Un grupo de choferes que utilizan sus vehículos para el transporte de pasajeros en Salto reclama a la intendencia una solución que les permita regularizar su actividad. Guillermo Bregonis, vocero del grupo, dijo a la diaria que desde hace aproximadamente 15 años mantienen gestiones para poder trabajar de manera regular, pero hasta el momento no han conseguido una solución. Según afirmó, la situación se volvió particularmente compleja durante la actual administración departamental, a la que acusa de haber iniciado una “persecución” contra los trabajadores.
“En lo personal, la intendencia me ha quitado una chapa matrícula”, afirmó Bregonis. Según relató, en los controles realizados por funcionarios municipales junto con efectivos policiales se detiene a los vehículos que realizan transporte de pasajeros sin habilitación y se hace descender a quienes viajaban como clientes. “Los intimidan y les dicen que podrán ir detenidos”, sostuvo, y cuestionó la forma en que se llevan adelante esos procedimientos.
“Se están burlando de nosotros. En las elecciones, el propio Carlos Albisu se contactó con nosotros y le conseguimos 50 autos para trabajar en el día de la elección”, relató. Bregonis señaló que, posteriormente, Albisu convocó a una reunión con el grupo y les aseguró que, si llegaba al gobierno departamental, buscaría una solución para regularizar su situación.
El vocero afirmó, además, que en aquella instancia se les planteó que, mientras no se encontrara una salida definitiva, podrían continuar trabajando. Sin embargo, sostiene que esa promesa no se está cumpliendo y que los controles de la intendencia se han intensificado.
En la última reunión que el grupo mantuvo con autoridades departamentales se les informó que había 30 chapas de taxi ya designadas que serían otorgadas a integrantes del grupo, contó el vocero. “Nos hicieron cambiar de vehículo porque exigen que sean de determinado año. Hicimos la inversión y obviamente seguimos esperando”, señaló.
Bregonis cuestionó, además, lo que considera una contradicción entre la conducta de algunos integrantes del gobierno departamental y los controles que enfrenta el grupo. “Para que tengas una idea, familiares de jerarcas municipales y algunos jerarcas viajan con nosotros y, cuando salimos a la calle, nos sacan las chapas. Se están burlando de nosotros”, afirmó.
Un tiempo prudencial
Ante la falta de respuestas, el grupo decidió avanzar por la vía legal. Según explicó Bregonis, el abogado Ignacio Supparo presentó una misiva ante la intendencia, en la que plantea la situación de tres trabajadores del grupo a quienes les retiraron la matrícula. “Esto no da para más, por eso nos asesoramos legalmente”, afirmó el vocero.
Los trabajadores insisten en que su planteo no consiste en reclamar puestos de trabajo ni privilegios, sino en poder continuar llevando adelante una actividad que constituye su fuente de ingresos, mientras se define un mecanismo de regularización. “Nosotros no estamos pidiendo trabajo, estamos pidiendo que nos dejen trabajar”, resumió Bregonis. En ese sentido, sostuvo que el grupo está dispuesto a adecuarse a las exigencias que establezca la normativa, pero necesita un período de transición hasta que se implemente el nuevo mecanismo de regulación.
“Estamos tratando de hacer las cosas más o menos bien. No somos legales porque las autoridades de la intendencia no nos están permitiendo hacernos legales”, afirmó.
El grupo reclama que, mientras se pone en funcionamiento el sistema de aplicación aprobado por la Junta Departamental, la intendencia les permita continuar trabajando sin nuevos procedimientos en su contra. “Le pedimos un tiempo prudencial hasta que salga el sistema de aplicación que fue aprobado en la Junta Departamental. Mientras tanto, le pedimos que nos dejen trabajar tranquilos”, concluyó Bregonis.