Entre marzo y junio de este año, un proceso de trabajo territorial impulsado por el Grupo de Trabajo sobre Educación y Afrodescendencia, integrado por la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH), ministerios y la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), recorrió los departamentos de Rivera, Artigas y Cerro Largo para poner sobre la mesa las brechas educativas que atraviesan a la población afrodescendiente en las zonas de frontera.
Los números del Censo 2023 marcan que, en Artigas, el 21,8% de la población se autoidentifica como afrodescendiente; en Rivera, el guarismo alcanza el 21%, y en Cerro Largo, el 13%. En los dos primeros casos, los porcentajes superan con holgura el promedio nacional. Sin embargo, detrás de estas cifras se esconde un entramado de desigualdades estructurales que condicionan de forma implacable el acceso, la permanencia y el egreso en el sistema educativo.
Durante las jornadas participativas desarrolladas en ciudades y localidades del interior de Rivera como Vichadero, Tranqueras, Masoller, Minas de Corrales y Cerro Pelado, se relevaron múltiples factores críticos, entre ellos la vulnerabilidad socioeconómica, la condición de ser primera generación familiar en alcanzar niveles medios y superiores, y diversos condicionantes territoriales.
La interrupción temprana de los estudios suele estar ligada a la necesidad de una inserción laboral prematura, la precariedad habitacional, problemas de salud, con especial foco en salud visual y odontológica, y carencias alimentarias.
Una proporción significativa de los estudiantes afrodescendientes que hoy cursan la educación media o superior son los primeros en sus familias en alcanzar estos niveles. Si bien esto representa un hito de ampliación de derechos, se sostiene sobre un terreno de extrema fragilidad al carecer de antecedentes familiares que faciliten descifrar códigos institucionales o gestionar trámites.
Las limitaciones en el transporte público, la insuficiente urbanización y las contingencias climáticas, como las inundaciones, profundizan aún más los procesos de exclusión en zonas de frontera y ruralidad.
El informe de sistematización de las jornadas también pone el foco en la atmósfera cultural de las instituciones educativas. En las aulas del norte, la escasez histórica de referentes docentes afrodescendientes y la falta de estadísticas oficiales desagregadas generan una sensación de invisibilidad sistémica. Esta realidad, según advirtieron los participantes, propicia la naturalización de prácticas racistas y de violencia simbólica.
A esto se añade un factor lingüístico e identitario indiscutible. Si bien el portuñol y los Dialectos Portugueses del Uruguay (DPU) forman parte de la identidad de la región, en los espacios educativos aún persisten resabios del bilingüismo que desvalorizan la variante local, convirtiéndola en ocasiones en una fuente de tensión o discriminación. A ello se suma una capa adicional de complejidad para aquellos alumnos afrodescendientes usuarios de la Lengua Brasileña de Signos (LIBRAS), enfrentados a la intersección de exclusiones lingüísticas, étnicas y de accesibilidad.
El rostro de género y los desafíos pendientes
El informe final concluye que las trayectorias de las mujeres y niñas afrodescendientes suman otra capa de complejidad. La sobrecarga histórica de tareas de cuidado en el hogar, atendiendo a hermanos menores o familiares mayores en hogares frecuentemente monoparentales, el impacto del embarazo adolescente y las expectativas sociales tradicionales operan como diques de contención frente a sus aspiraciones, limitándolas históricamente a una segmentación ocupacional subordinada.
Si bien el estudio reconoce la existencia de herramientas normativas, como la Ley 19.122 de cuotas y diversas becas de apoyo, advierte una brecha preocupante entre su existencia formal y su aplicación práctica. La falta de mecanismos de seguimiento para asegurar el egreso efectivo, sumada a un profundo desconocimiento de los protocolos y al temor a denunciar debido a la burocracia, deja a las comunidades con una sensación de desamparo institucional frente a los episodios de discriminación y violencia.
Respuestas en el territorio y presentación de resultados
El proceso participativo culminado a mediados de año no solo sirvió para radiografiar los obstáculos, sino también para trazar una hoja de ruta. Las conclusiones de las comunidades reclaman un abordaje integral desde la necesaria revisión crítica de los currículos escolares y la formación docente en derechos humanos, hasta la creación de protocolos específicos contra el racismo y una mayor articulación territorial entre el Estado y las organizaciones sociales.
Como continuidad de este diagnóstico, el ciclo de presentaciones públicas de los resultados del informe, organizado por la red institucional bajo la consigna “Educación y afrodescendencia en territorios de frontera”, realizó un encuentro en Rivera. La actividad, abierta a toda la ciudadanía, se realizó el miércoles 7 de octubre en el Nodo 22 del Polo Educativo Tecnológico de Rivera (Ruta 5, kilómetro 496,500).