El 3 de febrero en la mañana, vecinos de la zona de Atlántida, Parque del Plata y Las Toscas que tuvieron contacto con el agua de OSE sufrieron irritaciones en la piel y quemaduras. A las 15.30 de ese día, la empresa estatal informó a la población por medio de sus redes sociales que se estaban registrando “fenómenos de turbiedad” en la zona mencionada; solicitó a la población no utilizar el agua para consumo y dispuso camiones cisterna para el abastecimiento. Dos días después, mediante un comunicado, OSE informó que el “evento de turbiedad” se debió al “aumento de la alcalinidad del agua a la salida de la usina de Laguna del Cisne” y prometió que se tomarían las medidas administrativas correspondientes.

Sobre fines de ese mismo mes, el presidente de OSE, Milton Machado, aseguró que no hubo fallas en el sistema sino que se trató de un hecho “desgraciado” e “inusual” provocado por el mal manejo de la soda cáustica por parte de un funcionario de la planta, que a la postre fue suspendido por 120 días. A principios de agosto, la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (URSEA) contradijo esta interpretación de Machado. En una resolución, además de multar a OSE, sostiene que hubo “fallas operativas, decisiones inconvenientes, falta de controles adecuados, falta de protocolos escritos de actuación, fallas en los sistemas de medición”, y que OSE comunicó “a destiempo” el evento registrado. En base a esta conclusión, organizaciones sociales vinculadas al agua reclamaron la renuncia de Machado y exigieron mejoras en la gestión de la empresa.

En este contexto, Río Abierto conversó con cuatro integrantes de la Comisión Nacional en Defensa del Agua y de la Vida sobre la gestión, la participación ciudadana y el acceso a la información sobre el recurso. Andrea Tommasino y Andrés Seré, de la Asamblea por el Agua del Río Santa Lucía, Gerardo Padilla, de la Comisión en Defensa de la Laguna del Cisne, y Carmen Sosa, reclaman “autocrítica” y que se habilite una participación real de la ciudadanía.

¿Cuáles son los alcances y los límites de la participación y del acceso a la información sobre el agua hoy en Uruguay?

Carmen Sosa (CS): En OSE es todo secreto. OSE no está respetando lo que se votó en la reforma constitucional de 2004, que establece la participación y la gestión en manos de la ciudadanía. Porque en realidad, este hecho puntual que pasó en la laguna [del Cisne] es fruto de una gestión que uno no sabe muy bien cómo se lleva adelante: cuáles son los planes de contingencia, cuál es el plan de seguridad del agua que tiene OSE [ver recuadro]. La ciudadanía debería opinar sobre lo que se quiere hacer, y más cuando hay una reforma constitucional que lo dice expresamente.

Andrea Tommasino (AT): O cuando está funcionando una comisión de cuenca, que sería el lugar para consultar.

CS: La gente tiene que saber cuáles son los procedimientos que tiene OSE. Tiene que haber protocolos para que, cuando la gente se vea enfrentada a un hecho como este, sepa qué hacer.

AT: A modo de ejemplo, nosotros desde la Asamblea, en las primeras comisiones [de Cuenca del Río Santa Lucía], habíamos planteado que estuvieran disponibles en la web los datos de calidad de agua. Ante un evento así, estaría buenísimo, porque vos ingresás a la página y hay un cartel que te avisa: “El agua en tal zona no es potable”.

Planes de seguridad del agua

En marzo de 2018, URSEA aprobó el Reglamento de Planes de Seguridad del Agua. Este obliga a OSE a elaborar, antes de 2030, planes de seguridad del agua para todos los sistemas, que contengan una evaluación del sistema de abastecimiento de agua, un monitoreo operativo sistemático y planes de gestión y comunicación. Según explicó a la diaria el presidente de la URSEA, César Falcón, este año quedarán prontos los planes para Aguas Corrientes, Laguna del Cisne y Sauce, y para 2020, todos los servicios que brinda OSE tendrán planes de seguridad. El jerarca estimó que estos planes “ayudarán a garantizar el agua que se suministra”, aunque aclaró que “no es que lo anterior estuviera mal”.

Según la resolución de URSEA, no se respetó el Protocolo de Comunicación de los Prestadores del Servicio de Agua Potable, que establece que OSE debe comunicar a URSEA y al Ministerio de Salud Pública en un lapso de cuatro horas la existencia de un evento que pueda poner en riesgo la salud de la población.

CS: Los compañeros de OSE del lugar nos dijeron que no estaban en conocimiento del protocolo de comunicación.

AT: Capaz que existe, pero no se aplica.

