La Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social del Senado recibió este jueves a autoridades del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), así como del de Economía y Finanzas, para informarse sobre el proyecto de ley de empleo integral que el gobierno de Yamandú Orsi remitió a la Asamblea General a mediados de marzo. La iniciativa dispone diez millones de dólares anuales para la promoción de puestos de trabajo, con especial atención en sectores de la población que el Poder Ejecutivo identificó como vulnerables, como mujeres jefas de hogares monoparentales o personas trans. Fueron convocados, además, representantes de la Confederación de Cámaras Empresariales y el PIT-CNT.

Tras la convocatoria, Federico Araya, que preside la Dirección Nacional de Empleo (Dinae) del MTSS, expresó que la reunión con los legisladores fue “una muy buena instancia para intercambiar” sobre el empleo en nuestro país y la propuesta que se impulsa desde el Poder Ejecutivo al respecto. El titular de la Dinae dijo que en la comparecencia se abordaron las expectativas de la cartera para con la ley de Empleo Integral, así como las innovaciones que se prevén en ella. Con respecto a lo primero, recordó que desde el MTSS esperan que la iniciativa “mueva la aguja” en la incorporación de colectivos que “enfrentan mayores restricciones al mercado de trabajo”.

El director de Empleo señaló que, bajo la ley de promoción del empleo que rige hoy por hoy —la ley 19.973, aprobada en 2021, que apunta a jóvenes de hasta 29 años, trabajadores mayores de 45 y personas discapacitadas—, alrededor de 4.000 personas por año acceden a puestos de trabajo, la mitad de lo propuesto originalmente. También lamentó que cerca del 30% de quienes se amparan en ese mecanismo “es desvinculado de su puesto de trabajo antes de llegar a los 90 días que exige el período de prueba”, hecho que ven desde la cartera como “un factor problemático”. Así, y con las modificaciones propuestas, la apuesta pasa por fomentar la estabilidad laboral más allá de períodos cortos, indicó.

“Todos somos conscientes de que la ley actual y las leyes anteriores no tuvieron el impacto que los gobiernos esperaban”, valoró Araya, que acusó “restricciones en el acceso” para micro y pequeñas empresas, producto de “la burocratización de los trámites”. Es por ello que dijo que la nueva ley prevé su simplificación, de manera que “puedan acceder a la contratación y al subsidio correspondiente, según la persona que contraten”. Añadió que así se desea “incentivar el trabajo en este tipo de empresas, que son el 99% del tejido empresarial en el interior”. “Estamos haciendo una fuerte apuesta allí”, consignó.

Consultado al respecto, el director de Empleo explicó que, de aprobarse la ley, la cartera hará un seguimiento de las personas amparadas en ella, de manera de “ver cómo van” y “lograr una inserción laboral estable”. Agregó que, con ese propósito, la Dinae trabajará no solo en el seguimiento, sino también en la formación de los trabajadores, junto con el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional, a cuyos cursos los beneficiarios de la ley tendrán prioridad en el acceso. También a cursos de emprendedurismo, de la Asociación Nacional de Emprendedores, y cooperativismo, del Instituto Nacional del Cooperativismo. “Tenemos todo un capítulo de formación que seguramente también aumente las probabilidades de un mejor acceso a un puesto de trabajo”, resumió.