“El hospital entero está en cuarentena”, expresó el miércoles Leonardo Cipriani, presidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), cuando informó a la prensa que el lunes se habían prohibido los ingresos y egresos del hospital, así como las visitas. La decisión se tomó luego de que se confirmara que un hombre –que había ingresado al Vilardebó el 25 de marzo– tenía covid-19. Entre el domingo y ayer se le hicieron los hisopados nasofaríngeos a las 290 personas que están internadas y a todos los funcionarios. Todavía no se conoce el resultado de los test; en diálogo con la diaria, Martín Pereira, presidente de la Federación de Funcionarios de Salud Pública informó que hasta ayer de tarde había 24 pacientes y 12 funcionarios con el resultado positivo de covid-19. la diaria intentó, sin éxito, comunicarse con autoridades de ASSE.
La mayoría de los pacientes están internados en una sala que funciona desde el lunes y si alguno tuviera alguna complicación, se lo derivará al hospital Español. Cipriani declaró el jueves a radio El Espectador que “va a ser difícil” separar a los pacientes enfermos de los sanos porque los pabellones tienen alrededor de 30 camas y los pacientes comparten mate y el comedor, además del espacio físico, que no tiene ningún tipo de distancia ni de intimidad. En palabras de Cipriani, se hizo una “intervención técnica” en el hospital: el martes el directorio de ASSE cesó en el cargo al anterior director, Artigas Puoy, quien por ser población de riesgo frente a covid-19, no estaba concurriendo al centro; en su lugar, nombró al director de las colonias psiquiátricas, Federico Sacchi –quien había sido adjunto de la dirección del Vilardebó–, y se mantuvo en el cargo a la subdirectora del hospital, Sandra Pérez. Pereira informó que desde que asumió Sacchi “se está trabajando de una manera un poco más organizada” y que con el apoyo del directorio de ASSE se logró que lleguen equipos de protección personal para los trabajadores y que esperan que el lunes se convoque más personal, para sustituir a quienes están en aislamiento y en cuarentena. A raíz de esta situación, el Vilardebó se transformó en un centro covid-19, lamentó Pereria, algo que sólo estaba pensado para el Español y el Instituto Nacional de Traumatología y Ortopedia.
Cipriani declaró a El Espectador que, en promedio, ingresan seis pacientes por día al Vilardebó; dijo que al cerrar los ingresos a este hospital, ASSE contrató más camas en sanatorios privados y que podrán distribuirse en otros centros de ASSE los pacientes que lleguen.
Derechos vulnerados
Tanto la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH) como la Comisión Nacional de Contralor de la Atención en Salud Mental deben velar por el cumplimiento de los derechos humanos de las personas internadas por estar patologías, tal como dice la Ley de Salud Mental que se aprobó en 2017. En diálogo con la diaria, Josefina Plá, integrante del Consejo Directivo de la INDDHH, explicó que el hospital venía preparándose para afrontar la epidemia y que sabe que ASSE está haciendo los esfuerzos por atender el problema, pero le dio una vuelta más al tema. “El hospital acaba de decretar cierre de ingresos y de egresos para evitar que el contagio se propague fuera del lugar. Esta medida puede ser una oportunidad para avanzar en la aplicación de la ley y para que las internaciones que se den hoy empiecen a ser en salas generales, como lo reclama el artículo 24 de la Ley de Salud Mental y que, además, antes de determinar cada internación, se fortalezca la red de atención primaria en salud, porque hay muchísimas situaciones de salud mental que se resolverían en la comunidad, cerca de la familia y de la persona”, expresó.
Plá mencionó, además, que hay funcionarios del hospital Maciel y del Saint Bois en cuarentena por haber tenido contacto con pacientes del Vilardebó con covid-19, y esa duplicación de contactos no se hubiera dado si esas personas hubieran sido internadas de entrada en un hospital general, tal como lo indica la ley, porque no hubieran tenido necesidad de haber sido trasladadas. La directora manifestó preocupación por declaraciones del subsecretario de Salud Pública, José Luis Satdjian, quien dijo a comienzos de marzo que la Ley de Salud Mental era simplemente una expresión de deseos y que no había forma de cumplirla. “Reclamamos presupuesto, es un camino trazado desde mucho antes de que se aprobara la ley, queremos que las personas que sufren salud mental –que es un tema de todos– tengan una vida digna”, sostuvo Plá.
El Frente Antimanicomial, compuesto por varias organizaciones sociales, emitió un comunicado el jueves en el que denunció “las pésimas condiciones de las instituciones de ‘salud mental’” y pidió, una vez más, pasar de un modelo asilar a un modelo comunitario. El colectivo manifestó preocupación por las medidas de restricción de circulación que puedan tomarse dentro del Vilardebó y expresó que “si en condiciones ‘normales’ existen prácticas que violan los derechos, en este momento, ¿qué se puede esperar?, ¿más sobremedicación y ataduras a la cama para que las personas entiendan que no se pueden cambiar de lugar y tomar mate?”, preguntaron. “Sabemos que el encierro no ‘cura’ y que las medidas que se puedan tomar hoy para salvarse del coronavirus pueden aumentar la tristeza, el maltrato y el abandono que en algunos lugares es moneda corriente”, concluyeron.
Ante posibles situaciones de vulneración de derechos humanos en salud mental que puedan darse en estos días de distanciamiento social, dentro o fuera de las instituciones, la Comisión Nacional de Contralor de la Atención en Salud Mental emitió el miércoles un comunicado en el que recordó que recibe denuncias a través del sitio gub.uy/tramites/denuncia-atencion-salud-mental.