Gerardo Padilla (GP): En la Comisión de Cuenca [de Laguna del Cisne] nosotros llevamos un petitorio con reclamos, entre ellos, informar al ministerio inmediatamente. El evento empezó a las 7.00. A mediodía, el gerente regional de OSE nos dijo: “Ahí yo sospeché, por la llamada de un vecino, que podía ser soda”. Hacen los análisis, y demoran tres horas más en informar a la población que el agua no era apta para el consumo. La explicación que nos dieron en ese momento es que frente a la presunción de que había cianobacterias en la laguna, uno de los técnicos de la planta, con no mucha formación, intentó hacer funcionar los filtros de carbono activado que no estaban operativos, y en una de esas operativas un tanque quedó con muy poca agua y empezó a verter soda a la red. Pero resulta que no hay sensores automáticos de pH; OSE los tiene, pero estaban en mal funcionamiento. Y se sancionó al funcionario por no comunicar a la gerencia de toda esa operativa que estaban haciendo. Otra cosa que nos enteramos en la comisión de cuenca, dos meses después, es que en los días en que sucedió el evento había cianobacterias en la laguna. Los funcionarios estaban preocupados por las cianobacterias y entonces empezaron a hacer funcionar un sistema que no estaba preparado para eso. ¿Cuál es la conclusión de Machado? Que la culpa es de un funcionario, que es el único sancionado en este momento. Pero la URSEA dice que hubo fallas en el plan de trabajo y en el sistema de trabajo, dice de todo, es lapidario. ¿Por qué nosotros pedimos la renuncia de Machado? Porque cuando recién sale la multa a OSE, Machado dice públicamente en la televisión que esto fue un problema de una persona y que esa persona ya está separada del cargo. Nosotros pensamos que si el presidente de OSE no asume la autocrítica de que su gestión es deficitaria y tiene que cambiar, significa que no es la persona idónea para llevar adelante la gestión.

CS: Parece que los únicos responsables son los trabajadores, los que se supone que tienen que llevar la gestión adelante no son responsables.

AT: A nosotros nos pasó algo parecido con las inundaciones en Santa Lucía, hay una cuestión de gestión de los embalses. Nosotros queremos saber si existen protocolos y cuáles.

Andrés Seré (AS): Hay una pata similar, que es la idea de pedir la información y que la información sea pública y accesible en tiempo real. Los datos que tiene OSE deben ser publicados para todo el mundo. Desde información sobre la altura del río, los niveles de lluvia, el estado de las compuertas de las represas, hasta los análisis que se hacen de calidad del agua, qué se mide, cómo se mide y qué resultados da. Hay algunos datos que publica el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente [MVOTMA] que son más relativos a algunos censores automáticos que tienen ellos de altura del río en algunos lados y de lluvias, pero ni siquiera son todos, son algunos registros pluviométricos. El sistema está, lo que falta es la voluntad política de publicar las cosas en tiempo real y en formato abierto.

¿Qué otras propuestas formulan las organizaciones que ustedes integran para mejorar la gestión del agua?

GP: Los vecinos llevaron todas las propuestas por escrito a la comisión de cuenca [de Laguna del Cisne]: acá hay que hablar con el MSP. No puede ser que se diga que hay cinco casos [de personas afectadas por el agua en febrero]. ¿Llamaron a todas las mutualistas, a todos los centros de salud, a ver si estos síntomas aparecieron en la población? El MSP tiene que decir que los síntomas que puede tener la población por un exceso de soda cáustica son este, este y este.

CS: Eso que dice Gerardo tiene que estar en los protocolos de actuación, no se puede improvisar. ¿Qué hago yo ante un evento sobre un activo crítico como es el agua, donde está en juego la salud de la gente, qué hago cuando todos los controles en la cadena me fallaron y terminé dando agua no potable a la población? Eso tiene que estar escrito, comunicado. Si tenés un protocolo de seguridad, hay que ensayarlo, para que, cuando lo tengas que utilizar, esté en funcionamiento. Y la gente tiene que estar enterada de eso, tiene que saber a dónde recurrir.

AT: Con las inundaciones [en Santa Lucía], los errores se cobraron vidas.

AS: Nos pasó con el tema de las inundaciones, y es un algo que tiene que ver con la coordinación interinstitucional, que por la vía de los hechos no existe. Muchas veces no sabemos cuál es el eslabón de la cadena que falló. Nosotros sabemos que, desde que sucede el evento y se detecta hasta que se comunica a la población afectada, hay algo que no funcionó, y no fue comunicado en tiempo y forma. En el tema de las inundaciones hubo varios días para anunciarlo, y sin embargo no hubo comunicación a la población.

CS: Con respecto a las propuestas, nosotros participamos en las comisiones de cuenca y en los consejos regionales, y hemos tenido muy poco éxito con las propuestas, a decir verdad.

AT: Cero éxito.

CS: Y es como un círculo vicioso, esto de no escuchar a la gente. En el caso del Plan Nacional de Aguas, el MVOTMA empezó a escribirlo en 2009 sin la participación de la ciudadanía, hasta 2016, y después dio seis meses a la ciudadanía para que hiciera algún aporte, cosa que parece hasta una tomadura de pelo. Porque se pasaron siete años para hacerlo y nosotros tuvimos seis meses, con Fin de Año en el medio.

AT: Asamblea por el Agua nunca pudo analizarlo realmente, no tuvimos tiempo. Ponerte a proponer sobre un documento que ya está hecho, además... si no incidís en una comisión, donde los tenés cara a cara, menos vas a incidir en un documento que ya está escrito.

