Después de analizar la auditoría de 2018 de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) que se le hizo al Hospital de Treinta y Tres y corroborar importantes desvíos de dinero bajo la categoría “gastos de funcionamiento”, el directorio del ente, presidido por Marcos Carámbula, decidió separar de sus cargos a los cinco integrantes de la dirección del hospital y a dos profesionales con tareas asistenciales, informó este jueves el semanario Búsqueda. Según contó a la diaria Miguel Fernández Galeano, adjunto a la dirección de ASSE, “se identificó un desvío muy significativo” que preocupó “enormemente”: “Esa línea ejecutora tenía 100 millones de pesos de pauta presupuestal y en 2018 llegó a 147 millones”. Con la separación del cargo se abrió un sumario administrativo, y dependerá del fallo del departamento de jurídica si el caso pasa a la Justicia.

Fernández Galeano aseguró que desde que el actual directorio asumió, en marzo de 2018, “se comprometió a garantizar transparencia en el manejo de los recursos públicos que hacen las instituciones. Buscamos fortalecer la gestión administrativa y financiera y a su vez implementar un plan de auditorías sostenido en el tiempo”. Ante varias denuncias de mal uso de los fondos públicos, el directorio está trabajando en tres líneas de trabajo que buscan “terminar con esta situación”, puntualizó. “En noviembre va a entrar en fase de implementación el sistema de compras GRP [Planificación de Recursos de Gobierno, por su sigla en inglés], que se está desarrollando en conjunto con el Ministerio de Economía y Finanzas con financiamiento del BID [Banco Internacional de Desarrollo]. A través de ese sistema todas las órdenes de compras, aun antes del pago, van a poder ser visualizadas en un sistema online, en el que se podrá verificar en tiempo real las compras realizadas y se va a contar con una alarma cuando estas se aparten de lo programado”, explicó Fernández Galeano.

Otra de las líneas de trabajo propone que desde la gerencia asistencial se haga una “priorización de los procesos asistenciales integrados, que permita identificar y programar las necesidades esenciales de cada unidad ejecutora”, detalló, y agregó que eso permitirá “diseñar dentro del proceso asistencial posibilidades de complementación con otros actores públicos y privados”, y por otro lado “identificar necesidades reales de recursos para poder tener sistemas de compras transparentes”. Según Fernández Galeano poner esto en marcha evitará “grandes líos que tiene ASSE en general, como la demanda inducida, es decir cuando piden cosas que no están guiadas por las necesidades sanitarias sino por la necesidad interna” de cada centro.

Además, el adjunto a la dirección puntualizó que se está trabajando en un plan de rediseño institucional para el próximo período de gobierno “sobre el papel que tienen que cumplir las regiones y las gerencias centrales para poder resolver un tema que no está bien resuelto en ASSE, que es centralización y descentralización. Hay cosas que son más eficientes centralizadas y otras descentralizadas, y para ver eso hay que pensar qué papel cumplen la regiones”.

Denuncias previas

El diputado del Partido Nacional Martín Lema había presentado en julio un pedido de informes sobre la situación del Hospital de Treinta y Tres, al sospechar de importantes incrementos en los gastos desde 2015. Según aclara Búsqueda, Lema denunció un incremento entre 2017 y 2018 de 240% de los gastos de los rubros “objetos médicos y odontológicos”, y de 213% en “otros servicios médicos y sanitarios”.

En diálogo con la diaria, Lema destacó que la comisión investigadora parlamentaria sobre la gestión de ASSE que funcionó en 2018 podría haberse encontrado con este caso antes, ya que “dentro de la denuncia estaba un relevamiento de todos los centros”, dijo, y agregó que “en la comisión investigadora quedaron muchos más casos pendientes que los efectivamente estudiados, por lo tanto había anexos y diferente documentación que hacían referencia a incrementos que no se justificaban, como puede ser este caso”. “Es una lástima que el Frente Amplio no haya permitido prorrogar la comisión investigadora de ASSE, ya que esto lo que hace es demostrar que evidentemente había que profundizar mucho más en las irregularidades de las gestiones en los distintos centros de salud”, deslizó.

Lema continúa “haciendo relevamientos permanentemente” sobre la situación de ASSE. Según adelantó a la diaria, actualmente está “indagando tres centros del interior donde hay incrementos que no cierran, hay un montón de gastos que a priori queremos saber dónde se justifican y a dónde están siendo destinados. Vamos a hacer un conjunto de interrogantes que se van a basar en documentación y otros datos que nos han llegado para que las autoridades den respuestas con documentos acreditando cada una de las interrogantes”.

Según la visión del legislador es necesario “mejorar la gestión a fondo”: “Hay que elegir equipos de gestión por concursos públicos abiertos”, una iniciativa que él propuso como proyecto de ley en 2017 y ahora es retomado por las actuales autoridades de ASSE. Además entendió que “hay una ausencia de control” a nivel de la dirección y de la gerencia, y reclamó que el ministro de Salud Pública, Jorge Basso, “deje de ser un testigo de lujo de lo que sucede en el sistema en general; presencia las irregularidades pero no actúa”.