El MSP está evaluando la continuidad del programa de atención en salud bucal del Plan Juntos

El ministro de Salud, Daniel Salinas, le mandó el 14 de octubre una carta al decano de la Facultad de Odontología de la Universidad de la República (Udelar), Raúl Riva, diciéndole que el Ministerio de Salud Pública (MSP) había “decidido no hacer uso de la prórroga” del programa de atención de salud bucal dirigido a la población del Plan Juntos, informó el programa InterCambio, de M24, y confirmó a la diaria.

El convenio entre ambas instituciones había sido firmado el 27 de noviembre de 2018 con el objetivo general “de contribuir a la solución de emergencia sanitaria desde los respectivos ámbitos de competencia, en particular la atención en salud bucal”, y los objetivos específicos de brindar asistencia a los grupos que se definieran como prioritarios y formar recursos humanos en salud bucal de las carreras que brinda la facultad.

Por el momento, el convenio permanece “caído”, dijo a la diaria el coordinador de este plan de salud bucal y docente de la Facultad de Odontología, Germán Puig, y aclaró que no hay ninguna resolución definitiva. La semana próxima, autoridades de ambos organismos se reunirán para conversar sobre el futuro del Plan de Salud Bucal del Plan Juntos.

En diálogo con la diaria, Salinas explicó que tenía un plazo de 30 días antes del 27 noviembre para expresar su voluntad sobre la renovación automática del convenio, pero acotó que la decisión que tomó “está en revisión”. “Implica una renuncia del contrato con renovación automática hasta tener una rendición de cuentas”, expresó, y dijo que una vez que reciba ese documento, “se evaluará” la pertinencia de continuar con el programa o no.

Salinas comentó que cuando asumió como ministro el Programa de Salud Bucal del MSP no tenía director porque “lo habían desmantelado”, y nombró a un responsable del cargo y un ayudante, con lo que se produjo “un cambio cualitativo”. Manifestó también que el 30 de setiembre la contadora de la Facultad de Odontología le informó a su cartera que del contrato con el MSP aún había “sin ejecutar 2.100.000 pesos (1.700.000 pertenecientes a la totalidad brindada en 2019 y 400.000 a 2018)”. “Esto implica que, ahora con una dirección de Salud Bucal, el ministerio pida, como es lógico, [una explicación de] en qué se gasta la plata o por qué no se gasta”, expresó Salinas. Por eso pidió una reunión con Riva y el equipo encargado del plan, para definir entre ambas partes cómo trabajarán, de acuerdo con los “objetivos estratégicos de salud bucal del MSP”. “Es un tema de buena administración, nada más. La plata la tienen en la caja, el tema es en qué se va a gastar. Si no se gastó durante dos años, veamos estratégicamente de acuerdo a la visión que tenemos en el ministerio de qué manera se debería gastar en conjunto”, señaló el ministro y añadió: “No se trata de no dar, sino de dar razonablemente”.

Momento de negociar

“Todavía estamos en un momento de negociación. Al día de hoy lo que tenemos arriba de la mesa es la manifestación de la no prórroga del convenio”, dijo Puig. A la interna de la facultad se dará una discusión sobre cómo se van a culminar los tratamientos iniciados y cómo será el futuro del equipo de trabajo vinculado al convenio, sostuvo el coordinador. Pero la decisión final no está tomada. Puig comentó que ya han mantenido encuentros con la nueva coordinación del Plan Juntos, quienes fueron “muy cordiales” y aportaron propuestas de “cómo continuar si el convenio se cae”.

En relación con los 2.100.000 pesos que no fueron ejecutados, Puig reconoció que “hay un dinero [guardado], pero que está a disposición del funcionamiento de esta clínica”. “Los rubros son distintos, pero los gastos la facultad los tiene. Nosotros tenemos una capacidad limitada de pacientes a los que podemos brindar asistencia; dejando de lado la coyuntura actual de la pandemia, siempre tuvimos una capacidad locativa limitada y de cantidad de pacientes que vamos atendiendo por agenda. En ese sentido, los fondos están reservados exclusivamente para esto”. Asimismo, dijo que “se va ir invirtiendo en la medida en que van surgiendo necesidades de los distintos materiales instrumentales”, y adjudicó el monto acumulado a “la buena administración”.

A su vez, Puig señaló que en estos meses se ha gastado poco dinero debido a la pandemia: “Hace seis meses que estamos parados. No hemos ejecutado fondos porque no hemos tenido asistencia”, sostuvo. Los odontólogos retomaron la asistencia hace dos semanas, “cuando la facultad pudo adquirir el equipamiento necesario e indispensable para poder atender”, explicó.

