Se presenta en su sitio web como “el único centro de rehabilitación en un nivel terciario de atención en el país, dedicado a la asistencia de jóvenes y adultos con discapacidades de alta complejidad”. El Centro de Rehabilitación de Maldonado (Cerema) es gestionado por una asociación civil sin fines de lucro. Se creó en 2006, con el apoyo de la Intendencia de Maldonado (IDM) –en aquel momento con el frenteamplista Óscar de los Santos–, que le proporcionó el terreno donde funciona y, entre 2010 y 2015 le transfirió una partida mensual de 350.000 pesos. La administración del nacionalista Enrique Antía redujo las transferencias mensuales a menos de 300.000 pesos; eso, combinado con el atraso de una serie de partidas, amenazó la continuidad del centro.

Desde mediados de 2017 se conversaba, en diferentes ámbitos, sobre una solución para el centro; además de las negociaciones de los ediles fernandinos, la intervención de algunos diputados, entre ellos De los Santos y el colorado Fernando Amado, quien a la hora de votar la Rendición de Cuentas de 2017 (el voto 50) incluyó la solución de la situación del Cerema como condición.

A fines de marzo comenzaron las reuniones con el nuevo directorio de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) con Presidencia de la República y los ministerios de Salud Pública y de Economía y Finanzas para considerar la posibilidad de generar un convenio con ASSE que permitiera atender a usuarios de la región y convertirlo en un centro de referencia regional.

Ayer de tarde se concretó la firma del acuerdo interinstitucional entre ASSE y Cerema que permitirá garantizar la continuidad de los servicios del centro. ASSE transferirá 1.500.000 pesos a Cerema (en dos entregas), una suma que permitirá resolver la “situación coyuntural”. En paralelo, en el plazo de un año, una comisión de seguimiento –integrada por ASSE, Cerema, sus técnicos y funcionarios– evaluará el cumplimiento de etapas “apostando a que esto sea un proyecto regional”, declaró a la prensa el presidente del Directorio de ASSE, Marcos Carámbula. El jerarca detalló que esto permitirá la continuidad de la atención de quienes asisten –algunos de ellos son usuarios de ASSE–, así como la incorporación de otros usuarios del organismo “que puedan ser derivados desde nuestros distintos centros, siempre con una perspectiva regional”. Carámbula añadió que ASSE “da sustentabilidad inmediata, pero aspiramos a que este centro vaya proyectándose, cada vez más, como un centro de rehabilitación regional y particularmente desde la perspectiva de los pacientes que se atienden en ASSE”, y destacó que Cerema tiene “mucha experticia”.

Consultado respecto de si las soluciones más definitivas se alcanzarán con la asignación de partidas en la Rendición de Cuentas, Carámbula no quiso adelantar información. Sí lo hizo Amado, quien concurrió a la firma del acuerdo y declaró a FM Gente que la solución definitiva tiene que encontrarse en la Rendición de Cuentas.

Juan Lladó, integrante de la Comisión Directiva de Cerema, también se mostró conforme con el acuerdo. Comentó que la comisión de trabajo que se conformó será la que defina el futuro de Cerema y que también “se va a ver el tema de la discapacidad a nivel nacional”, porque este es el primer centro de atención de tercer nivel, pero indudablemente Uruguay precisa otros dos o tres centros de este tipo distribuidos en el país. Puntualizó que Cerema atiende hoy a 50 personas y que se limitó el ingreso debido al atraso en el pago de salarios; actualmente cuenta con 28 trabajadores entre funcionarios de la IDM y contratados.

La IDM también validó el acuerdo. En diálogo con la prensa Alejando Lussich, director de Vivienda, Desarrollo Barrial y Salud de la IDM, se mostró conforme con no estar más “en soledad” apoyando y respaldando a Cerema y dijo que hizo efecto “la prédica que se inició a los pocos días de asumir, en 2015, de que no era posible que fuera únicamente la intendencia la que aportara fondos para este centro”. También se mostró conforme con que se trabaje para “lograr que en el futuro el Estado nacional lo sustente”. Dijo que la IDM hasta ahora aporta casi 300.000 pesos en efectivo más los consumos de energía eléctrica y agua potable y los sueldos de parte de los funcionarios, lo que suma 700.000 pesos mensuales, calculó.