Con la comparecencia de la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, la comisión especial de la Asamblea General que investiga el proceso de compra de dos patrullas oceánicas (OPV, por sus siglas en inglés) al astillero español Cardama Shipyard dio por finalizada este lunes la agenda de invitados. En total pasaron por la comisión 23 personas. Si bien todavía cabe la posibilidad de que el titular de la empresa española, Mario Cardama, envíe un documento con respuestas a preguntas de los legisladores (que todavía no las han definido), la comisión ahora se dedicará a la elaboración de informes sobre la investigación, los cuales, según ya se ha adelantado, podrían desembocar en acciones judiciales.
La comisión de este lunes se extendió durante casi seis horas y, según la versión taquigráfica de la sesión, a la que tuvo acceso la diaria, incluyó intercambios y acusaciones entre los legisladores. “El que enterró 30 millones de dólares en España fue el mal negocio que estamos denunciando que hizo el gobierno pasado. En todo caso, lo que hizo este gobierno fue ahorrarse 60 millones de euros, que no desembolsó porque hizo caer el contrato”, le contestó, por ejemplo, el senador frenteamplista Nicolás Viera al diputado del Partido Independiente, Gerardo Sotelo, quien previamente había afirmado que la actual administración sepultó dicho monto en Galicia, donde está ubicado el astillero español, y había denunciado que Viera “agravió e injurió en la prensa” a los miembros de la oposición, “diciendo que éramos abogados de Cardama”. No obstante, la mayor parte de la sesión se centró en las respuestas de Lazo a las preguntas de los legisladores.
Un proceso “pautado por comunicaciones informales vía correo electrónico”
De forma cronológica, Lazo comenzó asegurando que durante los meses de transición entre el gobierno anterior y el actual “el tema no fue suficientemente informado” por parte de las autoridades salientes, a pesar de que “en dicho período se tomaron importantes decisiones”. Entre otras, mencionó “la aceptación final de las garantías en noviembre de 2024” y “el pago del hito B, plano de cuaderna maestra, a fines de febrero de 2025”.
Según la ministra, cuando asumió, el gobierno constató que “no existía un registro administrativo regular del proceso de aceptación de las garantías que estaban exigidas en el contrato, que transcurrió desde la firma, en diciembre de 2023, hasta fines de 2024, cuando se aceptaron las garantías presentadas por la empresa [Cardama] de fiel cumplimiento del contrato y de anticipo financiero”. “Tampoco se encontraron documentos oficiales que registraran las actuaciones durante ese período tan importante, que marcaba prácticamente la entrada en vigor del contrato”, agregó.
Lazo afirmó que “todo ese proceso estuvo exclusivamente pautado por comunicaciones informales vía correo electrónico” entre las anteriores autoridades, Cardama y los asesores externos. Resaltó que de estos intercambios no quedaron “registros fehacientes o confiables en las casillas institucionales de dichos correos electrónicos”.
Esto fue rechazado por el diputado del Partido Nacional Pablo Abdala, quien afirmó que la documentación que tiene en poder la comisión parlamentaria “indica exactamente lo contrario”, esto es, que “durante todo el proceso administrativo que se siguió hasta la suscripción del contrato con Cardama, y después hasta la constitución de la garantía, hay debido registro, como corresponde, de todas y cada una de las etapas”. “Supongo que por algo además el Tribunal de Cuentas habrá avalado el proceso que se cumplió”, acotó.
“Podía presumirse” que existía “la decisión política de terminar con el contrato”
Abdala dijo que, a su juicio, existen “muchas dudas” sobre “el propósito, la vía de razonamiento y de actuación que siguió el gobierno” con respecto al contrato heredado con Cardama, que finalmente fue rescindido en febrero de este año, luego de que en octubre del año pasado se denunciara penalmente la falsedad de la garantía de fiel cumplimiento de Eurocommerce, que fue presentada por la empresa española y aceptada por el gobierno anterior.
El diputado nacionalista Gabriel Gianoli admitió en la comisión que en el proceso que rodeó a la garantía, “el fraude sucedió”. “Tenemos claro lo que sucedió con la garantía. Lo dijimos siempre. Lo sabe todo el mundo. ¿Qué vamos a inventar? ¿La pólvora? Ahora, nosotros entendíamos que eso no implicaba suspender el contrato”, consideró.
Uno de los principales cuestionamientos que ha hecho la oposición consiste en que el gobierno no haya considerado la aceptación de otra garantía, en lugar de rescindir directamente el contrato, sobre todo, en vista de que el Estado uruguayo ya había desembolsado varios millones de euros.
Abdala hizo dos preguntas en ese sentido. Por un lado, consultó si en una reunión que Lazo mantuvo con Mario Cardama el 10 de octubre de 2025 –es decir, 18 días después de que el plazo para renovar la garantía hubiese vencido– se conversó justamente sobre el tema de la garantía. “¿No se debió intimar precisamente ante esa circunstancia por parte del ministerio la renovación de la garantía? ¿Por qué no se hizo? ¿Hubo una inadvertencia a ese respecto? ¿Qué fue lo que ocurrió?”, preguntó Abdala, en referencia a la reunión entre Lazo y el empresario español, que tuvo lugar “15 días antes de que se le anunciara al país que el contrato se rescindía”.
