En un salón del piso 4 de la cárcel de mujeres de Montevideo, la Unidad Penitenciaria Nº 5 del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), un grupo de mujeres están sentadas, tienen en sus manos lapiceras y un formulario de consentimiento informado. Al frente está el sociólogo Marcos Baudean, integrante del colectivo Nada Crece a la Sombra, que les lee lo que ellas firmarán: el aval, o no, para participar en un estudio descriptivo sobre el estado de situación de las mujeres privadas de libertad en Uruguay. Les explica que les tomarán medidas físicas, tests rápidos y que les harán una encuesta que puede tener preguntas difíciles; les pide que sean honestas. Algunas aceptan participar en las medidas pero evaden el formulario; otras firman el aval para todo de antemano, conformes con una propuesta que entienden que las beneficiará, a ellas y a cualquier mujer que llegue a estar en reclusión.
Una a una, las mujeres van pasando por los siete puestos. En el primero tres enfermeros toman la presión arterial, y en el siguiente otros enfermeros les hacen un test de glicemia y otro de VIH. Estudiantes de la Facultad de Medicina que participaron en el curso Abordaje a Poblaciones Vulneradas, impartido por Nada Crece a la Sombra y el Sindicato Médico del Uruguay (SMU) en setiembre y octubre, son los encargados de los puestos cuatro, cinco y seis, destinados a medir el peso, la talla, y el perímetro abdominal. “¿Te acordás cuánto pesabas la última vez que te pesaste?”, preguntaban las estudiantes; las mujeres respondían, a veces festejaban al conocer el nuevo número, otras se preocupaban. El último puesto era el del control odontológico. “¿Todo bien? ¿Te duele algo en la boca?”, preguntó el dentista a una mujer. “Las muelas”, respondió ella y él le fue dictando a su colega, que completaba la ficha diagnóstica, las piezas cariadas y ausentes –muchas, por lo general– las que tenían reparaciones y las que estaban bien. Mientras aguardaba, una de las mujeres respondió que la atención odontológica en la Unidad Nº 5 es mala: “No te hacen tratamiento de conducto, no te arreglan las caries, y si tenés una mínima caries ya te sacan las muelas, te van dejando sin dientes. En las caries, como podrás ver, te ponen pasta y no te las arreglan”, mostró.
El formulario –validado por la Organización Panamericana de la Salud (OPS)– relevaba datos personales, el nivel educativo, oficio o profesión; el tiempo de reclusión (incluso de adolescente); si recibía visitas; el consumo de tabaco, alimentación, sedentarismo, antecedentes personales de hipertensión arterial, diabetes, colesterol, sobrepeso y obesidad, antecedentes familiares, salud sexual y reproductiva, enfermedades adquiridas, lesiones graves sufridas en el último año, y consumo de alcohol y otras sustancias. Se las consultó también por intentos de autoeliminación y sobre el acceso a la atención de salud en la cárcel. El tiempo estimado de aplicación del formulario era de unos 20 minutos, pero en algunos casos lo excedía. Desirée, estudiante de 6º año de Medicina, explicó: “algunas tardan más porque te empiezan a contar, y está bueno escucharlas”.
Todo esto transcurrió el jueves, cuando el estudio alcanzó a unas 170 de las 360 mujeres de la Unidad Nº 5. La tarea continuará el lunes: abarcará a mujeres de otros módulos de la Unidad Nº 5 y también a las que están en la Unidad Nº 9, que es la de las madres que viven con sus hijos. Luego irán al interior. Hay cerca de 500 mujeres presas en todo el país.
Foto: Mariana Greif.
Foto y acción
Este diagnóstico es impulsado por Nada Crece a la Sombra, un proyecto que lleva propuestas socioeducativas a las cárceles para generar cambios de comportamiento y facilitar la reinserción social. La situación sanitaria en las cárceles es un gran problema en Uruguay, y por eso esta organización resolvió estudiar las condiciones de salud de las mujeres privadas de libertad, con el apoyo de varios socios: la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), el Ministerio del Interior, el INR, el Comisionado Parlamentario, el SMU y Naciones Unidas.
¿Qué es un diagnóstico participativo en salud? “Es una estrategia que pone en el centro a las personas involucradas; ellas participan en todo el proceso”, respondió Daniel Márquez, médico y coordinador de Nada Crece a la Sombra. Baudean agregó que el diagnóstico implica hablar con todas las partes involucradas, con las autoridades, con el proveedor de salud y con las mujeres privadas de libertad a través de técnicas más flexibles, como la entrevista, la entrevista grupal y la observación de las situaciones que puedan afectar la salud. “Nos da una perspectiva más profunda que esperamos que pueda ayudar a ASSE y al INR a encauzar la situación del cuidado de la salud de las internas”, agregó.
