Según informó Caras y Caretas y confirmó la diaria con fuentes vinculadas al caso, la activista uruguaya Ana Zugarramurdi permanece detenida en Reikiavik, la capital de Islandia, junto a otros 20 ambientalistas, tras haber estado más de un mes en alta mar a bordo del barco Bandero, propiedad de la fundación Capitán Paul Watson, que intentaba interferir con la operativa del barco ballenero Hvalur 9.
La embarcación se dedica específicamente a la caza de ballenas fin, también conocidas como ballenas de aleta. En el marco de la campaña Operación 86 para impedir su caza, la organización señaló que pertenece al magnate islandés Kristján Loftsson y es “uno de los dos últimos buques balleneros comerciales activos que operan en Islandia”. Esta vez lo hace gracias a un “permiso de última hora” que se otorgó en la transición entre gobiernos.
“Es un hombre millonario que hace esto nada más que por sostener su ‘hobby’, porque estos animales, luego de que los cazan, no es que los comen: no hay demanda”, dijo a este medio la representante de la fundación en Uruguay, Linka (nombre ficticio). Señaló que el empresario “todavía tiene refrigeradas ballenas [obtenidas] en los últimos años de caza” y calificó al hombre, que tiene más de 80 años, como un “anciano destructor” cuya actividad “no tiene sentido”.
El jueves 30 de julio, la embarcación logró una “victoria” al localizar al Hvalur 9 cuando salía del puerto, al que reingresó sin cazar. Sin embargo, la Guardia Costera de Islandia desplegó un helicóptero y persiguió al Bandero con el patrullero Freya, que lo incautó en aguas internacionales desde embarcaciones pequeñas y lo condujo hacia Reikiavik.
Desde la fundación agregaron que, durante toda la campaña, el Bandero fue “vigilado de cerca” y se utilizaron “aviones, helicópteros, drones, patrulleras” y otros recursos para rastrear sus movimientos. Agregaron que las autoridades informaron de su posición a los balleneros para que lograran evitarlo, al tiempo que toleraron que operaran sin transmitir su posición.
“A los activistas se les quitan los teléfonos y se llevaron parte de la tripulación a declarar; se los aísla y después nuevamente se los lleva a todos al barco. Hoy, recién, a ellos les permitieron salir del barco, pero no pueden dejar Reikiavik”, contó Linka. Dijo que no les permitieron comunicarse con sus abogados ni con sus familiares, ni habilitaron el ingreso de provisiones, no contaban con traductores y se les estaba “casi obligando” a firmar documentación en islandés mientras esperaban una resolución.
“Solo el capitán ha sido acusado formalmente”, se lee en información del caso que compartió Linka con la diaria. Sobre Zugarramurdi, dijo que “está bien, al igual que el resto de los tripulantes”, pero todos ellos están viviendo una “situación injusta” tras haber estado “todos estos días detenidos sin que se presentara ninguna orden judicial”. A su vez, señaló que están “totalmente indignados” porque luchan contra una actividad que “pone en peligro el ecosistema entero”: “El único criminal es quien acaba con una ballena vulnerable a la extinción”, aseveró la activista.
En octubre, Zugarramurdi participó en la Global Sumud Flotilla para llevar ayuda humanitaria a la Franja de Gaza en el Jeannott II, de bandera española. Tras ser interceptada por Israel, también estuvo detenida y el Ministerio de Relaciones Exteriores se involucró activamente con el caso. En esta oportunidad, se contactaron con la cancillería el martes, pero se proponen buscar una segunda aproximación con información actualizada.
El futuro de la actividad en cuestión
“Hasta la fecha, aproximadamente 32 ballenas de aleta y cuatro fetos han muerto durante la temporada de caza comercial de ballenas de Islandia de 2026. La fundación señala que esta cifra es significativamente menor que en temporadas anteriores, citando 62 ballenas muertas durante la etapa comparable de la temporada de 2018 y 55 ballenas durante el mismo período en 2022”, detalló la fundación en un comunicado.
Aunque es posible que se deba a “múltiples factores”, atribuyen la disminución en las cifras a su “vigilancia constante en el mar” y al hecho de forzar que los barcos balleneros deban reubicar sus operaciones.
Por otro lado, consignaron que la temporada de caza de este año se llevó a cabo “en medio de una creciente oposición política y pública”, ya que, por ejemplo, el gobierno de centroizquierda de Islandia que encabeza la presidenta Halla Tómasdóttir “se ha comprometido a introducir legislación que pondría fin a la caza comercial de ballenas”. Asimismo, un referéndum sobre la adhesión a la Unión Europea, con fecha para el 29 de agosto, “ha intensificado aún más el debate sobre el futuro de la industria”.
También informaron sobre infracciones. Indicaron que, mientras el Bandero estaba en alta mar, otro equipo monitoreó a Hvalur desde tierra: “Basándose en observaciones de testigos presenciales, pruebas en video y otra documentación, la fundación presentó pruebas a la Autoridad Veterinaria y Alimentaria de Islandia, alegando que Hvalur arponeó ballenas de aleta fuera de la zona de caza legalmente permitida y que algunas ballenas fueron alcanzadas varias veces antes de morir”.
La bióloga Meica Valdivia, del Museo Nacional de Historia Natural, dijo a la diaria que la especie está categorizada como vulnerable en la Lista Roja de Especies Amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza mientras que en Uruguay, alineado a su situación global, se categoriza como “en peligro”. Lo anterior responde a que la población de este cetáceo experimentó una reducción superior al 70% en las últimas tres generaciones –unos 85 años aproximadamente–, lo que se atribuye a la explotación ballenera.