Por otro lado, Abdala consultó sobre el contenido de una reunión que tuvo Lazo con el entonces director de Materia Naval de la Armada, José Ruiz, el 9 de mayo de 2025. El diputado nacionalista leyó un fragmento de un informe que elaboró Ruiz tras ese encuentro en el que dejó constancia de que no había una “definición política” respecto de “la continuidad del proyecto” de las OPV.
Sobre esto último, Lazo informó que Ruiz envió una nota al ministerio en la que “se expresaba claramente que algunos dichos que salieron de esta comisión –y no tenían nada que ver con la versión taquigráfica– nunca habían sido emitidos por él”. “En ningún momento dijo que esta ministra le había manifestado su intención de rescindir absolutamente nada”, afirmó.
Abdala retrucó que lo que escribió Ruiz en su comunicación al Comando de la Armada “es indesmentible” y sostuvo que “Ruiz salió de esa reunión con la íntima convicción de que la continuidad del proyecto estaba en duda”. “Salió con esa convicción. No lo dijo, lo escribió. ¡Lo escribió!, lo que es mucho más categórico”, subrayó, y leyó nuevamente el fragmento en cuestión: “No existe definición política respecto a la continuidad del proyecto”.
Para el diputado nacionalista, todo esto “parece indicar” que el gobierno “tenía tomada –o podía presumirse que la tenía– la decisión política de terminar con el contrato” ya en mayo, antes de que se constataran las irregularidades en torno a la garantía.
Con respecto a la reunión que mantuvo con Mario Cardama el 10 de octubre de 2025, Lazo dijo que en el encuentro “se habló de otra cosa” y no sobre la garantía, cuyo plazo para la renovación había finalizado el 22 de setiembre. “El señor vino a decirnos que probablemente no iba a tener los motores”, comentó, en referencia a los motores de propulsión que la empresa española necesitaba adquirir para la construcción de la primera patrulla oceánica. “Me preguntó si yo se lo había dicho en la reunión del 10 de octubre. No, no se lo dije. Entiendo que era el Estado uruguayo, [porque] no era Sandra Lazo firmando un contrato de que le iba a dar clases de inglés al hijo de Cardama, no era eso, [sino que] era el Estado uruguayo que tenía un contrato firmado con un astillero que iba a hacer, nada más y nada menos, dos OPV. No tengo por qué recordarle a nadie, porque cada uno de los firmantes de un contrato –y usted lo sabe– es absolutamente consciente de sus derechos y de sus obligaciones”, le contestó la ministra a Abdala.
“Claramente coadyuvó en la total pérdida de confianza”
Durante la extensa jornada en la comisión, Lazo hizo un repaso del momento en el que la actual administración detectó la falsedad de la garantía. Señaló que, una vez vencido el plazo para la renovación, el gobierno resolvió “promover la ejecución de la referida garantía con un único propósito, en el que no tengo dudas de que, más allá de los hechos, todos y cada uno de los integrantes del sistema político –oposición y oficialismo– estamos de acuerdo”, esto es, “no perjudicar los derechos del Estado uruguayo”.
En ese entonces fue cuando se constató la falsedad del documento, “en tanto la entidad emisora de este resultaba inexistente, con domicilio falso, todo lo cual se desprende de los informes realizados por nuestro representante diplomático en Reino Unido y del estudio Arnold & Porter, que pudo rápidamente detectar que se trataba de una empresa financiera sin existencia real y formalmente en disolución, sin actividad sustancial alguna”, señaló la ministra.
Asimismo, Lazo destacó que el mismo día en que el gobierno anunció, en una conferencia de prensa encabezada por Orsi, la intención del gobierno de rescindir el contrato ante indicios de “estafa” y “fraude”, Cardama envió por correo electrónico “una nueva y supuesta renovación de la garantía”. “Yo estaba con el señor presidente en la Torre Ejecutiva cuando llegó esta comunicación, el mismo día, minutos antes de salir para la conferencia de prensa”, apuntó.
Este segundo documento, sostuvo, también resultó ser falso, lo cual “naturalmente aumentó la suspicacia respecto de la actitud del proveedor, y claramente coadyuvó en la total pérdida de confianza a su respecto”, señaló la ministra.
Lazo hizo hincapié en que este último intento de Cardama se dio apenas “diez minutos antes de salir a la conferencia de prensa porque habíamos constatado el fraude”. “Por arte de magia –se ve que en España miran mucho los canales uruguayos, salvo que alguien, algún amigo seguramente, le haya anunciado que iba a haber una conferencia de prensa, y que era por ese tema, lo digo sin ironía– llegó la renovación”, pero “vuelve a mandar un documento totalmente apócrifo”, expresó, y agregó: “Realmente tengo que decir, con el mayor de los respetos, que lo que me llama la atención es que no estemos todos realmente preocupados por que se haya presentado un documento de ese porte al Estado uruguayo”.