Tras la interpelación al ministro del Interior, Carlos Negro, esta mañana el senador colorado Andrés Ojeda visitó Panorama informativo de la diaria Radio y valoró que ayer se expusieron dos visiones de fondo sobre “qué entendemos de la seguridad y para qué entendemos que castigamos”, un tema “que incómoda particularmente no solo al Frente Amplio en Uruguay sino a las izquierdas en Latinoamérica”.

A modo de resumen, señaló que esperaba “cierta reacción de parte de las autoridades” atado al “sentido de la urgencia” porque, aunque en “el fondo” la presentación de los datos dio un mensaje contrario, valoró que “no estamos muy bien” en materia de seguridad. También reparó en que no se está logrando “ganar a la visión de resignación”, un elemento que según el legislador las personas “castigan” en las encuestas: “Salir a decir que la guerra con el narco está perdida hace muy mal”, recordó.

Según Ojeda, asumir “a quién hacemos perder la libertad y no, y en qué casos, es la definición de la política criminal”. En ese sentido, señaló que ayer se discutió en torno a la idea de que “el aumento de penas no sirve para nada”, siendo que “depende” y “hay casos en que las penas no mueven la aguja y lo que nosotros queremos es aumentar castigo puro y duro”. “La inmediatez del día de hoy, que tenemos niños baleados el fin de semana, nos reclama que aparte del antibiótico de la educación —que demora un tiempo en hacer efecto— precisamos analgésicos ya, porque el dolor mientras cursamos la enfermedad no se aguanta y no queda otra que tener un enfrentamiento con fuerza”, indicó.

Dijo que el Plan Nacional de Seguridad Pública “perjudicó” la defensa del jerarca porque “termina exponiendo que no había plan” ya que “no tenés novedades, no tenés fechas, no tenés plazos y no tenés presupuesto asignado”, conjunto de datos que catalogó de “básico” pero “no está en ninguna de las medidas”. En ese sentido, dijo que “era mejor que fuera solo con los datos” y aseguró que algunas de las palabras que más se repiten en el documento son “fortalecer, actualizar y profundizar”, que calificó como términos “de programa de gobierno de campaña”.

Opinó que el “60% es introducción y marco conceptual, 30% medidas y el resto son algunas cuestiones de implementación”, por lo que advirtió —en función de que tiene 350 páginas— que el plan “no se mide al peso”. “No me puedo tomar un año para decir que hago un plan a diez años y hablar en términos refundacionales que a partir de ahora hay un conjunto ordenado para decir ‘voy a hacer el plan Más Barrio’, que es lo mismo que había antes. Cuando uno le pone un reflector tan grande y una expectativa tan enorme a ese plan que va a venir, queda esperando mínimamente ciertas novedades”, evaluó.

Finalmente, consultado sobre la salubridad a la interna de su facción política, dijo que “el equipo de la bancada colorada funcionó” y se trata del Partido Colorado “más pujante y más potente hacia el futuro del siglo XXI”.

La DEA en Uruguay y la “guerra de datos”

La instancia parlamentaria coincidió en fecha con la 2ª Reunión de Coordinación Regional de la División Cono Sur que organizó la Administración de Control de Drogas (DEA), institución que se retiró del país en 2019. Ojeda espera que la DEA “retome su vínculo permanente con Uruguay”, aunque señaló que ayer hubo discursos “anti Escudo de las Américas y anti Estados Unidos” siendo que el tema va “mucho más allá que el gobierno de Estados Unidos de turno”.

Precisamente, a la luz de lo “delicado” del momento global y lo “prioritario” del vínculo con la potencia norteamericana, pronosticó que Orsi “va a entender que no es razonable y no va a ir” a la primera edición del evento Global Progressive Mobilisation en España. “Toda esta cuestión de los países progresistas no le ha traído a Uruguay beneficios” y Orsi “ha estado atrás de Lula por todos lados y acá no ha vuelto nada”, cuestionó.

Durante la instancia parlamentaria, Negro señaló bajas interanuales de 9,2% en los homicidios durante el primer trimestre de 2026 (de 98 a 89), del 85,7% (de 7 a 1) en los homicidios de mujeres por violencia basada en género y de 8,5% (de 804 a 736) en delitos sexuales. Ojeda dijo que le “costó” diferenciar qué cifras provenían del MI y cuáles de la Encuesta Continua de Hogares (ECH) que realiza el Instituto Nacional de Estadística (INE), pero “paradójicamente” prefiere información desde la cartera.

“La ECH es la que hace el INE todo el tiempo, con una muestra chica, entonces lo que deja es margen de error” y la diferencia es que no son sobre denuncias, sino sobre “gente que le preguntan si fue víctima de delitos”, acotó. “No voy a entrar en la guerra de datos que se entró toda la vida. Celebro si hay alguna baja efectivamente ocurrida, creo que todo este primer año ha sido signado por la continuación del gobierno anterior, que fue —esto no lo puede negar nadie— el que quebró la tendencia delictiva del Uruguay desde la vuelta a la democracia para acá”, dijo.