Los senadores de la Comisión de Hacienda continúan recibiendo a delegaciones para que den su opinión sobre el proyecto de competitividad y reducción del costo de vida presentado por el Poder Ejecutivo. Este jueves fue el turno de varias gremiales empresariales: la Asociación Nacional de Micro y Pequeñas Empresas (Anmype), la Cámara de Comercio y Servicios, la Cámara de Industrias y la Unión de Exportadores. La senadora del Frente Amplio Liliam Kechichian dijo a la diaria que el objetivo de la comisión es votar el proyecto en el plenario de la cámara alta a fines de agosto, es decir, antes de que la Rendición de Cuentas ingrese desde la Cámara de Diputados.
El jueves pasado, el presidente de la Federación Rural, Rafael Normey, había señalado a la diaria que el proyecto del gobierno “va en la dirección correcta”, pero aborda “solo una parte del problema” de la competitividad en Uruguay. En términos similares se expresaron las delegaciones que comparecieron ante el Parlamento este jueves, con los que dialogó la diaria.
El presidente de Anmype, Pablo Villar, dijo que la ley aborda temas muy diversos en cuanto a la actividad comercial, empresarial y económica. “En principio, a nosotros nos parece bien y celebramos la iniciativa del Poder Ejecutivo, que de alguna manera entiende y atiende el problema de la excesiva tramitación, los costos de las tramitaciones, los tiempos”, señaló.
Villar consideró como algo positivo que se “intente trabajar desde la administración para lograr la interoperabilidad entre los agentes públicos, que exista mayor diálogo digital entre todos ellos, que no se pidan requisitos muchas veces redundantes para hacer distintos trámites en distintos ministerios o en distintos organismos públicos”. Con este objetivo, en el artículo 10 del proyecto se crea un registro único de apoderados y representantes.
En la misma línea, la asesora económica de la Cámara de Comercio, Ana Laura Fernández, quien compareció ante el Parlamento, dijo que el proyecto se ve como “algo positivo”, ya que trata aspectos en los que la gremial “viene trabajando hace mucho tiempo, no solamente con este gobierno, sino con anteriores administraciones”. “Necesitamos mejorar el entorno de negocios, necesitamos avanzar en la carga regulatoria que enfrentan las empresas, la multiplicidad de registros, los procesos de habilitación, que se duplica la información, la solicitud en uno y en otro organismo, los plazos”, expresó.
La economista valoró de manera positiva la iniciativa como “un primer paso en hacer cambios”. En este proyecto “hay mucha información” y se recoge, en muchos casos, “parte de los planteos que desde el sector empresarial y la propia cámara se ha realizado a las autoridades, tanto en lo que fue la etapa pública previa como en etapas anteriores”. Consultada sobre qué aspectos fueron contemplados por el gobierno, Fernández mencionó, a modo de ejemplo, el silencio positivo.
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En ese sentido, la presidenta de la Cámara de Exportadores, Carmen Porteiro, dijo que el proyecto “sienta las bases para después entrar trámite a trámite”. Señaló que durante la consulta pública abierta por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para recoger insumos la gremial presentó “un listado relevado con todos los exportadores o con los socios que participaron, quienes voluntariamente aportaron sus casos de negocio, de trámite por trámite, donde estaban los cuellos de botella”.
A juicio de los exportadores, la agilización de los procesos internos de Uruguay está vinculada, por ejemplo, al acuerdo del Mercosur con la Unión Europea. Si bien el tratado comercial “te abre puertas y te tiende un puente”, para “cruzar ese puente” y “concretar el negocio del otro lado” es necesario “tener un producto o un servicio de buena calidad, con altos estándares de sostenibilidad, y, en su conjunto, ser competitivo”, remarcó.
Desde la Cámara de Industrias, el presidente de la Comisión de Comercio Interno, Sergio Caplán, dijo que, en líneas generales, les parece “muy bien” que se tome el tema de la competitividad, sobre todo, en vista de la “falta de competitividad que tenía Uruguay respecto al mundo y en especial frente a los otros países del Mercosur”. “Es un problema serio que viene acarreando la destrucción de muchas industrias que se están cerrando o que se están yendo a lugares donde tienen mejores condiciones para desarrollarse”, expresó.
“Los temas que se tratan en esta ley no agotan los temas importantes de la competitividad, que son varios”, remarcó Caplán. “El tema energético, por ejemplo, no está tratado, [tampoco] el tema laboral, los temas logísticos”, mencionó, si bien puntualizó que el MEF “ha prometido” que esos temas “van a volver a estar en el tapete”.
A pesar de su visión positiva de la iniciativa, Fernández consideró que “muchos de los artículos puestos sobre la mesa son bastante generalistas”. Señaló que, si bien “establecen un camino”, es necesario “trabajar” e “hilar mucho más fino para la verdadera implementación de lo que ya está ahí escrito”.
El artículo sobre múltiples importadores “cambia las reglas de juego”
Un aspecto en el que los empresarios pretenden que se hile un poco más fino es en la redacción del artículo 141 del proyecto, que busca simplificar el registro de importadores. “Salvo en los casos en que la legislación prevea expresamente que la provisión de un producto en un mercado se efectúe mediante un representante o distribuidor exclusivo, se habilitará la existencia de múltiples proveedores para un mismo producto sometido a vigilancia técnica, sanitaria o de cualquier otro tipo”, establece el artículo.
Para Caplán, el artículo está “basado en el precio del dentífrico exclusivamente”, en el marco de una situación de “cuasi monopolio”, puesto que “hay muchas marcas, incluso marcas locales que fabrican este dentífrico también, que de repente no tienen las posibilidades de ser exhibidas en los puntos de venta, pero que existen, y en realidad están basándose en la marca que es mayoritaria”.
“El hecho de que haya una mayor competencia no sería un tema de competitividad, porque si vos vas a permitir que esa marca compita consigo misma, lo que vas a hacer es agrandar el mercado de esa marca y entonces el mercado no va a ser más competitivo, sino que alguien que tenga el 80% del mercado podrá tener mayor participación y, por lo tanto, se va a restringir la posibilidad de que esas otras marcas puedan llegar”, valoró.
La gremial entiende que es necesario estudiar bien el artículo durante la reglamentación de la ley, ya que “podría traer un beneficio” que “puede ser muy chico en el tema de la canasta [básica], pero que puede tener un perjuicio que pueda ser mayor que el beneficio que trae”.
Por su parte, Fernández coincidió en que la reglamentación del artículo es un tema a trabajar. La preocupación de la Cámara de Comercio, dijo, tiene que ver con que esto “cambia las reglas de juego actuales, particularmente para aquellas empresas que hoy ya desarrollan sus negocios bajo esta realidad”.
Fernández planteó la necesidad de que el artículo sea más claro. Señaló que en el caso de los productos de salud y cuidado personal “hay todo un tema de riesgo sanitario”, por lo que “es fundamental que se establezcan las condiciones para proteger la salud de las personas”.
Además, dijo que sería conveniente pensar en “un período de transición en el que haya cierta exclusividad, tal como hoy está establecido por determinados períodos, y que luego sí se abra el juego a otros posibles importadores”. “Hay todo un tema de posicionamiento de la marca, inversión, estrategias de marketing”, subrayó. En síntesis, dijo que es necesario “ser detallistas” en la reglamentación para que haya un “equilibrio” entre los distintos actores y asegurar la trazabilidad de los productos.