Este jueves, la Comisión de Hacienda del Senado que estudia el proyecto de ley sobre competitividad y reducción de costo de vida recibió a la Asociación de Despachantes del Uruguay y la Cámara Uruguaya Fintech. Estaba previsto que también concurriera el Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT, pero, según dijo a la diaria la economista Alejandra Picco, integrante del instituto, hubo un problema de agenda y la delegación no pudo asistir. En su lugar, el Cuesta Duarte envió a la comisión los dos documentos que iban a presentar a los senadores: uno con la valoración general del proyecto y otro centrado en los artículos vinculados al sistema financiero. Este texto fue redactado por la Comisión Técnica Asesora de la Asociación de Bancarios del Uruguay (AEBU).
En los documentos, a los que tuvo acceso la diaria, Picco señala que desde el Cuesta Duarte comparten la necesidad de “fortalecer la competitividad de la economía uruguaya desde una perspectiva amplia, que trascienda los precios relativos, tal como plantea la exposición de motivos” del proyecto presentado por el Poder Ejecutivo. También apunta que entienden a la competitividad como “la capacidad de producir más y mejor, generar mayor valor y atraer inversiones que creen empleos de calidad, apuntando además a que esto se traduzca en un mayor bienestar para las y los uruguayos”.
Si bien se señala que la simplificación de trámites y la modernización de los procedimientos estatales que se proponen “constituyen avances positivos en materia de eficiencia regulatoria en sí mismos”, se sostiene que las medidas que se incluyen en el proyecto “se concentran principalmente en reducir los costos administrativos que enfrentan las empresas”. “No nos queda claro el impacto que esto vaya a tener sobre la inversión productiva, el empleo y tampoco en la reducción del costo de vida”, se marca en el documento. Para Picco, los efectos que pueda haber “van a ser más bien limitados”. Se apunta que en el estudio de la iniciativa no se encontró un “análisis ni estimaciones del Ministerio de Economía y Finanzas que permitan cuantificarlos y muestren lo contrario”.
En diálogo con la diaria, Picco señaló que el análisis que hicieron sobre el proyecto ya fue presentado al Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT, y apuntó que la “sensación” fue que “hay poco a lo que oponerse”, ya que “es una ley pensada un poco más para las empresas”.
Preocupación por el silencio administrativo y las múltiples importadores
En el documento, el Cuesta Duarte hace puntualizaciones sobre algunos artículos. En primer lugar, advierte que “algunas disposiciones” sobre la agilización de trámites “requieren especial cautela”, puesto que “sus efectos dependerán en gran medida de la reglamentación”.
Una de estas disposiciones es el silencio administrativo, que, si bien se reconoce que se “prevé aplicarlo únicamente a procedimientos considerados de bajo riesgo”, se señala que “será decisivo cómo se defina ese concepto y qué plazos se establezcan”. “Desde nuestra perspectiva, estos cambios no deberían implicar menos regulación, sino una regulación más eficaz”, se agrega.
“Para eso se necesita un Estado ágil, profesional y coordinado, con recursos suficientes para cumplir con los plazos establecidos en materia de trámites y habilitaciones, y concentrar los controles en las áreas de mayor riesgo sin debilitar los estándares ni las garantías. No un Estado debilitado”, se sostiene. Y se señala que esto es “especialmente importante” con respecto a las habilitaciones y los registros sanitarios, fitosanitarios y ambientales.
En ese sentido, se advierte que, “si no se diseñan adecuadamente”, estas medidas pueden “debilitar estándares, garantías y salvaguardas en áreas sensibles, especialmente las vinculadas con la salud y el ambiente”.
Con respecto a la reducción del costo de vida, desde el instituto valoran las medidas “destinadas a fortalecer la competencia”, sobre todo en un contexto con “mercados que operan, en los hechos, con escasa competencia, debido a restricciones que dificultan la importación de determinados productos, como la pasta dental y otros artículos de higiene personal”.
Uno de los artículos del proyecto propone la simplificación del registro de importadores para permitir la existencia de múltiples proveedores para un mismo producto sometido a vigilancia técnica, sanitaria o de cualquier otro tipo. Para eso “se habilitará un procedimiento de registro simplificado para productos previamente registrados por un tercero”, por lo que no se requerirá información que ya esté en poder de la autoridad sanitaria o técnica correspondiente.
AEBU alerta sobre “una evidente sobrecarga laboral”
Por su parte, AEBU hizo una serie de planteos sobre los artículos vinculados al sistema financiero. Uno de ellos, el número 19, refiere a la utilización de una Plataforma de Interoperabilidad gestionada por la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento por parte de entidades vinculadas a la evaluación del riesgo crediticio o prevención del fraude, el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
El sindicato señala que, si bien en el proyecto se garantiza la protección de los datos, advierten que “existe el riesgo de que la información de instituciones públicas sirva para otros fines, como campañas de marketing o ventajas en competencia de las empresas privadas que accedan y que tengan los medios para tratar y usar en mayor medida esta información”.
Por otro lado, AEBU señala que los artículos que implican modificaciones en el sistema financiero, como la implementación del Sistema de Finanzas Abiertas, la creación de Fondos de Inversión Cerrados, la promoción de Plataformas de Financiamiento Colectivo y el desarrollo de sandboxes regulatorios, “exigen al Banco Central del Uruguay nuevas competencias, controles, reglamentaciones y tareas de seguimiento”, pero “la institución pretende absorber esta demanda con la misma dotación de personal”.
“Esta brecha no solo genera una evidente sobrecarga laboral, sino que compromete los recursos necesarios para fiscalizar eficazmente la normativa vigente y las nuevas leyes”, se advierte en el documento; y se señala que “la falta de capacidad operativa deriva en un severo riesgo reputacional para el Banco Central del Uruguay, cuya credibilidad y solidez como regulador son pilares indispensables para la estabilidad del sistema financiero”.