El Ministerio de Relaciones Exteriores (MRREE) inició un sumario contra el excanciller Francisco Bustillo con una sanción que implica la retención del 50% de su salario y le impide prestar funciones por su negativa a declarar en una investigación interna vinculada al caso del narcotraficante Sebastián Marset. “Esto no es el Frente Amplio, esto es Jorge Díaz”, dijo Bustillo este lunes en el programa Arriba Gente de Canal 10; más tarde, entrevistado en La mañana de la diaria de la diaria Radio, el prosecretario dijo que se pregunta “qué piensa Lacalle Pou de todo esto” y que “sería bueno preguntarle” porque fue “partícipe directo de los hechos, según él mismo declaró”.
“Cada vez que yo sea aludido por alguno de los dirigentes del Partido Nacional, mi respuesta va a ser: ¿qué piensa Lacalle Pou de todo esto? A mí me interesa lo que piensa Lacalle. Yo a veces juego con cartas guardadas y a veces no, pero yo quiero saber la opinión del jefe”, acotó. Señaló que “no le interesa” discutir con Bustillo, sino que espera conocer la opinión del expresidente blanco y dará su opinión cuando el nacionalista “se exprese“.
Vinculado a los cambios en la titularidad de la causa que investiga la destrucción de un documento asociado al narcotraficante tras la salida del fiscal Alejandro Machado, señaló que comparte la opinión de Lacalle Pou en relación a que “no es conveniente cambiar de caballo a mitad del río”. “Como regla general, no es bueno que aquellas causas que tengan connotación pública tengan cambios de fiscales en el transcurso de la propia investigación”, evaluó. En relación a la explicación de que Machado concursó por un cargo y que eso explicaría el cambio, dijo que “el funcionario existe para la función y no la función para el funcionario”.
Cardama y un conflicto en “cuatro áreas”
Díaz también fue consultado sobre las actuaciones de cara al conflicto con el astillero español Cardama luego de que el Estado decidiera rescindir un contrato para la construcción de dos patrulleras oceánicas (OPV). Señaló, por un lado, que hay “un escenario” en la misma Fiscalía que tiene “el asunto de la destrucción del documento público” y se encuentra en una “situación de incertidumbre” porque está “acéfala”, ya que “cambia su titular en la mitad del río”.
El segundo aspecto es la comisión investigadora en el Parlamento, que “está avanzando” y se encuentra próxima a “llegar al fin de su trabajo”: “Ese es un trabajo muy importante porque allí han surgido nuevos elementos que imagino van a ser puestos en conocimiento de la Fiscalía”, acotó. Asimismo, hay dos juicios en marcha: uno es el arbitraje que inició la empresa privada y que entienden “que no tiene jurisdicción” pero es “reservado y confidencial”, al tiempo que existe “un juicio que iniciará el Estado uruguayo contra Cardama respecto de los incumplimientos graves en la construcción de las OPV”.
“Esas son las cuatro áreas en las cuales el conflicto está planteado. Después hay una quinta, que es algo a lo que se comprometió el presidente Orsi y que se está trabajando, que es la adquisición de nuevas OPV que no tienen nada que ver estrictamente con Cardama, pero sí con la Armada Nacional”, señaló. Las gestiones están a cargo del Ministerio de Defensa conjuntamente con Presidencia de la República y espera que “a la brevedad haya novedades”.
Díaz mencionó que “la Marina del Reino Unido va a vender tres OPV” en el marco de un proceso de recambio de flota, que tienen una vida útil de aproximadamente 20 o 25 años más, lo que implica un precio “mucho más bajo” respecto de las unidades nuevas. El proceso se está siguiendo y funcionarios de la Armada viajaron al país para verlas en el marco de “un proceso que está en trámite”. También hay otras propuestas relacionadas con “convenios de Estado a Estado”, dado que en “cualquier tipo de contratación que se haga en el futuro respecto a este tipo de compras tiene que necesariamente haber un Estado extranjero involucrado en el procedimiento” que “dé garantías”, consideró.
Díaz: Hay un “feroz ataque” sobre la Junta de Transparencia y Ética Pública
Díaz también abordó la polémica por la adquisición de una camioneta con 25.000 dólares de descuento por parte del presidente y dijo que la respuesta al pedido de informes que cursó el legislador colorado Felipe Schipani “todavía no se ha remitido”, pero reiteró que demostrará “la separación entre la adquisición del vehículo y los utilizados en la asunción”. En su visión, estando en “funcionamiento denuncias que se plantearon en la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) y la Corte Electoral, que se encarga del contralor del financiamiento de las campañas políticas y el Tribunal de Cuentas –que son los organismos encargados de controlar esto–”, lo mejor es “esperar prudentemente”.
Sin embargo, por fuera del caso concreto, expresó que “lo más importante de todo es que la normativa exista, pero que se cumpla y se controle”, al tiempo que se declaró preocupado por “un feroz ataque de determinados sectores de la oposición” a la Jutep, “como lo hubo con anterioridad sobre la Fiscalía y como probablemente lo haya en el futuro sobre alguna otra institución del Estado”. Díaz reflexionó que la democracia “se va de alguna manera dañando desde dentro”, lo que implica “el vaciar de contenido o el ataque feroz” a instituciones.
“Si nosotros no somos capaces de revertir esa situación y entender que el debate democrático implica la preservación de las instituciones –hablo también de los partidos políticos– y no trabajamos fuertemente en su fortalecimiento, lo que termina pasando es un fenómeno que estamos viendo en toda América Latina y es la aparición de los outsiders”, planteó.
El jerarca dijo que no cree en los mecanismos colegiados de contralor y aseguró que en cuestiones vinculadas a la ética o la transparencia “no es buena la politización o la partidización de los integrantes”. Díaz subrayó que, en el caso de optar por un miembro único, hay “mecanismos de control que existen en otras partes del mundo, que funcionan, que deberíamos ver y no enamorarnos tanto de los colegiados”, siendo que “desde que se creó hasta el día de hoy” la Jutep “ha tenido representación política”.
En ese sentido, aunque desconoce “si es buena o mala”, se refirió a la propuesta del diputado colorado Conrado Rodríguez y dijo que siempre está “dispuesto a discutir”.