“El diagnóstico te da una foto de cómo es la situación de salud del 100% de las mujeres privadas de libertad en Uruguay, y a partir de ahí podés planificar acciones de gestión que hagan redirigir los recursos y gestionar en base a las necesidades de las personas”, añadió Márquez. La información terminará de analizarse y se publicará en marzo de 2020. Carlos Taroco, director de la Unidad Nº 5, se mostró expectante ante las recomendaciones que surjan del estudio.
Márquez comentó que hasta ahora se tenían hipótesis de cuáles eran los principales problemas de salud, pero que es necesario que sean confirmadas mediante un estudio científico como este. La idea es ver cómo inciden las condiciones ambientales, por ejemplo, la humedad y el frío, pero también la alimentación y el encierro, y agregó que muchas veces se termina medicalizando la reacción natural del ser humano ante el encierro.
Los problemas exceden el plano individual: son de salud pública, dijo Márquez. “Las personas que están acá, si tienen una alta carga de enfermedad, cuando salen son mucho más caras para el Estado, porque salen con casi ninguna pieza dental, con un riesgo cardiovascular muy elevado y con una carga de enfermedad muy elevada, que luego requiere muchos más costos. Repercute además en un problema de seguridad, porque salen con una alta carga de enfermedad de salud mental y de enfermedades infectocontagiosas. Son pocas mujeres, están en un lugar donde no hay mucho movimiento, y podríamos hacer una gestión de salud óptima, efectiva y bien eficaz. Ellas podrían salir saludables, y eso genera menos riesgo para el afuera”, remarcó.
Foto: Mariana Greif.
Carencias y perspectiva
Hace cerca de dos años que la cárcel de mujeres no tiene ginecólogo. Por eso Tatiana, una estudiante de Trabajo Social que participó en el curso de Abordaje a Poblaciones Vulneradas, dijo que no está garantizado el derecho de la atención a la salud. Para hacerse los controles, las mujeres deben ser trasladadas a centros de salud con ginecólogos, y eso no es sencillo. Ni siquiera lo es ir a la enfermería o a la emergencia que funcionan dentro de la cárcel, porque para eso la mujer tiene que ser llevada por un operador penitenciario, y no siempre están disponibles. Una de las enfermeras que aplicaba el test de VIH explicó que los diagnósticos están, pero que muchas mujeres insulinodependientes no asisten a los tres controles diarios de glicemia porque no tienen quién las conduzca, o porque no lo consideran importante.
Márquez opinó que la accesibilidad es el principal problema. “Acá las personas no tienen automovimiento para cumplir necesidades básicas, mucho menos para poder tener una consulta cuando la requieren”. Entiende que el problema está en “pensar este sistema de atención a la privación de libertad como si fuera igual a un sistema de afuera, porque no estamos teniendo en cuenta que las personas están todo el tiempo limitadas”.
Las mujeres también cuestionaron la alimentación. Una de ellas relató que le habían indicado una dieta que consistía en comer medio pollo por semana, cocido en caldo con verduras, pero que se la suspendieron porque restringieron esos menúes para quienes tienen VIH. Lo que predomina es el guiso, y las verduras, fuera de los tubérculos, prácticamente no existen. Márquez lamentó la fragmentación en distintas instituciones: el equipo de salud recomienda una dieta, pero el servicio de alimentación está a cargo del INR. Una de las mujeres también reclamó que se ofrezcan tratamientos adecuados a las personas con adicciones. “Yo no veo que haya una ayuda más que pastillas, pastillas, pastillas, y no es así”, dijo.
“Los médicos necesitamos estar más formados todavía en una atención integral a la salud y no simplemente en la medicalización”, sostuvo Márquez, y por eso este diagnóstico integró a 30 estudiantes del curso de Abordaje a Poblaciones Vulneradas. Desirée expresó: “Todos tenemos el compromiso de trabajar para lograr disminuir las brechas, para lograr que el derecho a la salud llegue a todos como tiene que ser”. Dijo que le gustaría que la Facultad de Medicina hiciera un proyecto de este tipo. “No hay nada como aprender de verdad y saber de las distintas personas, por qué llegaron a donde están”, agregó.