La Comisión de Hacienda del Senado recibió este jueves a distintos especialistas y a la Cámara de Comercio de Productores Agroquímicos del Uruguay para seguir analizando el proyecto de competitividad y reducción del costo de vida que presentó el gobierno semanas atrás. En particular, recibieron al exministro de Hacienda del gobierno chileno de Gabriel Boric, Nicolás Grau, quien asesoró al Ejecutivo uruguayo en la redacción de la iniciativa. La lista de delegaciones se completó con el economista Sebastián Fleitas, los abogados Juan Manuel Mercant y Renato Guerrieri, el Centro de Estudios para el Desarrollo y el Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social.
El año pasado, en Chile entró en vigencia una ley marco de permisos sectoriales que redactó el gobierno de Boric y que puso el foco en los permisos de inversión, según contó Grau en una entrevista con el semanario Búsqueda. El exministro explicó que en Chile hay 40 instituciones del Estado que entregan “más de 400 permisos sectoriales”, por lo que crearon un sistema de permisos sectoriales con el objetivo de “reducir significativamente los tiempos de la obtención, sin por ello bajar el estándar regulatorio”.
Grau, que fue invitado por el Banco Interamericano de Desarrollo a asesorar al Ministerio de Economía y Finanzas, dijo en una rueda de prensa luego de la comisión que se trata de “una ley muy importante” que si se aprueba “va a permitir acelerar la inversión y tener, por lo tanto, una economía más fuerte”. El economista aseguró que la iniciativa “va a permitir reducir los costos que pagan las y los uruguayos en distintos bienes, sobre todo importados”.
Consultado sobre las debilidades que tiene Uruguay para aplicar el proyecto y cuáles son los principales desafíos, Grau consideró que “hay oportunidades”, puesto que Uruguay “es un país con instituciones fuertes, que además es confiable”, lo cual “es muy bueno para la inversión”. A su vez, destacó el artículo para habilitar múltiples importadores, dado que en el contexto actual, en el que existe “un solo importador en un bien específico”, “hay menos competencia y eso se traduce en costos más altos para quienes viven en Uruguay”.
Por otro lado, destacó que el gobierno haya convocado a diferentes actores, como empresarios, sindicatos, academia y organizaciones de la sociedad civil. “Todo eso requiere confianza y requiere creer en la conversación público privada, y creo que Uruguay es un país donde eso se tiene mucho, donde hay diálogo social productivo de los trabajadores con los empresarios”, subrayó, y consideró que “eso es muy bueno” porque cuando “las institucionalidades se basan en la confianza normalmente son institucionalidades más eficientes”.
Grau planteó que quienes creen que el Estado “tiene un rol muy importante en la sociedad” deben “ser los primeros, los más preocupados por que el Estado funcione de manera eficiente”. “Una agenda de modernización regulatoria es eso, que el Estado cumpla sus objetivos, en este caso, el de proteger a la población”, afirmó.
Sobre el diálogo entre los distintos partidos políticos, Grau afirmó que “hay un muy buen ánimo de los distintos sectores para moverse en esta dirección”, y dijo que para la reforma que se hizo en Chile “también se logró un acuerdo muy amplio”.
En ese sentido, el senador del Frente Amplio Daniel Caggiani dijo en una rueda de prensa que para la fuerza política es importante que el proyecto se apruebe en agosto en el plenario del Senado, para que pase a la Cámara de Diputados y obtenga la sanción definitiva antes de fin de año. Caggiani señaló que la iniciativa “es una oportunidad muy importante para Uruguay”, ya que se “necesita mejorar los niveles de inserción internacional, mejorar los niveles de productividad, mejorar los niveles de producción”.