Los ministros de Salud Pública, Jorge Basso, y de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro, concurrieron ayer al Plenario de Diputados, citados por la oposición, para dar explicaciones sobre la gestión de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) desde 2008 a la fecha y la denominada estafa al Fondo Nacional de Salud (Fonasa). El miembro interpelante fue el diputado Eduardo Rubio (Unidad Popular) –impulsor de la comisión investigadora que sesionó entre setiembre de 2017 y setiembre de 2018 para tratar esos temas–, quien preparó una batería de 42 preguntas sobre ASSE y de 18 sobre el Fonasa. Acompañaron a los ministros el presidente y la vicepresidenta del directorio de ASSE, Marcos Carámbula y Marlene Sica, y autoridades del Banco de Previsión Social (BPS). La sesión fue maratónica y durante varios momentos la mitad de los diputados no estuvo en sala.

La oposición le pasó factura al oficialismo por no haber extendido el plazo de la comisión investigadora. “El Sistema Nacional Integrado de Salud [SNIS] por detrás de un discurso socializador esconde un fuerte proceso privatizador”, sostuvo Rubio, y rechazó las tercerizaciones de ASSE, presentes en varios casos analizados por la comisión, por ejemplo la contratación de empresas de traslados especializados (Bella Unión) y de servicios, limpieza y conserjería (hospital Pasteur), el alquiler de camas de CTI (Hospital de Canelones, por ejemplo) y la compra de estudios médicos a centros privados (Pasteur, Pereira Rossell). “Seguimos esperando medidas concretas y de fondo con los responsables de estos hechos, con las jerarquías de quienes estaban a cargo de las unidades ejecutoras” de ASSE, reclamó Rubio.

Durante la sesión, se conoció que el fiscal de Crimen Organizado, Luis Pacheco, solicitó el procesamiento sin prisión de Marcos García, uno de los tres socios fundadores –junto con Federico Eguren y Rodrigo Barcelona– de la empresa de traslados SIEMM SRL, “por un delito de conjunción del interés personal y el público”. García fue director del Hospital de Bella Unión entre junio de 2012 y agosto de 2014, y si bien cedió sus acciones a sus socios durante parte de su gestión al frente del hospital, el fiscal halló conflicto de interés porque contrató una empresa con la que estaba involucrado. Por eso recibió una amonestación verbal del anterior directorio de ASSE –liderado por Susana Muñiz–.

Las preguntas de Rubio sobre ASSE giraron en torno a los casos de Bella Unión, Rivera (contrataciones de personal y de estudios médicos que había hecho el ex director Andrés Toriani), el hospital Pasteur, el Vilardebó (cierre de la Sala 10 y contratación de vehículos para el traslado de alimentos a la sala que funciona en la ex Cárcel Central), el hospital Filtro (por el “desmantelamiento”), el Centro de Salud del Cerro (falta de personal y lista de espera en pediatría), la Comisión de Apoyo (incumplimiento de normativa laboral), el Pereira Rossell (contratación de estudios y empresas de traslados), el Servicio de Atención Médica Extrahospitalaria (SAME 105, por los reclamos de los trabajadores médicos y no médicos), el CTI del Hospital de Canelones y las colonias psiquiátricas (compra de electrodomésticos con fondos de pacientes, gestión de Osvaldo do Campo y su pareja, y denuncias recientes de la asociación de pacientes de Hepatitis C).

Sobre el Fonasa, las preguntas fueron respecto de la declaración de una funcionaria de BPS, que denunció en la comisión que ese organismo y la Junasa no investigaban cambios de afiliaciones mutuales que, según la funcionaria, partían de la presión de las empresas en alianza con algunos funcionarios. También preguntó sobre el control a empresas truchas y sobre los “sinvergüenzas” a los que aludió el presidente Tabaré Vázquez para no abrir el corralito mutual por segundo año consecutivo. Al igual que el resto de la oposición, Rubio criticó que tanto en las irregularidades de ASSE como ante la estafa al Fonasa el MSP fue “un espectador de lujo”, por lo que fue cómplice y omitió controles.

Además de defender el SNIS, Basso afirmó que las “irregularidades” no pueden opacar la gestión de ASSE, que ha logrado notorios avances en el desarrollo de algunos hospitales, como el Pereira, el Maciel, el de Tacuarembó o el CTI neonatal de Salto, y el despliegue territorial del primer nivel de atención. Reconoció que conseguir recursos humanos para el interior del país es un verdadero desafío, y pidió a los disputados que aprueben los cambios en el artículo 46 del Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera, para evitar conflictos de interés como el de Bella Unión. Dijo que ASSE está en un proceso de profesionalización y que está fortaleciendo los controles para evitar futuras irregularidades, y que se tomaron medidas con los asuntos observados. Carámbula también detalló los planes de su gestión, que comenzó en marzo, hizo hincapié en conceptos como transparencia y regionalización, y detalló la creación de un sistema nacional integrado de traslados.

Sica respondió algunas de las preguntas de Rubio, pero no conformaron a la oposición; básicamente detalló los planes para subsanar problemas de contratación a privados (Pasteur y Pereira), y aseguró que actualmente la Comisión de Apoyo está pagando lo que corresponde y que eso obligó a reducir el número de contratados, así como que se mejoró el control del cumplimiento de las empresas tercerizadas.

Murro afirmó que Rubio hizo su exposición “en base a afirmaciones que no son ciertas o no están probadas”. Negó que el BPS fuera “socio” de las mutualistas, como planteó el diputado interpelante, y que no se investigaran las denuncias, y detalló que entre 2005 y 2014, período en que presidió el BPS, el organismo hizo 30 denuncias por intermediación lucrativa, y que había aplicado multas a las mutualistas al detectar otras irregularidades. Agregó que de los más de 30 procesados que hay por la estafa al Fonasa, ninguno es funcionario del BPS.

Los cinco partidos de la oposición plantearon una moción en la que le solicitaron a Basso que presentara su renuncia “en virtud de los graves incumplimientos de las normas que regulan su competencia”; solicitaron la realización de auditorías externas en unidades ejecutoras de ASSE y del BPS y expresaron “absoluto rechazo” por las declaraciones de Murro, por ser “absolutamente insatisfactorias”. Los diputados frenteamplistas respaldaron la gestión de los ministros.