Este martes, el diputado del Partido Nacional Pablo Abdala brindó una conferencia de prensa para anunciar que en las últimas horas el gobierno le entregó la documentación que pidió, en el marco de una solicitud de acceso a la información, de la demanda arbitral iniciada por la empresa Cardama contra Uruguay. El diputado subrayó que le fue entregada tanto la demanda del astillero español como la respuesta del Estado uruguayo en el ámbito del arbitraje internacional, y puso a disposición de la prensa toda la documentación.
La solicitud de Cardama ante la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (CCI), con sede en París (Francia), fue presentada el 28 de abril de 2026, específicamente contra el Ministerio de Defensa Nacional (MDN). Allí la empresa consignó el devenir de los hechos, desde el 15 de diciembre de 2023, cuando suscribió con Uruguay un contrato para “la construcción, botadura y entrega en Vigo, España, de dos buques de Servicios Especiales con categoría de Patrullera, para ser operados por la Armada Nacional” de Uruguay, “por un precio total de 82.270.000 euros”.
La empresa subrayó que, “para la ejecución de los trabajos pactados”, suscribió también “múltiples subcontratos con distintos proveedores de materiales y elementos esenciales de los buques”. Entre los “más relevantes, tanto a nivel operativo como económico”, estuvieron los hechos en diciembre de 2024 y mayo de 2025 con Finanzauto, representante de Caterpillar en España, “para la construcción y entrega de los motores principales y auxiliares de los buques”.
En el documento la empresa española también consignó que en paralelo inició la gestión para “otorgar las garantías, ofreciendo múltiples alternativas, que fueron evaluadas por el MDN”, así como por el gobierno (anterior) “y sus asesores”. “Finalmente, en octubre de 2024, Cardama suscribió un contrato de intermediación financiera con Forum Europe SL, con el objeto de conseguir la emisión de las garantías. Seguidamente, Uruguay aprobó la Garantía de Fiel Cumplimiento otorgada por Eurocommerce Ltd y la Garantía de Reembolso otorgada por RedBridge Insurance Company”, señaló la empresa.
En ese contexto, la construcción de los buques “seguía su curso, atravesando dificultades más o menos ordinarias en este tipo de contratos”, como la “ausencia de representantes” de Uruguay o el “retraso autorizado” por el gobierno uruguayo “por las pruebas de canal”. “En concreto, el contrato alcanzó hasta el tercer hito de pago previsto para el buque 1 y hasta el segundo hito de pago para el buque 2. Cada uno de estos hitos estaba ligado al avance constructivo de los buques y verificado a través de los correspondientes certificados emitidos por la Sociedad de Clasificación”, agregó.
Además, la relación de las partes “también fue ordinaria”, según Cardama. La empresa puso como ejemplo que el 10 de octubre de 2025 tuvo lugar una reunión “rutinaria” entre la titular del MDN, Sandra Lazo, y Mario Cardama (representante del astillero), “respecto de varias cuestiones relativas al avance del proyecto”.
Pero, “sin embargo”, el 22 de octubre de 2025, el gobierno –encabezado por el presidente Yamandú Orsi– convocó a una “sorpresiva rueda de prensa de alcance público y notorio”, en la que anunció que la Garantía de Fiel Cumplimiento otorgada pro Eurocommerce “había resultado fraudulenta” y que el Poder Ejecutivo “se disponía a iniciar las acciones civiles, penales y administrativas correspondientes frente a Cardama y frente al gobierno anterior” (de Luis Lacalle Pou), así como a rescindir el contrato.
“Cardama nunca fue informada con anterioridad de las circunstancias descritas en la rueda de prensa y, en ningún caso, estuvo involucrada en fraude alguno relacionado con las garantías. Por el contrario, Uruguay, con la rueda de prensa y todos los actos posteriores a la misma, infringió flagrantemente el principio de buena fe, así como la cláusula de confidencialidad previstas en el contrato”, señaló la empresa. Además, sostuvo que, como consecuencia derivada de “tan graves acusaciones”, Uruguay convirtió el contrato en un “pacto de imposible cumplimiento, propiciando, entre otros efectos dañinos, la huida de subcontratistas clave para la ejecución de los trabajos”.
“Negativa frontal a cualquier tipo de conversación extrajudicial”.
En la solicitud de arbitraje presentada la empresa sostuvo que intentó “por todos los medios a su alcance” contactar con el MDN, “para buscar una solución consensuada a un (alegado) defecto contractual, en todo caso subsanable”, a través de, por ejemplo, “el otorgamiento de una garantía alternativa”. Pero el gobierno “exhibió una actitud absolutamente obstructiva y una negativa frontal a cualquier tipo de conversación extrajudicial”.
