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Rivera Justicia
Archivo, 2022 · Foto: Ernesto Ryan

Archivo, 2022

Foto: Ernesto Ryan

Rivera fue elegida para implementar plan piloto de tratamiento contra las drogas en la cárcel de Cerro Carancho

El programa voluntario, articulado por el Instituto Nacional de Rehabilitación y la Junta Nacional de Drogas, comenzará con la población masculina en una unidad que registra hasta un 160% de sobrepoblación.

A partir del próximo año, la Unidad Penitenciaria 12 de Cerro Carancho será una de las seis sedes en Uruguay donde funcionará un plan piloto para abordar el consumo problemático de sustancias en personas privadas de libertad y recién egresadas. La iniciativa fue presentada en Rivera durante un conversatorio interinstitucional que reunió al Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), la Subdirección Técnica Nacional, la Secretaría de la Junta Nacional de Drogas (JND), el Ministerio de Desarrollo Social (Mides), el Centro Ciudadela, la Fiscalía y el Poder Judicial.

La directora del INR, Ana Juanche, explicó que el esquema contará con dos niveles de atención. Según detalló la jerarca, “a partir de enero de 2027 comenzarán a funcionar en la Unidad Penitenciaria de Cerro Carancho dos programas diferenciados —uno de intensidad media y otro de intensidad mayor— dirigidos a internos que manifiesten su voluntad de someterse al proceso. Cada ciclo tendrá una duración de entre cuatro y seis meses, renovándose los grupos de forma sucesiva una vez finalizada cada etapa”.

El diseño nacional del programa contempla la diversidad de la población carcelaria. Juanche precisó que “el abordaje alcanzará tanto a la población masculina como femenina, mediante intervenciones separadas que contemplan la perspectiva de género y el impacto específico de la privación de libertad en hombres y mujeres”. Sin embargo, la aplicación en el departamento tendrá una etapa inicial focalizada.

Consultado el director de la Unidad 12, comisario Marcio Alfonso, confirmó que “la adhesión será estrictamente voluntaria”.

El jerarca indicó además que, “si bien la problemática afecta a internos de ambos sexos, la primera fase del plan piloto en Rivera se enfocará en la población masculina, priorizando en esta etapa inicial a quienes ya expresaron su disposición para iniciar un proceso de recuperación”. Asimismo, puntualizó que “el cupo de participantes estará sujeto a la disponibilidad de recursos humanos y técnicos asignados a la tarea”.

La puesta en marcha del plan ocurre en un establecimiento con altos niveles de densidad. La Unidad 12 tiene una capacidad nominal para 481 personas, pero históricamente alberga entre 791 y más de 850 reclusos varones, lo que representa una sobrepoblación y hacinamiento de entre el 149% y el 160%. Por su parte, el anexo femenino de Cerro Carancho y Paso Ataques dispone de 35 plazas, aunque relevamientos locales del INR y la Intendencia de Rivera contabilizan alrededor de 42 mujeres privadas de libertad, con un alto porcentaje de población afrodescendiente.

A nivel nacional, las estadísticas oficiales indican que entre 80% y 85% de quienes ingresan al sistema penitenciario presentan consumos problemáticos —con predominio de pasta base— y la tasa de reincidencia ronda el 65,6%.

Reinserción laboral y respaldo normativo

Durante la jornada, las autoridades vincularon el tratamiento de las adicciones con las políticas de trabajo penitenciario y las nuevas herramientas legales vigentes en el país. Juanche destacó la aprobación de la Ley de Empleo Integral, normativa que incorpora a las personas privadas de libertad y liberadas a un sistema de subsidios, y subrayó que “el trabajo penitenciario es un elemento sustantivo en la trayectoria para la reinserción social”.

En el plano departamental, el comisario Alfonso resaltó las tareas extramuros realizadas junto al Centro Coordinador de Emergencias Departamentales (Cecoed) y los acuerdos vigentes con el gobierno local. “Inclusive hay un convenio con la intendencia donde desde hace ya un tiempo por el que personas privadas de libertad realizan trabajos en la elaboración de bloques que luego son usados en obras de la propia intendencia”, relató el director de la unidad.

Mediante este acuerdo, en Cerro Carancho y en la cárcel de mujeres de Paso Ataques los internos fabrican bloques, adoquines, columnas, tapas de saneamiento, bancos y mesas de hormigón con maquinaria, materia prima y capacitación aportadas por la comuna. La mayor parte de esta producción se destina a obras de vivienda y mejoras urbanas de la Dirección General de Obras, mientras que el resto se utiliza para refaccionar las instalaciones carcelarias. A ello se suman talleres prácticos dictados por la Dirección General de Promoción y Acción Social, el INR y la Dirección Nacional de Apoyo al Liberado (Dinali) para facilitar la inserción laboral tras el egreso.

Este despliegue penitenciario se complementa en el ámbito penal con la Ley 20.519, promulgada en setiembre de 2026, que creó el Programa Piloto de Justicia Terapéutica bajo la órbita del Poder Judicial y en coordinación con ASSE, Mides, MSP y JND. Dicha norma permite que hasta 40 imputados por delitos leves vinculados al consumo de sustancias —como hurtos simples, daños o lesiones leves— sustituyan voluntariamente penas de prisión con mínimos de hasta tres años por tratamientos supervisados, previa evaluación de un equipo interdisciplinario y aprobación judicial y fiscal.

Al cierre del conversatorio interinstitucional en Rivera, Ana Juanche resumió el alcance de la intervención estatal: “El plan busca reducir el consumo problemático, favorecer la reinserción social, descomprimir el sistema carcelario y disminuir los niveles de reincidencia”.