Agregó que la contadora de la facultad se comunicó con Contaduría del MSP, para hacer el pedido de los fondos de 2020, porque todavía no han recibido el traspaso; de todos modos, aclaró que siempre han llegado más tarde: los fondos de 2018 los recibieron en febrero de 2019, la partida de 2019 les llegó en agosto de ese año, y aún aguardan los de 2020.

Asistencia y formación

El actual convenio entre la Udelar y el MSP para la salud bucal de la población beneficiaria del Plan Juntos fue firmado en 2018 y continúa el primer convenio que se había firmado en 2012, a raíz de la “inquietud de los vecinos del barrio Villa Ilusión, de la ciudad de Las Piedras”, explicó Puig. Los beneficiarios del Plan Juntos hallaban dificultades cuando buscaban trabajo, y uno de los problemas que destacaban refería a “su presencia”, en lo que tenía incidencia la salud bucal, comentó Puig. Ante esa situación, el entonces presidente del Plan Juntos, Carlos Acuña, se contactó con Pablo Julio Pebé, quien era docente de la Facultad de Odontología, para buscar soluciones, y así surgió el plan.

Con los años fue creciendo y en 2014 adquirió dos unidades móviles para la atención de forma descentralizada, con los que han recorrido cerca de 165.000 kilómetros para asistir en localidades del interior del país.

Mediante estos convenios el MSP asumió el compromiso de aportar 50.000 dólares por año para los gastos en materiales necesarios para la atención, mientras que la facultad, como contrapartida, destina los recursos humanos (docentes, asistentes, laboratoristas), la infraestructura edilicia y no edilicia, clínicas, aulas y laboratorios, y parte de los materiales, explicó Puig. En 2019 la inversión de la facultad en el programa fue de 150.000 dólares, informó.

El enfoque de la asistencia en salud bucal del Plan Juntos es integral y tiene carácter multidisciplinario, con el objetivo de atender a “un sector de la sociedad altamente vulnerado, con familias monoparentales, múltiples hijos y de muy bajos recursos”, sostuvo Puig. Las carencias de atención en salud bucal que han detectado en estas familias son múltiples. El coordinador detalló que en un primer momento el plan estaba pensado para la restitución de las piezas faltantes mediante prótesis removibles en adultos, pero que al hacer el diagnóstico inicial encontraron “que había que incorporar al equipo especialistas en cirugía y en otras disciplinas porque había mucha patología acumulada”, con focos activos infecciosos como caries, restos radiculares y enfermedad periodontal, que es una infección de las encías que puede llevar a la pérdida de piezas dentales; las “caries y la enfermedad periodontal” era lo que predominaba.

En función de eso, planificaron una dinámica de trabajo de varias instancias: primero, el paciente es “puesto en salud” mediante “la extracción de las piezas indicadas y la solución de las urgencias (dolor e infecciones activas)”, para después pasar a la “rehabilitación”, fase en la que se llevan a cabo “desde restauraciones plásticas hasta la instalación de prótesis removibles tanto completas como parciales, prótesis fijas, incrustaciones, algunos implantes y también tratamientos de ortodoncia”, explicó Puig.

Sucedió que las personas iban a atenderse a la facultad con sus hijos porque no tenían con quién dejarlos y, ya que estaban allí, los docentes comenzaron a revisarlos porque también son parte del núcleo familiar beneficiario del Plan Juntos. Fue así que los odontólogos notaron que “había una necesidad imperiosa de atender a los niños porque también tenían patologías acumuladas”, por lo que incorporaron al equipo a docentes de la cátedra de Odontopediatría.

En la carta que le escribió al decano, Salinas expresó que “la Comisión de Salud Bucal Escolar actualmente funciona en la órbita de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE)”. Al respecto, Puig dijo que no entendió si Salinas había hecho “una aclaración por la caída del convenio o porque había una consulta expresa de la facultad y la respondió allí”. De todos modos, aclaró que el plan que coordina no tiene la capacidad de atender a la totalidad de la población, “a pesar de que se trata del mayor centro de atención odontológica del país”, y planteó que los objetivos de este plan y de ASSE son distintos.

Hasta ahora este programa ha atendido alrededor de 4.000 personas beneficiarias del Plan Juntos –para ellas la atención siempre fue 100% gratuita– y unas 4.500 si se considera a quienes también recibieron asistencia y no necesariamente eran beneficiarios del Plan Juntos. “El impacto que hemos tenido con los vecinos ha sido muy bueno”, expresó Puig. “Pienso que el plan se va a poder salvar porque no hay que mirar tanto el asunto de la plata, sino la solución a un sector de la población muy vulnerable, junto con la formación de nuestros futuros profesionales en la realidad nacional atendiendo a este grupo de pacientes, que es muy diferente de lo que vemos en la atención habitual de la facultad”.