que actúa sobre delitos de “muy escasa entidad” y permite no ingresar al sistema de justicia a cambio de cumplir una condición como trabajo comunitario. La libertad anticipada, en cambio, es cuando una persona está recluida, pero “cumple determinado tiempo” y, antes de la totalidad, “sale de la prisión”, algo que “existió siempre”. En esa línea, Crysol cuestionó que el actual proyecto de reforma permitiría que condenados por delitos de lesa humanidad —entre otra serie de delitos— accedan al recurso, pero Negro dijo que es una consideración política, ámbito donde el grupo asesor “no puede ingresar”.

A su vez, mencionó el caso del parricida Moisés Martínez: “¿Merece la oportunidad de pedir, a los nueve años de condena, la libertad anticipada? (...) ¿Estaría bien, sería justo, que estuviera en condiciones de pedirle al juez el beneficio si tiene un buen comportamiento y se constata su resocialización? Yo creo que sí”.