La empresa señaló que luego de la rueda de prensa se generó una instancia que tuvo como mediador al abogado Gonzalo Fernández (extitular del MDN y exsecretario de Presidencia, del primer gobierno de Tabaré Vázquez). “Sin embargo, este desistió, precisamente por la opacidad y falta de colaboración de Uruguay. Es más, a fecha de la presente solicitud, y a pesar de los múltiples y reiterados intentos de Cardama, incluso con posterioridad a la rescisión final, de febrero de 2026, no se ha logrado mantener ni una sola reunión entre las partes”, agregó.
El astillero sostuvo que este comportamiento “obstructivo” de Uruguay, “lejos de disiparse, se intensificó en los siguientes meses”, ya que el gobierno “no dejó de buscar activamente una justificación para salir del contrato suscrito con Cardama”. “Ello por cuestiones de calado político totalmente ajenas a Cardama”, aseguró.
La empresa señaló que las dos comunicaciones sobre la rescisión del contrato enviadas por el gobierno, por “la supuesta falta de entrada en vigor del contrato por defectos en las garantías (CM/336) y los alegados incumplimientos de carácter técnico (CM/337)” conforman una “única controversia y son materias intrínsecamente conexas e inseparables”. “Abordar o enjuiciar una de estas cuestiones aislando la otra resulta jurídica y lógicamente inviable, so pena de incurrir en resoluciones contradictorias”, agregó.
Por lo tanto, Cardama solicitó que el tribunal declare que la rescisión contractual promovida por el MDN fue “improcedente y contraria a derecho”, así como también que Uruguay “ha incumplido sus obligaciones contractuales y violentado el principio de buena fe contractual”. “Declare que Cardama tiene derecho a percibir cualesquiera cantidades pendientes de pago en virtud del contrato, así como una indemnización por los daños y perjuicios sufridos y condene a Uruguay al pago de las mismas”, agregó. Por último, el astillero español solicitó que Uruguay “debe correr con los gastos generados por el presente procedimiento arbitral”.
Gobierno: Cardama “pretende forzar indebidamente” la competencia del tribunal
Por su parte, en la respuesta a la solicitud de arbitraje, enviada al CCI por Uruguay el 27 de julio, se señaló que lo presentado por Cardama constituye “un claro intento de recurrir a un foro manifiestamente incompetente para eludir las consecuencias de sus propios incumplimientos”. Porque “la demandante contrató” con Uruguay “sujetándose a los principios de la buena fe en la ejecución de los contratos, y comprometiéndose a actuar con la diligencia del buen hombre de negocios”.
“Sin embargo, tal como se resume en las siguientes subsecciones, la demandante incurrió en graves incumplimientos del contrato, incluyendo en particular respecto de las garantías contractuales. Estos incumplimientos deben ser ventilados ante la jurisdicción competente, que es la Justicia uruguaya. Esto se establece en la cláusula 39 del contrato con meridiana claridad”, subrayó el gobierno.
Más adelante, sostuvo que Cardama “pretende forzar indebidamente” la competencia de un tribunal CCI, y que alegar expresamente que las materias técnicas y no técnicas son “inseparables” es una “fabricación o invención de la demandante”. Esto “no supone la conclusión del asunto en el ámbito material de la cláusula de solución de controversias, y constituye únicamente un intento de provocar artificialmente la competencia del tribunal arbitral”.
Luego de también consignar el devenir de los acontecimientos del caso Cardama, el gobierno subraya que “los hechos de esta controversia son claros”, ya que “el presente caso versa sobre una compañía que asumió obligaciones bajo el contrato y, en su ejecución, faltó completamente a su deber de lealtad y buena fe e incurrió en incumplimientos graves, particularmente con las Garantías de Fiel Cumplimiento y de Reembolso, pese a que el Estado uruguayo ya había desembolsado millones de euros”.
Abdala: el planteo de Cardama es “relativamente contundente”
En la conferencia, Abdala dijo que la estrategia del gobierno “es muy endeble”, y subrayó que lo dice “con preocupación”, porque aspiran a que “en la medida en que el proceso arbitral avance, el gobierno y el Estado uruguayo salgan airosos”. “Ojalá seamos capaces de convencer de que tenemos mayores razones y mejor derecho que el señor Cardama a la hora de la reclamación. Nosotros somos uruguayos y además somos gobernantes de Uruguay”, subrayó.
Por último, Abdala dijo que el planteo de quien demanda a Uruguay es “relativamente contundente”, con argumentos que “hasta son previsibles”. Y que la estrategia del gobierno “a lo único que parece jugarse es a que la CCI no asuma competencias, se declare incompetente y, por lo tanto, por una razón de tipo procesal o formal, el arbitraje no prospere”.