CS: ¿Cuál es el tema detrás de todo eso? En realidad, ni se está teniendo en cuenta lo que dice la Constitución, ni se está teniendo en cuenta que el agua es un derecho humano, ni se está teniendo en cuenta a la población. Y es un error. Si tú no contás con el apoyo de la gente, va a ser muy difícil llevar un plan adelante.

AT: La mayor reivindicación de todos los colectivos en la comisión es que al no ser vinculante, todo lo que suceda en la comisión pierde valor, y a nosotros obviamente nos saca mucha fuerza.

CS: La gente no va, deja de ir. ¿Para qué vas a ir? Y además, para que la participación sea efectiva tiene que ser una participación consciente e informada.

GP: Nosotros apostamos a una participación real, que tendría que abarcar la gestión de los recursos hídricos, porque eso dice la Constitución. Con toda esta experiencia que tenemos, tenemos claro que nos animamos como sociedad civil a gestionar los recursos, entonces vamos a reclamar un lugar en el directorio [de OSE]. No es fácil, nuestra propuesta tiene que ser muy madura, porque no queremos poner un florero sentado en un sillón que cada cuatro o cinco años nos dé un informecito. Pensamos que la gestión hay que apuntalarla desde abajo, territorio por territorio. Si uno de los mecanismos es que haya un director social que responda a esas unidades de base que gestionan, sería buenísimo. Estamos estudiando esa posibilidad a partir de toda esta experiencia, porque solamente con protestar no alcanza.

Sería una vía para acceder a la información...

GP: Ellos no dan información porque temen la reacción de la población, la alarma pública, que no tomemos agua. Entonces, hay una contradicción de intereses. No puede ser el propio organismo que controle la calidad del agua y diga el estado del agua, no puede ser, porque nunca lo van a decir.

CS: De cualquier manera, desde el punto de vista hasta psicológico, creo que es un error, porque la gente le teme mucho más a lo que se imagina que a lo que en realidad es. Si tenés un problema de agua y le preguntás al organismo encargado de eso y no te responde, seguramente sospechás algo mucho peor que lo que en realidad está pasando. Creo que el organismo se está equivocando, hasta para su imagen y para el producto que da, en no dar información y no decir realmente lo que está pasando, porque la gente lo manifiesta no tomando agua de la canilla. En Brasil, muchas empresas de agua informan, en un lenguaje que la gente entienda, cuáles son los resultados de los análisis, cuál es el estado del agua bruta.

¿Qué otros problemas detectan en materia de gestión?

CS: Otro aspecto de la gestión es que OSE está privatizando todo. Hay plantas en el interior del país que a veces quedan a cargo de personal tercerizado. En la gestión del agua hay algo que es el conocimiento adquirido, que no te enseñan en ninguna universidad; el conocimiento que tienen los compañeros después de haber trabajado muchos años en OSE, que lo van transmitiendo de generación en generación. Cuando tercerizás, eso se pierde. Tenemos secciones enteras privatizadas, la atención al usuario está privatizada casi totalmente, la mayoría del personal de la calle en Montevideo es tercerizado. Y ese conocimiento adquirido se va perdiendo, porque el personal de la calle tiene sueldos tan bajos que trabajan un tiempo, después dejan de trabajar y vienen otros, y nunca llegan a adquirir conocimiento. Eso también va en contra del usuario, porque hace bajar la calidad del servicio.

GP: Nosotros denunciamos que había poco personal en Laguna del Cisne con ese evento. Exigimos cursos de capacitación, más personal. Se le pone una multa a OSE y capaz que es bueno, pero hay que tener claro que es una mentira, porque estamos socializando esos costos y los está pagando el resto de la población.

CS: La multa está bien, pero no nos conforma para nada. Primero, no resuelve nada. Segundo, esto es como la tasa ambiental; los sojeros y los monocultivos contaminan y nosotros pagamos la tasa ambiental. Esto es lo mismo: OSE tiene una mala gestión y encima yo voy a tener que pagar esa multa. Pago por la contaminación del agua y pago por la mala gestión de OSE. Es como mucho, ¿no?

Audiencia pública por permiso de riego

El martes la Comisión Nacional en Defensa del Agua y de la Vida presentó un petitorio para que no se autorice al fideicomiso Winterbotham la realización de un embalse en Fray Bentos al amparo de la ley de riego, hasta tanto no se resuelva el recurso presentado por las organizaciones sociales ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) y ante la Suprema Corte de Justicia (SCJ) solicitando la inconstitucionalidad de la norma. Ese mismo día se llevó a cabo la audiencia pública en Fray Bentos por la autorización a Winterbotham, una empresa con sedes en Parque Miramar en Uruguay y en Bahamas, y con sucursales en Islas Caimán y Hong Kong. Asesores legales de productores que resultarían afectados por el embalse –debido a la inundación de parte de sus padrones– afirmaron que no existe un estudio detallado de cuánto puede afectar el represamiento en términos medioambientales ni socioeconómicos, e intimaron al fiduciario a presentar esa información.

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