Luego de no reunirse en la semana anterior a Turismo, como consecuencia del mal clima que se había generado, este martes sesionó nuevamente la Comisión de Constitución del Senado. En su última reunión, el pasado 17 de marzo, en la comisión se vivieron momentos de tensión entre el oficialismo y la oposición por la eventual violación del artículo 124 de la Constitución de la República por parte del senador colorado Andrés Ojeda.

En dicha sesión se resolvió, solo con los votos del Frente Amplio (FA), convocar a los abogados constitucionalistas Martín Risso, José Korzeniak y Daniel Ochs; también se solicitó acceder a las actuaciones de la fiscal Silvia Lovesio, encargada del caso que dio origen a la denuncia contra Ojeda.

A fines de octubre del año pasado, el senador colorado solicitó, en calidad de abogado, el reexamen de una causa ante la Fiscalía General de la Nación. El artículo 124 de la carta magna establece que los legisladores no pueden “tramitar o dirigir asuntos de terceros ante la administración central, gobiernos departamentales, entes autónomos y servicios descentralizados”, y marca como pena “la pérdida inmediata del cargo legislativo”. La Fiscalía es un servicio descentralizado desde 2015.

En comparación a la última sesión, este martes el escenario en el Palacio Legislativo fue distinto. Según supo la diaria, el encuentro estuvo marcado por algunos intercambios “fuera de actas”, en los que se corroboró que la presidenta de la comisión, la senadora nacionalista Graciela Bianchi, no había efectivizado ni el pedido a Fiscalía ni la convocatoria a los abogados.

La postura de Bianchi tiene como fundamento que, a su entender, no podía cumplir “órdenes ilegales”. Para la legisladora nacionalista y el resto de la oposición, el FA está tratando de darle a la Comisión de Constitución un rol de “comisión investigadora” que no corresponde.

En ese marco, este martes se acordó que sea la vicepresidenta de la comisión, la senadora del FA Patricia Kramer, quien asuma circunstancialmente la presidencia para dar trámite al asunto, aunque solo en lo que respecta al pedido dirigido a la Fiscalía.

Asimismo, debido a que a la comisión ya ingresó el proyecto de ley de reforma del Código del Proceso Penal (CPP) elaborado por el Poder Ejecutivo, a instancias del oficialismo, se decidió que el tratamiento de la denuncia contra Ojeda –en particular, el recibimiento de los catedráticos– deje de ser una prioridad.

“La idea es priorizar el proyecto que envió el Ejecutivo; en primer lugar, vamos a convocar al prosecretario [de Presidencia, Jorge] Díaz, que encabezó el proceso desde el punto de vista técnico, y obviamente a quien él quiera que lo acompañe”, señaló a la diaria el senador del FA Sebastián Sabini, integrante de la comisión.

Asimismo, Sabini señaló que en la órbita parlamentaria hay “otros proyectos” que van en “el mismo sentido” para reformar el CPP, por lo que en la comisión se realizará un proceso de estudio “comparativo”. Luego de la visita de Díaz y del “grupo técnico” que participó en la elaboración de la iniciativa, la comisión tiene previsto “abrir un compás para delegaciones que quieran ser recibidas”, apuntó Sabini.

¿Qué pasará con Ojeda?

Con respecto a la situación de Ojeda, Sabini manifestó: “Hasta tanto no llegue esa información, abrimos un compás de espera”, en referencia a la solicitud realizada a la Fiscalía. “Acá en todo caso lo que tiene que quedar claro es que quien hizo la denuncia no fue el Frente Amplio”, sino “un convencional del Partido Colorado”, agregó. En efecto, fue Juan Esequiel Ibarra, convencional colorado de Florida, quien envió una nota a la comisión para que estudiase el caso.

Distintos dirigentes de la oposición consultados por la diaria afirman que la postura adoptada por el oficialismo este martes en la comisión va en línea con darle “un entierro de lujo” a las acusaciones que recaen sobre Ojeda; sobre todo, por el extenso tratamiento que se espera que tenga la reforma del CPP. A eso se suma la posibilidad de que la Fiscalía no acceda a remitir la información solicitada por el FA, en el marco de la “reserva” de la investigación.

Una fuente de la oposición aseguró a la diaria que, con esta postura, el oficialismo “está perdiendo el tiempo”, ya que en cualquier otro escenario terminaría expuesto, debido a que, en última instancia, en el plenario se requiere una mayoría especial de dos tercios para iniciar cualquier tipo de acción contra Ojeda.

De todos modos, hay quienes en la oposición no ven como algo positivo que el caso quede “en la nebulosa” y apuestan a “darle un cierre”, sobre todo, para que no quede “en el aire un potencial juicio político” al senador colorado.

Sabini afirmó que, en cualquier caso, “no se trata ni de ganar tiempo ni de perder tiempo”, sino de “actuar como corresponde”. Dijo que hasta ahora se mantiene la expectativa de que, una vez que la Fiscalía envíe la información correspondiente, se pueda recibir a los constitucionalistas para, de ese modo, poner punto final al caso de Ojeda.