La Junta Departamental de Salto aprobó este jueves, por 20 votos en 31 ediles presentes, el proyecto de decreto que autoriza a la Intendencia a realizar un llamado a licitación pública, con un plazo de hasta 12 años, para la ejecución del Plan Departamental de Gestión de Residuos.
La iniciativa comprende el sistema de recolección y la situación del vertedero municipal. El debate tuvo como protagonistas al edil oficialista Cristian Suárez, quien presentó el informe en mayoría, y al frenteamplista Juan Pablo Rocca, responsable del informe en minoría.
Suárez aclaró que “la resolución no adjudica el servicio a ninguna empresa, no aprueba un pliego ni establece un precio. Se trata de habilitar a la intendencia a realizar el proceso licitatorio con un contrato que eventualmente podrá extenderse hasta 12 años”.
El edil oficialista fundamentó su posición en las dificultades que, según indicó, presenta actualmente el sistema municipal. Citando información aportada por la Asociación de Empleados y Obreros Municipales de Salto (Adeoms) en comisión, señaló que “existen cinco máquinas trabajando y dos fuera de servicio” y afirmó que “las unidades más nuevas también presentan problemas”.
Según manifestó Suárez, “durante unos 21 años no se habría producido la inversión necesaria en el sector”. También señaló que el área tiene destinados presupuestalmente aproximadamente 220 millones de pesos y gasta unos 222 millones, mientras que el 92% del gasto corresponde a retribuciones personales y apenas el 0,59% a inversión. A su entender, “esta estructura hace muy difícil renovar la flota y mejorar el servicio únicamente mediante recursos municipales”. Recordó además que Adeoms habría estimado en unos cinco millones de dólares la inversión necesaria para adecuar el sistema a las exigencias ambientales.
Asimismo, agregó que “comprar máquinas no resuelve por sí solo el problema, porque también deben contemplarse combustible, mantenimiento, reparaciones, personal y otros costos operativos”.
La situación del vertedero fue otro de los argumentos del oficialismo. Suárez afirmó que “existen problemas de infraestructura, incendios, falta de controles y otras situaciones” que, dijo, “requieren una solución”.
También citó la Ley 19.829 de gestión integral de residuos y defendió el plazo de hasta 12 años, señalando que “la propia normativa plantea la gestión de residuos desde una perspectiva de largo plazo”. De acuerdo con su exposición, “el eventual contrato incluiría 1.400 contenedores nuevos de 3.200 litros, tecnología de seguimiento, control de recorridos, frecuencias y penalizaciones por incumplimientos. Los contenedores quedarían luego como patrimonio de la Intendencia”.
El edil mencionó además experiencias de otros departamentos que han recurrido a procesos de contratación para la gestión de residuos y disposición final. Para Suárez, “la autorización permite conocer las ofertas disponibles y sus costos”. Recalcó que, “si las propuestas no resultan convenientes, no necesariamente deberán ser adjudicadas”.
Rocca cuestionó la falta de un plan
El informe en minoría dado por el edil Rocca puso el foco en la falta de información previa. Sostuvo que la Junta estaba siendo convocada a autorizar una contratación de hasta 12 años “sin contar con el Plan Departamental de Gestión de Residuos”. Según afirmó, “el Ejecutivo Departamental habría señalado que dicho plan estaría disponible en aproximadamente seis meses”. Para Rocca, “primero debería definirse el plan y posteriormente determinar cómo se ejecutará”.
El edil citó la Ley 19.829, que establece los planes departamentales como instrumentos de planificación estratégica, y cuestionó que no se hubiera presentado documentación suficiente para fundamentar el plazo de 12 años. También reclamó considerar antecedentes existentes, entre ellos documentos de planificación elaborados en años anteriores y un anteproyecto de relleno sanitario de 2022.
Rocca indicó que “tampoco se presentaron estudios de amortización, simulaciones financieras u otros elementos que permitieran determinar por qué el contrato debería extenderse durante 12 años”. También planteó observaciones sobre una eventual concesión del servicio público. Dijo que “deberían analizarse aspectos relacionados con tarifas, control, equilibrio económico-financiero y mecanismos de contingencia ante eventuales conflictos laborales o dificultades de la empresa contratada”.
Rocca aclaró que “su bancada no está necesariamente en contra de la participación privada ni de buscar soluciones para el vertedero y la recolección”; su cuestionamiento, dijo, “apunta al procedimiento y a la falta de información suficiente antes de otorgar la autorización”.
De esta manera, el oficialismo sostuvo que la licitación permite buscar una alternativa a un modelo municipal que considera agotado, mientras la oposición entendió que primero debe definirse la política departamental de residuos y contar con mayores elementos técnicos y financieros.
Con 20 votos sobre 31 ediles presentes, la Junta aprobó finalmente la autorización al Ejecutivo. La resolución habilita a iniciar el proceso licitatorio, pero no adjudica el servicio ni determina todavía qué empresa lo prestará, cuánto costará o cuáles serán las condiciones definitivas del contrato.