La comisión especial que investiga el proceso de compra de las patrullas oceánicas (OPV, por sus siglas en inglés) al astillero español Cardama tendrá el lunes una de las sesiones más esperadas: a partir de las 13.00 comparecerá el senador del Partido Nacional Javier García, quien en el período pasado, como ministro de Defensa Nacional, fue el encargado de comunicar la elección de la empresa española y posteriormente de firmar el contrato, que fue rescindido por el actual gobierno por indicios de “fraude” y “estafa”. Está previsto que en otra sesión comparezca Armando Castaingdebat, quien reemplazó a García en el cargo de ministro en marzo de 2024. Luego, asistirá la actual titular del Ministerio de Defensa Nacional (MDN), Sandra Lazo.
Desde el oficialismo entienden que la concurrencia de García “es una oportunidad muy importante” en la medida en que se ha podido “constatar como mínimo un cúmulo de desprolijidades muy importantes a lo largo del proceso” de compra de las OPV, dijo a la diaria el senador del Frente Amplio (FA) Eduardo Brenta.
El legislador señaló que “en la amplia mayoría” de las sesiones anteriores “los distintos actores que pasaron, tanto militares como funcionarios del gobierno anterior, asignaron a García la responsabilidad política respecto a la decisión de la compra de las OPV”.
En la última reunión de la comisión, dos semanas atrás, el exdirector general de Secretaría del MDN Fabián Martínez –quien actualmente se encuentra en pase en comisión en el despacho de García– afirmó que “las tomas de decisiones siempre son de los ministros o, en su caso, del subsecretario en calidad de ministro interino”.
En ese marco, “hay mucho para analizar y para que el exministro explique”, afirmó Brenta. Las preguntas que formulará el oficialismo abarcarán, por ejemplo, los cambios de criterio que hubo en los llamados a ofertas para compras directas realizados en 2022, los cuales comprendían determinados requisitos técnicos, así como también el procedimiento de compra directa por el que finalmente resultó adjudicataria Cardama. “¿Por qué desecharon otras propuestas que no tenían una diferencia tan importante desde el punto de vista económico y se optó por un astillero que no tenía ninguna experiencia en materia de construcción de OPV?”, preguntó el senador del FA, como adelanto.
“Es evidente que el presidente tenía que estar al tanto”
Para el oficialismo, durante el proceso que tuvo lugar en el gobierno anterior ocurrieron episodios en los que se privilegió a Cardama. En ese sentido, se señala la presentación de una primera propuesta por parte del astillero español antes de que se abriera un nuevo proceso licitatorio para la adquisición de las OPV. El contralmirante Gustavo Musso –quien en agosto de 2023 pidió pase a retiro tras haber elaborado un informe técnico crítico sobre la elección de Cardama– contó en la comisión que fue él quien recibió la propuesta de la empresa española en forma de un “cuadernillo” con algunas características técnicas que García le había entregado al entonces comandante en jefe de la Armada Nacional, Jorge Wilson.
Otra instancia por la que se ha consultado sobre la actuación de García refiere a la reunión que hubo en la sede del MDN entre autoridades del gobierno y representantes de Cardama, en junio de 2023, es decir, antes de la firma del contrato. Wilson, que estuvo presente en dicha reunión, dijo en la comisión no recordar si García estuvo presente o no, mientras que Martínez aseguró que el exjerarca “no estuvo presente en las reuniones”.
Consultado al respecto, si bien señaló que esto formará parte de las consultas, Brenta sostuvo que de cualquier manera, “haya estado o no haya estado, está claro que el ministro estuvo al tanto de todo el proceso todo el tiempo”. “Sería una irresponsabilidad muy grave no ir tomando conocimiento, más allá de las instancias puntuales, de cómo se iba desarrollando el proceso y la toma de decisiones”, consideró el senador del FA, que además extendió la responsabilidad al expresidente Luis Lacalle Pou. “Es evidente que el presidente tenía que estar al tanto en forma regular”, ya que “la responsabilidad última siempre es del presidente”, expresó.
El proceso de constitución de las garantías de fiel cumplimiento y de reembolso también será uno de los ejes de las preguntas que hará el FA tanto a García como posteriormente a Castaingdebat. Brenta hizo hincapié en la extensión de los plazos, que “en muchos casos” se dieron “sin resolución”, a través de “una decisión de boca de los dos ministros”.
La empresa española logró presentar las garantías recién en octubre de 2024, 11 meses después de la firma del contrato, tras sucesivas prórrogas otorgadas por el gobierno de Lacalle Pou y advertencias sobre el proceder de Cardama por parte del estudio jurídico Delpiazzo Abogados, que asesoró al gobierno anterior en el proceso.
En el marco de la investigación administrativa llevada adelante por la Oficina Nacional del Servicio Civil, el cabildante Rivera Elgue, quien se desempeñó como subsecretario del MDN hasta agosto de 2024, atribuyó a García la “decisión final” sobre la tramitación de las garantías. En el mismo sentido, el exdirector de Recursos Financieros de la cartera Damián Galó sostuvo que el otorgamiento de las prórrogas “fue decisión del ministro”.