La Comisión de Seguridad Pública y Convivencia de la Cámara de Senadores tiene a estudio dos proyectos de ley vinculados a la tenencia y porte de armas: uno del Frente Amplio (FA), que fue presentado en 2022 por el entonces senador Mario Bergara y desarchivado en 2025, y otro del Partido Nacional, impulsado por el senador Carlos Camy. Este lunes, la comisión recibió a la Asociación Nacional de Cazadores y al Club Uruguayo de Tiro para conocer sus opiniones sobre los respectivos proyectos.
La iniciativa del FA propone “instalar el debate y contribuir a la toma de conciencia colectiva sobre la gravedad” de los indicadores de muertes, lesiones, amenazas y otras formas de violencia por armas de fuego, así como también “generar las condiciones legales para educar sobre el tema, sensibilizar y reducir el número de armas en la población civil”. Además, “en virtud de la preocupante realidad de nuestro país en relación con la violencia de género y la violencia doméstica”, el proyecto propone introducir un conjunto de cambios a la normativa vigente.
El proyecto de Camy, en tanto, busca “dar una clara y segura visión de los derechos y saberes de las personas, tanto físicas como jurídicas, que posean armas y materiales relacionados, para adecuarla a la realidad actual tanto de la población como de los progresos técnicos que se han logrado, pero siempre dando al ciudadano la libertad con la responsabilidad que lo debe regir”.
El senador del FA Felipe Carballo, integrante de la comisión, dijo a la diaria que la Asociación Nacional de Cazadores presentó un documento en el que “hace algunas críticas” al proyecto del FA, “particularmente sobre la preocupación de la reducción de la cantidad de armas”. “En ese proyecto se plantea que sean tres armas por persona, lo que generaría algunos inconvenientes importantes para la asociación”, señaló.
En el documento que presentó la Asociación Nacional de Cazadores, al que accedió la diaria, se coincide en la necesidad de “actualizar la normativa en lo que refiere al tema de tenencia y porte de armas en Uruguay” y se comparte la preocupación por “la situación actual en materia de seguridad pública”. De todas formas, la asociación advierte que “el problema de la violencia armada no es el legítimo usuario ni el tirador deportivo ni el cazador ni el coleccionista, como tampoco lo es el importador y las armerías”.
El proyecto del FA es de “corte desarmista”
En el documento entregado a los legisladores la asociación apuntó que existe “una profunda diferencia” entre los dos proyectos. Sobre el proyecto del FA, la primera consideración que hacen es que el “rumbo” de la iniciativa “no puede definirse de otra manera que como un proyecto de corte desarmista”.
Los cazadores critican que se limite la cantidad de armas que puede tener una persona, lo cual está previsto en el artículo 19 del proyecto. “Para un cazador esto es extremadamente limitante”, dado que en la práctica “se utilizan armas distintas” dependiendo de “la modalidad de caza”. “Para nosotros es como limitar la cantidad de autos que ustedes quisieran adquirir, o la cantidad de televisores que una casa puede tener, o la cantidad de zapatos de fútbol que puede tener un jugador o raquetas de tenis”, señalaron en el documento.
Por otro lado, el proyecto del FA propone reducir el plazo del Título de Habilitación para la Tenencia y Adquisición (Thata) de armas de fuego de cinco a tres años. A juicio de la asociación, esta medida “solo burocratiza y encarece más el trámite”. Además, afirman que “ya quedó demostrado que no existe ningún dato concreto que indique que contar con menos armas legales disminuya los delitos. Todo lo contrario”.
Los legisladores del FA también plantean que será un requisito para adquirir el Thata que se acredite la “contratación de un seguro de responsabilidad civil contra terceros por los daños que pudieren provocarse con las armas de fuego o materiales controlados que se proyecta adquirir”. Los cazadores consideran que esta medida es “inviable”, puesto que “no solo golpea a quien cumple la ley en lugar de al delincuente –que no tiene Thata ni va a contratar ningún seguro–, sino porque genera costos adicionales sobre el legítimo usuario”.
“Exigir un seguro obligatorio solo encarece y complica la vida del cazador, tirador o persona que usa el arma legalmente, que pasa por todos los controles y se somete a evaluaciones psicológicas rutinarias para obtener su permiso”, afirman, y agregan que “aumentar los costos a quienes ya cumplen fomenta que más personas pasen a la ilegalidad”.
En el caso del proyecto de Camy, la asociación hace “observaciones y sugerencias” que consideran “convenientes” y que “agilizarían los trámites para los legítimos usuarios”. En primer lugar se refieren al artículo acerca de la obtención del Thata, en el que “los requisitos están bien planteados, pero desordenados”. En ese sentido, sugieren agregar una serie de artículos: uno sobre la renovación automática del Thata, para el que “será indispensable únicamente la presentación de antecedentes judiciales y certificado psicológico vigentes”, y otro que crea una Comisión de Educación y Manejo Seguro de Armas para “capacitar a los legítimos usuarios de armas de fuego”.